Remedios para el sistema de salud

La semana pasada, los colombianos sintieron, como pocas veces antes, que el sistema de salud en Colombia está al borde del colapso. Cada noticia asustaba más que la anterior. El gobierno decidió prolongar la intervención a la salud y liquidar varias EPS. En este momento, 20 millones de colombianos están en EPS intervenidas o bajo vigilancia. La contralora, Sandra Morelli, y el procurador, Alejandro Ordóñez, prendieron las alarmas sobre el delicado estado en el que se encuentra este sector. El Consejo de Estado dejó en firme una sanción a Saludcoop por apropiarse de 657.000 millones de pesos de los colombianos y ahora los deberá devolver vendiendo sus clínicas, empresas y lotes. Y la igualdad del POS para todos, que exigió la Corte Constitucional, comenzó a tener sus efectos: varias EPS anunciaron que se retiraban del régimen subsidiado en Bogotá y otras ciudades. ¿Qué está pasando?
 
1. La salud necesita que el Gobierno se meta la mano al bolsillo

El lío financiero del sistema de salud es el que más ruido ha generado y el que requiere soluciones definitivas y no más pañitos de agua por parte del gobierno. Las EPS y hospitales dicen estar al borde de la quiebra o en crisis porque no les pagan. Unas, las EPS, dicen que el Estado, a través del Fosyga y los gobiernos locales, les debe más de 4 billones de pesos. Y los otros, los hospitales, también dicen que las EPS, el gobierno, las alcaldías y las gobernaciones les deben otros 4 billones. Y el gobierno, que les debe a ambos, afirma que no está dispuesto a pagar todo porque le están recobrando procedimientos o medicamentos que ya pagó o que no tiene por qué pagar.

Este círculo vicioso, que lleva muchos años, ha terminado por afectar la atención que se le brinda a la salud de los colombianos. Y la única solución a la vista parece ser que el gobierno se meta la mano al bolsillo y salve el sistema de salud, tal y como lo hizo con los bancos a finales de los noventa. El problema es que no lo quiere hacer. El gobierno ha impulsado medidas como hacerle algunos giros directos a los hospitales, pero solo es un paliativo frente a la magnitud de la plata que se requiere. Es hora de que el gobierno decida de una vez por todas cuáles EPS –y grandes hospitales– quiere salvar o nacionalizar y cuáles va a liquidar.

Lo que no se entiende es ¿por qué si el Estado les prestó a los bancos en condiciones favorables 29 billones de pesos para salvar el sistema financiero en la crisis de 1998 a 2002, hoy se niega a girar 3 o 4 billones, contra garantías, cuentas y activos, para salvar al sistema de salud? La pregunta es más pertinente si se tiene en cuenta que el gobierno tiene cerca de 4 billones de pesos del sistema de salud congelados en TES, es decir, en deuda del Estado. Si el gobierno rompe este círculo, acaba la eterna disculpa de “yo no puedo atender porque no me pagan”.
 
2. ¿Cambiar o no la Ley 100?

Desde hace años hay dos grandes tendencias que están enfrentadas: la que defiende el modelo de aseguramiento creado por la Ley 100 y la que plantea la necesidad de crear uno nuevo.

Para los que piden un cambio, el sistema creado hace 20 años falló, pues convirtió a la salud en negocio, a los pacientes en mercancía y desvalorizó la práctica médica. La mayoría de quienes proponen un nuevo modelo plantean que el derecho a la salud debe ser garantizado por el Estado, lo que significa que haya un plan de beneficios ilimitado que sea financiado con impuestos.

Por el contrario, el gobierno defiende el modelo de aseguramiento que creó la Ley 100, en el que cada colombiano tiene protegido un creciente paquete de enfermedades, procedimientos y medicamentos, conocido como Plan Obligatorio de Salud. De hecho, este plan, por orden de la Corte Constitucional, acaba de ser igualado para todos los colombianos. “Este modelo, a pesar de las imperfecciones y problemas, ha demostrado grandes beneficios, pero sin duda requiere de ajustes”, dice el superintendente, Conrado Gómez. Y la ministra de Salud, Beatriz Londoño, advirtió que precisamente lo que está buscando el gobierno es que ese ajuste incluya que las EPS se dediquen a asegurar el riesgo y no a hacer de todo. Mientras que el modelo actual siga con las imperfecciones y problemas, estas fuerzas seguirán en choque.
 
