Relevo en la Corte

De la elección de siete nuevos magistrados de la Corte Constitucional el miércoles pasado se pueden concluir cuatro cosas claras: que sólo se presentó un ‘palo’ al salir elegido, contra todos los pronósticos, Manuel José Cepeda; que todos provienen de escuelas distintas del derecho y que no se esperan grandes cambios en la jurisprudencia. La Corte se diferencia definitivamente de lo que se esperaba de esa institución en el pasado.Antes vacas sagradas y prohombres eran la norma. Hoy se trata de juristas respetados pero desconocidos para la mayoría de la opinión pública.

También se puede decir que en muy pocas ocasiones una elección había suscitado tanto interés y tantos debates en las bancadas del Senado, que después de un maratón de exposiciones, intervenciones, desayunos, y acuerdos políticos de última hora se decidió por una Corte de mayoría liberal, pero heterogénea si se escudriña su pensamiento jurídico y se mira la formación de los nuevos magistrados.

Para muchos de los analistas consultados por SEMANA los senadores se esforzaron por realizar una “buena selección” y evitar así futuros cuestionamientos que hubieran sido muy difíciles de sobrellevar luego de los escándalos de corrupción que ha enfrentado el Congreso en los últimos meses. Pero, además, habría que decir que los aspirantes también se lucieron a la hora de convencer a los parlamentarios. Es el caso de María Isabel Vargas —quien será la primera mujer en ocupar tan alta dignidad desde que fue creada la Corte Constitucional en 1991—. No hay dudas de que Vargas ganó su magistratura a pulso, pues no contó con padrinos políticos.

También hay que destacar el hecho de que con la escogencia de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional quedaron representadas las más importantes facultades de derecho del país y por consiguiente, diversas escuelas del pensamiento jurídico y filosófico. En efecto, de la nueva Corte hacen parte Manuel José Cepeda, que es abogado de Los Andes; Jaime Córdoba y Clara Inés Vargas, que salieron de la Nacional; Eduardo Montelagre y Jaime Araújo, egresados del Externado; Rodrigo Escobar Gil, que es de la Javeriana, y Marco Gerardo Monroy, de la Universidad del Rosario.

Hay quienes destacan, además, el hecho de que los nuevos magistrados se han especializado en una rama del derecho distinta: Córdoba y Montealegre son penalistas, Vargas es laboralista, Araújo es experto en derecho privado y electoral, Escobar en derecho administrativo y público, Monroy en derecho internacional y Cepeda es constitucionalista.

Para muchos analistas, una vez conocidos los nombres de los nuevos magistrados, el Senado cumplió con el requisito que estableció la Constitución de elegir una Corte interdisciplinaria cuyo propósito es el de enriquecer las discusiones jurídicas que se den en la corporación. “Por ejemplo, en materia de lucha contra la corrupción es reconfortante que haya un magistrado especializado en derecho administrativo”, dijo el abogado Hernando Otálora, quien hizo un seguimiento detallado de la elección de los magistrados.

No obstante, un lunar que no resiste duda alguna es el hecho de que ninguno de los elegidos es especializado en derecho económico, materia que a estas alturas es clave para la ponderación que requieren los fallos relacionados con la economía del país y que en los últimos meses han tenido a la Corte en el ojo del huracán por las sentencias que tuvieron que ver con el reajuste de los salarios de los servidores públicos o la que tumbó la Ley de Vivienda.



Juventud, divino tesoro

Aunque uno de los magistrados escogidos supera los 50 años —Marco Gerardo Monroy Cabra— no se puede desconocer el hecho de que los otros seis elegidos escasamente superan los 40 años de edad. Se trata, sin duda, de una Corte Constitucional muy joven y si se quiere con muy poca experiencia en administración de justicia. Sobre todo si se tiene en cuenta que los magistrados de la Corte Constitucional son como los sabios, la última instancia a la que acude el país. La gran mayoría de los nuevos magistrados una vez terminen su período —es decir dentro de ocho años— saldrán con menos de 50 años de edad y muy seguramente con grandes deseos de ocupar otras dignidades del Estado.

