Reinserción en pañales

La primera reinserción de Yorman Castro* duró seis meses. En mayo de 1994 se desmovilizó junto con otros 600 milicianos de la guerrilla y durante las primeras semanas no sólo tuvo un sueldo garantizado, sino la promesa de una nueva vida. Pero muy pronto terminó dándose bala con sus antiguos compañeros y fundó su propia banda. Ahora Yorman inicia su segunda reinserción como parte del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Y tiene suerte, pues de aquel proceso han muerto por lo menos 250 jóvenes y 50 están en la cárcel por nuevos delitos.

"Es que nos dieron el pan y no nos enseñaron a comerlo, dice Yorman, quien le reclama al gobierno de esa época el abandono. Cumplieron con la plata pero nos dejaron solos". Sin embargo, este joven de 27 años, dos cicatrices en el cuerpo y cinco guerras a cuestas, dice que esta vez no ocurrirá lo mismo, aunque no esconde un leve temor de que las promesas de empleo y seguridad se diluyan.

Un temor que no es infundado. Luis Pérez, ex alcalde de Medellín, se comprometió el año pasado con el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, a que el 16 de diciembre los 874 reinsertados del Bloque Cacique Nutibara estarían contratados por su gobierno. Una promesa que se desvaneció cuando en los primeros días de enero el actual secretario de Gobierno de Medellín, Alonso Salazar, anunció que sólo quedaban 2.000 millones de pesos para atender los compromisos.

De hecho, ya hay 244 jóvenes vinculados a la administración, con ingresos promedio de 600.000 pesos. Pero otros 600 aún esperan que se les resuelva la situación. Los plazos cada vez se dilatan más y algunos de los muchachos están desde hace dos meses sin un solo peso.

Gustavo Villegas, director del Programa de Paz y Reconciliación de Medellín, dice que antes de que finalice marzo 700 de ellos estarán contratados por la Alcaldía y 150 por el sector privado. Si los empresarios no cumplen, Villegas asegura que el gobierno municipal contratará a todos y cada uno de los desmovilizados durante un año, con los seis mil millones de pesos que tiene asignados su oficina.



Pero no todo son promesas de leche y miel.

De fondo, existe una tensión entre la oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Alcaldía, en varios frentes. La lentitud de las contrataciones en la Alcaldía ha sido percibida en muchos sectores como un síntoma de crisis en el arranque de la reinserción. A su vez, funcionarios del gobierno de Sergio Fajardo han advertido reiteradamente que la responsabilidad sobre el proceso recae en el gobierno nacional. Luis Carlos Restrepo le saldrá al paso a esta situación con el anuncio esta semana de que si Medellín no cumple, su oficina asumiría los costos de todo el proceso. De hecho, ya se está trabajando en la creación de un fondo para brindarles apoyo económico a los reinsertados que no tienen empleo.

Si se llegara a ese extremo, Restrepo usaría parte de los 20.000 millones que el fondo para la paz de la Presidencia designó este año para la reincorporación de grupos armados. Una suma muy pequeña si se aspira a una desmovilización gradual de los grupos de autodefensa en dos años.

La Alcaldía de Medellín insiste en que cumplirá, así le toque sacrificar otros planes en una ciudad, que aunque bajó en 43 por ciento sus índices de homicidios, tiene que lidiar con siete muertes violentas al día, en promedio.

Por suerte Medellín tiene los recursos para apoyar a la Nación en este esfuerzo. Pero ¿están municipios como Montería, Barrancabermeja o Apartadó en capacidad de echarse en los hombros la reinserción de las autodefensas?

Que en el tema de la reinserción se está improvisando no es noticia. Hace dos semanas el ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, prendió las alarmas cuando anunció que los recursos para la reinserción individual se están agotando. Según Juan David Ángel, director de ese programa, para finalizar este año se necesitan cerca de 50.000 millones de pesos.



Si por acá llueve.

