Regreso a casa

Con gran sigilo, y despues de varias reuniones secretas, el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc finalmente tienen de un cacho el acuerdo humanitario que permitirá la liberación de alrededor de 150 soldados y policías, y la salida de la cárcel de unos 15 a 22 guerrilleros. Todos están enfermos. Según fuentes oficiales, tienen planeado firmar el pacto en el Caguán entre miércoles y jueves de esta misma semana.

Para cocinar el pacto el gobierno tuvo primero que buscar un consenso de los actores a este lado de la mesa. Los altos mandos militares y el ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, se habían opuesto públicamente a cualquier ‘canje’ y otros dirigentes del Estado habían condicionado su respaldo con varios limitantes. Pero después de varias reuniones, de decenas de borradores y de consultas con expertos se llegó a que todos los sectores, aun los reticentes, respaldaran una postura unánime que está consignada en un documento que en este momento tiene en su carpeta el alto comisionado para la Paz, Camilo Gómez.

En el Palacio de Nariño se sostiene con euforia que sólo faltan afinar detalles con Manuel Marulanda y los observadores internacionales. En San Vicente, fuentes cercanas a la guerrilla de las Farc consultadas por SEMANA son más parcas en su entusiasmo. Sostienen que aún no dan la luz verde al acuerdo. Entre la comunidad internacional también reina “un moderado optimismo” por las posibilidades de la firma del intercambio. “Este miércoles los países de la comisión facilitadora vamos a ir al Caguán y esperamos hechos positivos sobre la entrega de los soldados y policías”, dijo uno de los 10 embajadores que componen este grupo.

No obstante, en marzo pasado Marulanda había declarado al semanario Voz que para hacer el canje se necesitaba quitarle las arandelas. “Es sencillo, dijo, se trata de establecer cuáles y cuántos son los enfermos y proceder a hacerlo” .

El documento refleja que ambas partes cedieron. No es lo que el gobierno hubiera querido —que quedaran libres todos los casi 500 policías y soldados. Tampoco lo que la guerrilla deseaba: que saliera de prisión una larga lista de sus hombres. No obstante es el primero y único fruto visible de las negociaciones de paz desde que comenzaron hace más de dos años. Es la primera vez que unas víctimas de la guerra como los soldados y policías secuestrados y sus familiares se van a ver beneficiadas con el proceso de paz.



Los rehenes

Primero saldrán 52 hombres enfermos. En el documento al que SEMANA tuvo acceso aparece el nombre de cada uno con la enfermedad que padece: varicocelis, inflamación vesicular, leichmaniasis, hipertensión arterial, hernia discal, hemorroides, asma, úlcera gástrica, colon irritable, entre otros. El acuerdo establece que los uniformados serán entregados, al tiempo que salgan de la prisión entre 15 y 20 guerrilleros que hoy están en diversas cárceles del país. Aún no se sabe quiénes serán estos hombres. Inmediatamente después, las Farc entregarían a otro grupo de uniformados de unos 100 hombres.

“Entre los primeros liberados vendrá el coronel de la policía Alvaro León Acosta, quien se ha convertido en uno de los símbolos de este acuerdo”, dijo el alto comisionado Gómez, al referirse al oficial secuestrado, cuyo gravísimo estado de salud ha conmovido a la opinión.

Los soldados y los policías serán recibidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) y por diplomáticos de los países amigos del proceso y ellos se encargarán de llevarlos a donde sus familiares. Los guerrilleros, por su parte, también serán entregados al Cicr que los devolverá a las Farc. “Ustedes cumplan con traérmelos aquí “, fue lo que dijo Marulanda en una de las reuniones de negociación al preguntársele cuál sería el inmediato futuro de los guerrilleros después de salir de prisión, según relató a SEMANA uno de los asistentes. El gobierno dejó en claro que en ningún caso habrá amnistía ni indulto y los procesos continuarán vigentes.

A diferencia del caso de los 60 soldados y 10 infantes de Marina de la toma de las Delicias cuando el país vio en vivo y en directo la liberación, en esta ocasión las partes acordaron que no habrá prensa. “Con la libertad de los soldados yo no juego, no permito circo”, comentó Gómez.

Una vez firmado el acuerdo habrá un plazo de 15 días para ultimar detalles logísticos, como la previa revisión médica a cada uno de los soldados y policías, y que cada guerrillero preso firme que está conforme con salir bajo los términos del acuerdo. Además debe definirse el lugar del país donde serán liberados los soldados y policías, pues ya se descartó que sea fuera de Colombia.



La polemica

Ponerse de acuerdo en los términos del intercambio humanitario fue una labor llena de dificultades. Desde octubre de 1998, recién iniciado el proceso de paz con las Farc, éstas le entregaron al gobierno una lista de 487 guerrilleros presos. Pretendían obtener su liberación a cambio de la de unos 500 soldados y policías retenidos por las Farc.

El tema inmediatamente produjo mucha roncha en varios sectores, pues se hablaba de un “canje de prisioneros”, como si se tratara de un acuerdo entre dos Estados enemigos. Era darle un estatus a las Farc inadmisible para muchos sectores de opinión, especialmente entre los militares. En la polémica participó todo el país, y fueron tajantes las declaraciones del fiscal general, Alfonso Gómez Méndez, cuando advirtió que no se podían liberar guerrilleros procesados por delitos atroces.

En 2000, un grupo de representantes a la Cámara presentó un proyecto de ley que le daba facultades especiales al Presidente para que otorgara la libertad condicional a los guerrilleros. Pero esta ley tampoco prosperó.