Pero lo que más llama la atención de los nuevos magistrados en lo que tiene que ver con su juventud es que para muchos expertos, entre ellos algunos magistrados de las otras Cortes, esta falta de experiencia está directamente relacionada con la llamada ponderación jurídica, que es uno de los valores más apreciado de los jueces, la cual sólo se lograría con la edad. “El problema en Colombia es que la magistratura se está convirtiendo en el comienzo de la carrera pública y no en el fin, como correspondería”, dijo a SEMANA un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

La falta de ponderación jurídica fue precisamente una de las más agudas críticas que se les hicieron a algunas de las determinaciones de los anteriores magistrados de la Corte Constitucional. Es el caso de las decisiones sobre vivienda, las decisiones económicas y la investigación de la Corte a los congresistas que juzgaron al presidente Ernesto Samper durante el llamado proceso 8.000. Estos fallos fueron duramente cuestionados en los círculos jurídicos, no sólo por la falta de consistencia en los fallos mismos sino por el desconocimiento de los antecedentes que la propia Corte había creado sobre esos mismos asuntos jurídicos.

Sin embargo hay quienes sostienen que la juventud no debe ser considerada como un factor que de antemano pese en contra de los dignatarios elegidos. “De hecho, muchos de los magistrados de la Corte anterior, que tuvieron un papel destacado, como Eduardo Cifuentes, fueron elegidos a muy temprana edad”, sostuvo Rodolfo Arango, profesor de la Universidad de los Andes. “Además eso les permite estar sintonizados con la teoría constitucional contemporánea”, declaró otro profesor que pidió reservar su nombre.



¿Cuál será el futuro?

Pese a los temores de prestigiosos círculos académicos y de organizaciones de derechos humanos sobre una posible ‘conservadurización’ de la Corte Constitucional, los magistrados que eligió el Senado están muy lejos de echar para atrás los avances logrados en los nueve años de existencia del tribunal.

En materia de derechos fundamentales, por ejemplo, los analistas consultados se atreven a vaticinar que no habrá cambios abruptos en la jurisprudencia, como tampoco un desconocimiento sobre algunas garantías que hoy gozan los ciudadanos. “Es que a estas alturas es difícil desconocer los avances de la Corte y, lo que es mejor aún, los ciudadanos están conscientes de que no les pueden desconocer unas garantías que ya son parte de su vida cotidiana”, dijo la constitucionalista Catalina Botero. “O, ¿cómo se le va decir a un joven que se le niega una tutela que interpuso porque en el colegio lo obligan a cortarse el pelo?”. Seguramente Córdoba y Cepeda van a liderar los asuntos relacionados con el alcance de los derechos de la Constitución y de la acción de tutela.

En relación con la revisión de tratados internacionales y de estados de excepción los analistas consultados tampoco esperan grandes cambios y creen que se seguirán revisando la constitucionalidad de los acuerdos internacionales y la validez de los motivos del gobierno cuando declare la conmoción interior o el estado de emergencia económica. En estos asuntos la influencia de Monroy y de Montealegre va a ser muy grande, al igual que la de Escobar.

Ahora bien, dada las controversia que en la opinión pública han generado los fallos económicos de la pasada Corte, los expertos coinciden en que los nuevos magistrados van a ser más prudentes al emitir las llamadas sentencias integradoras, que crean unas nuevas reglas de juego que el Congreso o el gobierno no previeron y no comparten, como fue el caso de la sentencia de los salarios. Se prevé, entonces, una posición mucho más prudente que estaría orientada a examinar los efectos que estos fallos puedan tener en la economía antes de que se tome una decisión final. Durante los primeros años esta va a ser una posición dominante pero no definitiva pues no se descartan medidas económicas que violen flagrantemente derechos fundamentales.

Pero lo que sí se espera de la nueva Corte es que sea capaz de dejar a un lado los ataques personales entre magistrados, que adopte las decisiones con un mayor sentido de cuerpo y un nivel más alto de institucionalidad y que unifique la jurisprudencia que actualmente está desperdigada en cientos de fallos. Así se evitarían muchos malentendidos para la Corte y para el país.