Sábado, 21 de enero de 2017

| 2010/05/08 00:00

Reparación al garete

Las dificultades para nombrar un médico en El Salado son un descarnado ejemplo de cómo el Estado ha permanecido ausente en muchas zonas del país.

Reparación al garete

Si reparar a las víctimas de la guerra en Colombia fuera solo asunto de entregar un cheque, las cosas serían relativamente fáciles. Pero lo que está demostrando la reconstrucción de El Salado, en el Carmen de Bolívar, es que la llegada del Estado a una región golpeada por la violencia, remota y pobre, necesita algo más que buena voluntad. Muy a pesar de que la Comisión de Reparación, la Organización Internacional para las Migraciones y varias fundaciones privadas lograron reconstruir el puesto de salud de ese corregimiento, a donde los sobrevivientes de la masacre ocurrida en 2000 retornan paulatinamente, hasta ahora no se ha logrado que un médico ni una enfermera lo atiendan.

La historia que hay detrás es como de Ripley: una cadena de obstáculos que son un retrato descarnado de cómo funciona el gobierno en lo local. Muy a pesar de que el municipio, y en particular el alcalde, Galo Torres, se comprometió a nombrar el cuerpo de salud para El Salado, hasta ahora no ha cumplido. El centro Giovanni Cristín, que es la ESE del Carmen de Bolívar, advirtió hace más de un año que tenía 84 millones de pesos destinados a atender las necesidades de esa comunidad. Sin embargo, hasta ahora no se ha cumplido porque, según el alcalde Torres, los recursos están embargados. Algo sencillamente absurdo, si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional ha dicho en varias sentencias que los dineros de la salud no son susceptibles de esa figura jurídica. Torres asegura que en su municipio hay un cartel de jueces que a pesar de conocer la ley, fallan en sentido contrario.

Funcionarios del Ministerio del Interior que conocen estas denuncias aseguran que ya el Consejo Superior de la Judicatura está investigando a varios abogados y a los jueces que están detrás de las demandas. En Carmen de Bolívar, en particular, se sabe que funcionarios del hospital a quienes se les deben los sueldos 'venden' su nómina a abogados por un menor precio, y estos se encargan de cobrarla por la vía judicial, y es allí de donde provienen los embargos.

Lo paradójico es que el sector privado ha salido a suplir, aunque sea con recursos públicos, la inacción del oficial. En efecto, el centro de salud municipal del Carmen es considerado por el gobierno uno de los peor administrados del país, pero en ese mismo municipio la Gobernación logró salvar el hospital departamental al dárselo en administración a una entidad privada. Y justamente esta, la Fundación Ser, junto a las Fundaciones Semana, Alpina y Coca-Cola, la Fundación Santa Fe y Profamilia, ante la ausencia de personal del centro oficial, optaron por instalar una carpa en El Salado, donde en dos semanas han atendido a 600 personas. Se trata de una protesta contra las autoridades de todos los niveles, porque independientemente de los problemas jurídicos o administrativos que haya, alguien tiene que cumplirle a la población de El Salado con el derecho a la salud. Máxime cuando antes de la masacre no solo contaban con este servicio, sino además con una ambulancia que los transportaba en caso de emergencia.

En este escenario kafkiano, a la población no le interesa cómo se resolverá el problema, sino que se solucione pronto. Por eso la semana anterior se hizo una reunión de varias instituciones del gobierno en busca de una solución.

No en vano la Misión de Observación de la OEA criticó la puesta en marcha "lenta y desarticulada" de los programas piloto de reparación que impulsa la Comisión de Reparación en todo el país, y el hecho de que hasta ahora no se hayan ni siquiera garantizado los mínimos derechos vitales, como la salud.

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