Cuando se cotejan las cifras, y se evidencia que no dan, entonces surge la palabra mágica: el sector privado. Antonio Picón, miembro de la Comisión Facilitadora de Paz y hasta hace poco presidente de Fenalco Antioquia, se comprometió el año pasado con 150 empleos para los desmovilizados. Hasta ahora no hay ninguno contratado. Picón asegura que la promesa se cumplirá y que la demora se debe a que los empresarios están cruzando los perfiles de los muchachos con las vacantes que tienen. Un argumento que no convence a los dirigentes del proceso, quienes aseguran que hace más de dos meses entregaron las hojas de vida y que los trabajos ofrecidos no requieren de mano de obra calificada.

En el ambiente está el tema de la desconfianza que les produce a los empresarios el contratar muchachos cuyo historial de delitos no se borra de un día para otro.

"La desconfianza es normal, dice Picón, y aclara que se está trabajando en una propuesta de encuentros entre empresarios y reinsertados para romper esta barrera. Si el proceso falla no será por los empresarios", afirma Picón, quien pone de presente que son ellos quienes más le han aportado, con los impuestos, a la seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe.

No obstante el debate por los 150 empleos, los empresarios de la Andi, Acopi, Fencarga y la Lonja están trabajando para que en el mediano plazo, 10.000 desmovilizados y jóvenes en riesgo de violencia entren a trabajar como aprendices, a través del Sena. La propuesta no le costará ni un peso adicional a un sector privado que se ha mostrado dispuesto a participar en iniciativas de paz, pero que todavía no se ha metido la mano al dril para financiarlas.



Más dudas

Pero el tema del empleo no es el único cuello de botella del proceso. La seguridad y lo jurídico son otros aspectos críticos. En el primer tema los reinsertados aseguran que hay un plan pistola de las Farc contra ellos y que están ofreciendo dos millones por la cabeza de cada uno. Las autoridades no descartan que las milicias y la guerrilla intenten una retoma de la ciudad.

Pero también hay otros grupos armados. Tanto la Defensoría del Pueblo como la Personería han recibido decenas de denuncias sobre la presencia de autodefensas en los barrios. Ante estas denuncias Antonio López, uno de los dirigentes del Bloque Cacique Nutibara, dice que su grupo está completamente desarmado, y que en Medellín las bandas "son un mito" porque ellos las acabaron hace años.

En realidad, no sólo se habla de bandas importantes que siguen activas como Los Triana, sino que las mismas autoridades confirman que en el occidente de la ciudad opera actualmente el frente 'José Luis Zuluaga' de las Autodefensas del Magdalena Medio, y algunos habitantes de los barrios del centro dicen que están llegando miembros del frente 'Héroes de Granada', que hace parte de la estructura de la AUC y tiene su centro de operaciones en el oriente antioqueño.

Al respecto, el brigadier general Édgar Carrillo, comandante de la Policía Metropolitana, admite que esa institución capturó a un hombre perteneciente a ese frente, quien se encontraba vestido de civil, pero dijo desconocer cualquier actividad de este grupo en la ciudad.

En el aspecto jurídico la dudas no son pocas. Después de que el secretario de Gobierno de Medellín habló de la necesidad de una comisión de la verdad y de reparar a las víctimas, la discusión sobre la ley de alternatividad penal en Medellín, el viernes próximo, promete tener argumentos de todos los lados. Los reinsertados del Bloque Cacique Nutibara están promoviendo un juicio contra el M-19 por una supuesta explosión ocurrida a mediados de los años 80 y que, según ellos, causó un derrumbe en el barrio Villatina, donde ellos tienen su mayor influencia.

De otro lado, la Defensoría del Pueblo dice que tiene más de 100 quejas de personas que piden que los desmovilizados les devuelvan sus casas, tomadas durante los enfrentamientos, y algunas familias que reclaman información sobre sus hijos desaparecidos.

¿Quién puede responder todas las preguntas que surgen a estas alturas de la reinserción, en una ciudad donde sólo hay un funcionario de la oficina del Alto Comisionado de Paz?

Yorman, que ya conoce la fragilidad de un proceso de reinserción en Medellín, tiene clara la respuesta: "Algo se tendrá que inventar el gobierno para demostrar que aprendió de la experiencia pasada". No le importa quién lo haga, le importa que esta vez alguien, en algún lugar, esté pendiente de que esos 874 jóvenes no estén en pocos meses empuñando las armas en una nueva guerra.



*nombre cambiado por seguridad