Para el final del año pasado, el canje se volvió imposible. Pero después la opinión colombiana —conmovida por las imágenes televisivas de jóvenes tristes, con sus uniformes hechos trizas, hacinados en corrales de alambre de púas y tratados como fieras de circo pobre— comenzó a presionar cada vez con mayor fuerza al gobierno para que lograra la liberación de los uniformados secuestrados. Las peticiones de la esposa del coronel Acosta, parapléjico, con trastornos neurológicos, y de otros familiares de los soldados y policías, también han puesto su cuota considerable de opinión.

Se comenzó a explorar entonces una idea que tuviera menor resistencia: un intercambio humanitario, en el cual gobierno y guerrilla liberarían unilateral pero simultáneamente a hombres enfermos. Inclusive Pastrana y Marulanda, en el Acuerdo de Los Pozos el 9 de febrero pasado establecieron que “se agilizará la concreción del acuerdo humanitario que permita la próxima liberación de soldados, policías y guerrilleros enfermos”.

Sin embargo, un memorando que presentó al alto gobierno el Ministro de Defensa sobre los problemas y riesgos legales del intercambio humanitario volvió a ponerlo en el congelador. Y con ello, cualquier avance significativo en las negociaciones de paz —en una mesa independiente— quedó frenado hasta que no se concretara el intercambio. Sin intercambio, la fe de las Farc de que se cumplirían el Acuerdo de Los Pozos flaqueaba. El domingo 6 de mayo Raúl Reyes fue enfático: “Si el proceso no funciona y se acaba es responsabilidad del gobierno”, dijo en un reportaje en televisión.



El acuerdo

A pesar de todo, el intercambio cuajó. ¿Cómo? Primero encontraron la herramienta legal, el artículo 18 de la Ley 418 de 1997 que le dio el marco legal a las negociaciones de paz y al despeje, pues contempla negociaciones y acuerdos para hacer efectiva la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y el respeto a los derechos humanos. Liberar presos y secuestrados enfermos es un acto indiscutiblemente humanitario.

Pero la oposición al intercambio también aflojó por una razón práctica: intentar una operación exitosa para la liberación de los soldados y policías es casi un imposible, sobre todo porque la mayoría se halla en sitios inhóspitos. “La última operación que se intentó fue la realizada hace unos días en Norte de Santander donde se iban a rescatar ocho policías, pero la guerrilla mató cinco”, le dijo a SEMANA un miembro del alto gobierno.

Los principales críticos del intercambio, altos mandos militares, consintieron darle su apoyo al intercambio porque, como dijo uno de ellos, “no se iban a atravesar como vacas muertas en el camino del intercambio”. Pero pusieron dos condiciones: primera, que no se considerara el acto como un punto de partida para reconocerle el estatus de beligerancia a las Farc, y segunda, que este fuera el único acuerdo de intercambio de este gobierno. La oficina del Alto Comisionado se comprometió a cumplir estas dos demandas en principio.

Sin embargo, según otra fuente del gobierno “la presión de las madres cuyos hijos no resulten liberados se hará sentir y quizás el gobierno termine en otro intercambio antes de que acabe su mandato en 2002”.



¿Paz despejada?

Pese a este primer paso, para muchos observadores todavía hay nubarrones en el horizonte. Es cierto que es la primera vez que el proceso de paz sirve para salvarle la vida a alguien —todos los soldados y policías están en alto riesgo de morir y más aún los enfermos.—También sirve para proteger un derecho humano sagrado: el de la libertad. Y también para darle oxígeno al proceso. Sólo imaginar el reencuentro de policías y soldados con sus sufridas familias puede desatar la imaginación sobre lo que podría ser este país si cesa la guerra.

De otra parte, este acuerdo sirve para consolidar la esquiva confianza de las Farc pues es una muestra de que el establecimiento se toma el proceso en serio y cumple lo pactado.

Pero no serán liberados todos los uniformados. Y esa exigencia de Marulanda de sacar a los 487 guerrilleros de su primera lista seguirá en la mesa, como una potencial arma efectiva de chantaje cada vez que la negociación no tome el camino que esperan las Farc. Y será una presión para los candidatos presidenciales en campaña, como lo fue el despeje en 1998.

Salvo, claro está, que después de este intercambio haya otros resultados concretos que alivien el conflicto para la población civil agobiada por su crueldad. En este sentido, una fuente gubernamental aseguró que un avance posible en el corto plazo era el que las Farc suspendieran el uso de pipetas de gas en los ataques a pueblos. Pero aún no se sabe a cambio de qué.

El costo de sacar adelante el intercambio no ha sido poco. Ha representado un desgaste gigantesco para el gobierno, pues implicó no sólo una distracción en las negociaciones de paz sino que además motivó conflictos públicos entre funcionarios que pusieron en tela de juicio la solidez de la estrategia del presidente Pastrana.

El intercambio humanitario, si se concreta con éxito, sería todavía un avance marginal en materia de paz, pues no se trata de una transformación social concreta por exigencia de la guerrilla, ni alivia un ápice el sufrimiento de la gente atrapada en el conflicto. Ojalá no sirva de incentivo para arreciar la guerra, bien porque las Farc se sientan que ganaron una partida en la mesa y se envalentonen, o bien porque las autodefensas, al ver avances, comiencen su acostumbrado sabotaje. Ojalá más bien el intercambio sea el preámbulo para que las partes comiencen ahora sí de verdad, la tan anunciada negociación de paz.