3. El pequeño detalle de los políticos

La salud, que hoy mueve más de 35 billones de pesos al año, se ha convertido en una poderosa arma política que genera votos, poder y plata. Los hospitales y EPS públicas se convirtieron en fortines burocráticos y de corrupción. Incluso, muchos fueron usados por paramilitares y guerrilla como fuente de financiación. La contralora, Sandra Morelli, hizo un estudio en 74 municipios del país y descubrió que de 1,5 billones de pesos girados a la salud en 2010 solo se recibieron 400.000 millones. Es decir, se roban cerca del 75 por ciento de la plata. Según el gobierno, hoy buena parte de los hospitales del país, salvo los de Bogotá, no están en capacidad de prestar un buen servicio.
 
4. Un sector sin liderazgo

Desde hace años la salud se quedó sin el liderazgo, orientación y vigilancia del Estado. Con la Ley 100, prácticamente les entregó a todos la responsabilidad de la salud, mientras se dedicaba a conseguir más plata para aumentar la cobertura. Incluso, con su silencio o sus medidas, como la de liberar el precio de los medicamentos en 2007, ayudó a aumentar los problemas.

En un sistema imperfecto, en el que los privados abusan y el Estado desfallece, con tantos recursos en juego, desde hace tres años el gobierno ha tratado de aplicar medidas para solucionar la crisis (decretó la emergencia social, reformó la Ley 100, controló precios de medicamentos y le ha quitado intermediarios a la plata que circula en el sistema) pero no ha sido fácil. Y sin duda las medidas tardarán un par de años en verse. Es necesario simplificar el sistema, con sus complejas regulaciones, siglas y procedimientos, y hacerlo transparente para el usuario, sin filas ni paseos de la muerte. Y eso implica aumentar la vigilancia y control, en especial, de la Superintendencia de Salud.
 
5. Pacto nacional

La salida a la crisis de la salud pasa necesariamente por un gran acuerdo que defina, primero, el sistema de salud que le sirve al país y, segundo, que quede claro si el país lo puede pagar. Esto significa, necesariamente, que hay enfermedades, medicamentos y tratamientos que no se podrán pagar con la plata de los colombianos y que si alguien los quiere tener, tendrá que pagar por ellos. Este acuerdo incluye a la Justicia, que con sus miles de tutelas y sentencias ‘medicalizadas’ ha distorsionado el sistema y puesto al borde la crisis de la salud. En Inglaterra, por ejemplo, la Justicia dialoga con las autoridades de salud para que incorporen las solicitudes que le llegan desde los tribunales, pero no las impone. ¿Qué pasaría si un juez decidiera que todos los niños de ciertas características deben estudiar en Harvard? Así suene ridículo, eso es lo que ha pasado con la salud.
 
6. Medidas urgentes

Desde hace años se ha dicho que la salud tocó fondo, pero por lo visto el fondo de la crisis aún no se ha visto. El Estado debe decidir qué va a hacer con algunas EPS como Saludcoop, pues voces de la ‘bancada de salud’, como la del senador Mauricio Ospina, han dicho que, frente a lo allí ocurrido y demostrado, el gobierno debe decretar su nacionalización. En este momento, 20 millones de colombianos están en EPS intervenidas o bajo vigilancia y, de las 70 que hay, muchas de ellas pequeñas, ineficientes y corruptas, el Estado quiere que se queden entre 15 y 20. La pregunta es si, para regular el sistema y darle financiación, el gobierno debe o no tomar el control de algunas de ellas para que, una vez el sistema se estabilice, se les busque un socio. Y lo más importante es tratar de devolverle la confianza al sistema y recuperar la prioridad del paciente y la salud pública. Es hora, sin duda, de buscar el remedio definitivo.