07 abril 2012

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Reparación de víctimas: un balance doloroso

CONFLICTOEl alto número de líderes de restitución de tierras asesinados empaña la primera celebración en Colombia del Día de Víctimas.

Reparación de víctimas: un balance doloroso. En las audiencias de Justicia y Paz, los paramilitares han confesado la impresionante cifra de 170.000 hechos criminales.

En las audiencias de Justicia y Paz, los paramilitares han confesado la impresionante cifra de 170.000 hechos criminales.

Ni una sola respuesta. Guillermo Rivera les propuso a los 9.000 colombianos que tienen dos o más escoltas renunciar al menos a uno para dárselos a los 175 indefensos líderes campesinos sobre quienes gravita una amenaza de muerte. "Nadie me respondió", dice con cierta congoja el representante liberal
. La indiferencia ante su propuesta en vísperas de la primera celebración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas es inquietante.

"La mejor manera de festejar esta fecha debería haber sido evitando el asesinato de quienes representan a las víctimas en la restitución de sus tierras", dice el también representante a la Cámara Iván Cepeda, del partido opositor Polo Democrático Alternativo (PDA). Ambos coinciden en señalar a esta cadena de crímenes como el lunar que mancha una jornada trascendental.

En efecto, Colombia dispone ahora de una poderosa herramienta legal, la Ley de Víctimas, que busca resarcir a 4 millones de personas que han sufrido directamente las consecuencias del conflicto armado. Y en esta se estableció que el 9 de abril, fecha en la que fue asesinado el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, sea un día para reflexionar y acompañarlas en su dolor.

La ocasión es oportuna para hacer un corte de cuentas a una de las máximas preocupaciones de Juan Manuel Santos. En general, hay consenso en que el presidente puede sentirse satisfecho en la teoría: sacó adelante una Ley de Víctimas, en sus discursos las ha visibilizado y ha tenido el valor de pedirles perdón sin que hubiera una solicitud formal para hacerlo, como ocurrió con los sobrevivientes de las masacres de El Salado, Bolívar y El Tigre. De esta última dijo, conmovido, en Putumayo: "esa masacre nunca ha debido suceder. Cuando leí los relatos de lo ocurrido aquí, se me arrugó el corazón". En ese instante las víctimas sintieron que por fin alguien del Estado se sintonizaba con su dolor.

Sin embargo, el balance cambia cuando se mira con otros ojos. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en olvidadas regiones del país, en especial en aquellas donde los paramilitares desplazaron a los campesinos y se apoderaron de sus tierras. Al cierre de esta edición, ascendía a 17 el número oficial de líderes asesinados que reclamaban sus tierras, aunque algunas ONG dan una cifra más alarmante: 50 muertos, dice Somos defensores. El último de ellos, Manuel Ruiz, líder de tierras de las comunidades de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó), cuyo cuerpo y el de su hijo fueron hallados con visos de tortura. "Veo a Santos con voluntad de jugársela a favor de las víctimas, pero con esta racha de crímenes todo esfuerzo queda en nada", dice Cepeda.

Al congresista también le llama la atención un cierto estado de indiferencia hacia las víctimas. Y no solo por el hecho de no brindarles protección adecuada como pide Rivera. Da un ejemplo contundente: desde que los paramilitares están dando sus versiones libres, han confesado 170.000 hechos criminales. "En cualquier sociedad este dato llevaría a una profunda reflexión de la sociedad del horror al que llegamos, pero aquí es como si se informara de un dato marginal". Además hay unos vacíos inesperados. Una fiscal de Justicia y Paz, por ejemplo, le dijo a SEMANA que cuando se trata de confesar delitos de despojo de tierras y crímenes sexuales, los postulados pierden la memoria.

Para el gobierno nacional, sin embargo, los avances son innegables. El tema de las víctimas está en la agenda pública, los gestos del presidente son los de un estadista que tiene el propósito de cerrar heridas por las acciones de violencia y se ha avanzado en la puesta en marcha de la institucionalidad necesaria para su atención, como son la Unidad de Reparación y la Unidad de Restitución de Tierras, entre otras. En la Casa de Nariño dicen que la Ley de Víctimas apenas lleva 90 días y es un tiempo muy corto para hacerle un corte de cuentas a un conflicto que cumple medio siglo. "Además -dice una de las consejeras del presidente- el conflicto aún no se ha cerrado. Y reparar, como lo estamos haciendo, en medio del conflicto, es un paso gigantesco". Puede ser, pero mientras sigan cayendo colombianos en medio de las balas, su ruido será ensordecedor. Y su saldo, a pesar de los avances, será muy doloroso. Manuel Ruiz había pedido al Estado, en tres ocasiones, protección. En vano.
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