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| 2/12/2014 12:00:00 AM

Revocatoria: ¿Quién gana con el aplazamiento?

La Registraduría anunció que por falta de recursos la revocatoria tendrá nueva fecha, Petristas reaccionan contra la decisión.

Este martes parecía que el proceso de revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá Gustavo Petro entraba en una fase definitiva y que no admitía reversa alguna. Los bogotanos ya se estaban preparando para otra jornada electoral, el próximo 2 de marzo, día en el que debían decidir si el alcalde era revocado o ratificado en su cargo.

Un trino de la Registraduía aclaró las dudas. "Por falta de recursos, votación de #RevocatoriaDelMandato en Bogotá tendrá una nueva fecha, posterior a la del 2 de marzo".

Las campañas a favor y en contra de la revocatoria ya estaban listas. Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de gobierno, renunció en la víspera al gabinete distrital con el único propósito de ponerse al frente de la campaña para defender el mandato de la Bogotá Humana. Mientras que en la otra orilla los promotores del referendo también enfilaron sus baterías para afrontar esta campaña. El exvicepresidente Francisco Santos asumió la vocería de los promotores a favor de la revocatoria.

Sin embargo, de forma sorpresiva, la Registraduría, que desde el pasado mes de diciembre fijó la fecha de la revocatoria para el 2 de marzo, anunció este martes que el proceso debía postergarse por falta de recursos.

Todo porque el organismo electoral no ha recibido los dineros para adelantar este proceso democrático y le dio un ultimátum al Gobierno Nacional para que trasladé la adición presupuestal que según la Registraduría es de 35.000 millones de pesos para adelantar la jornada electoral. “Si el próximo viernes 14 de febrero, el ministerio de Hacienda no traslada los recursos, no habrá revocatoria el 2 de marzo”.

Esa afirmación la hizo Esperanza Mejía, registradora distrital, quien aseguró que para la Registraduría es imposible contratar en menos de tres semanas los bienes y servicios, además del capital humano, que requiere para adelantar la revocatoria.

Según Mejía la Registraduría requiere de 33 días para efectuar todo el proceso de contratación y para ponerlo en marcha necesita del certificado de disponibilidad presupuestal. El Ministerio de Hacienda, mediante un comunicado, informó que la próxima semana trasladaría los recursos, una fecha que para la Registraduría hace imposible implementar la logística que se necesita para adelantar esta jornada electoral en la fecha prevista.

Para la revocatoria la Registraduría necesita la contratación de supernumerarios para la jornada prevista para el 2 de marzo, pero quizás el mayor inconveniente es el de la capacitación de los jurados.

Este viernes estaba previsto el sorteo de los jurados, pero para su capacitación la Registraduría necesita contratar el recinto de Corferias y sin el certificado del traslado presupuestal no habrá manera de adelantar esa preparación con el tiempo necesario que necesita la revocatoria.

Incluso la registradora distrital recordó que desde el pasado 16 de enero solicitó los recursos, pero Hacienda aún no los ha trasladado. El anuncio de la Registraduría generó reacciones inmediatas en uno de los sectores comprometidos con la campaña de revocatoria. Precisamente, en la orilla del alcalde Gustavo Petro.

El jefe de campaña en contra de la revocatoria le exigió a la Registraduría adelantar la revocatoria en la fecha prevista. Incluso advirtió que el registrador estaría prevaricando, pues según la ley la revocatoria debe hacerse en los dos meses siguientes desde que se hayan certificado las firmas que respaldaron esta convocatoria.

El propio alcalde consideró que “la manipulación de fechas del referendo no es más que una vulneración de derechos fundamentales del Constituyente primario”.

En el sector petrista, que interpuso todos los recursos jurídicos para evitar la convocatoria a las urnas, ahora es el que reclama la convocatoria para la fecha establecida.

Una de las razones es que le podría dar tiempo para que resolviera el limbo jurídico que atraviesa la destitución de la Procuraduría, que hoy se encuentra estancada en el Consejo de Estado, tribunal que tendrá que determinar sí la tutela que ordenó la suspensión del fallo era procedente.

Los petristas apostaron por llegar primero a las urnas para recibir el respaldo popular a su mandato antes que el fallo del procurador entrara en vigencia. Apostaban que un resultado en contra de la revocatoria deslegitimaría la sanción disciplinaria.

Pero también, el concejal progresista Carlos Vicente de Roux considera que el aplazamiento también podría favorecer a Petro, pues en su criterio el respaldo al alcalde aún está difuso, repartido entre muchos sectores sociales, pero que aún no estaba garantizado que se moviera en las urnas.

La pregunta que deja la decisión de la Registraduría es por qué el gobierno nacional no trasladó los recursos, más aún cuando la fecha de la revocatoria estaba fijada desde el año pasado.

Y aquí hay varias teorías, entre ellas, como explica el senador Armando Benedetti, que si el proceso de revocatoria se realizaba antes de las elecciones en el Congreso, el ambiente a favor de Petro podría traducirse también en un respaldo a la lista de candidatos de la Alianza Verde y eso sería inconveniente para los partidos políticos de la Unidad Nacional que aspiran a ganar en las parlamentarias.

Precisamente, La U, los liberales, Cambio Radical, no se han pronunciado sobre la revocatoria, pero aspiraban a que este proceso no interfiriera en las elecciones parlamentarias, toda vez que un pronunciamiento a favor o en contra de la revocatoria podría tener efectos en las urnas. Muchos parlamentarios con caudal electoral en Bogotá prefieren que estas elecciones se hagan con posterioridad al 9 de marzo, como parece que va a suceder.

Los promotores de la revocatoria, que prácticamente están concentrados en las filas uribistas, tendrán un mayor margen de maniobra para hacer su campaña, toda vez que parten en desventaja frente al aparato distrital y las reglas de juego de la revocatoria. Pues son ellos los que están en la obligación de motivar a que 1,2 millones de ciudadanos participen en las urnas, pues de no superar este umbral, fracasaría la revocatoria.

Lo único cierto es que el caso de Gustavo Petro se está convirtiendo en un auténtico novelón político. Hoy la permanencia del alcalde está en vilo desde la órbita administrativa, por cuenta del fallo de destitución, y en una incertidumbre política, pues la revocatoria no se sabe bien cuándo se va a realizar.

Sin embargo las campañas seguirán adelante, y tendrán mayor tiempo para tratar de convocar a los ciudadanos a manifestarse en uno u otro sentido en las urnas.
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