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| 11/10/2012 12:00:00 AM

Reparación a las víctimas de Mampuján, la eterna espera

A pesar de que una sentencia de Justicia y Paz ordenó la reparación a las víctimas de Mampuján, en Bolívar, muchas de ellas no han recibido nada por razones tan absurdas como errores de ortografía y concordancia en el texto.

Cuentan algunas víctimas que el 10 de marzo de 2000, cuando llegaron los paramilitares al corregimiento de Mampuján, Bolívar, rezaron unidos y por eso se salvaron de morir. Mientras oraban, vieron unas manos que se abrían en el cielo, y a los pocos segundos, el comandante paramilitar, que los había amenazado de muerte, recibió una llamada para ordenarle seguir su camino. En la dirección contraria huyeron más de 1.000 campesinos ese día. Un valiente trató de avisar en las veredas cercanas pero no alcanzó a salvar a 11 habitantes de Las Brisas, a quienes los paras torturaron y masacraron, y a otros que desplazaron de algunas veredas cercanas a San Cayetano y San Juan Nepomuceno, en los Montes de María.

"Lo importante es estar vivos". Alguien escribió la frase en el pizarrón de la escuela de Mampuján, un día antes del desplazamiento. Gabriel Pulido, uno de los líderes de esta comunidad, en su mayoría evangélica trinitaria, dice que no sabe quién fue el autor, pero las letras permanecieron indelebles durante meses. Doce años después, el mensaje no se les ha olvidado a los sobrevivientes, quienes lucharon en los estrados judiciales para ser reconocidos como víctimas de los comandantes de las autodefensas, Edwar Cobos, alias Diego Vecino y Uber Enrique Bánquez, alias Juancho Dique, en el proceso de Justicia y Paz que los obliga a pagar por los daños que causaron a las víctimas. Quien haya sido desplazado debe recibir 17 millones de pesos, y las familias de quienes perdieron la vida pueden ser indemnizadas hasta con 240 millones. El Estado, que está obligado a cumplir la sentencia, termina por pagar este dinero, porque muchos de los exparamilitares no han entregado los bienes para reparar a las víctimas.

La sentencia, la primera de este tipo en el país, se dictó a mediados de 2010 y se ratificó en segunda instancia en abril de 2011. Pero en diciembre del año pasado aún no se había cumplido, por lo que 700 personas marcharon desde Mampuján y otras veredas hasta Cartagena en señal de protesta. Finalmente, el Estado hizo el primer pago el pasado 27 de agosto. Pero fue tarde para siete campesinos que fallecieron este año, esperando. Y cerca de la mitad de los 1357 beneficiarios de la indemnización no han recibido aún los pagos. La razón: errores de ortografía o concordancia en los documentos oficiales. Suena a broma de mal gusto pero a Liliana Judit Posso, hermana e hija de tres de los hombres asesinados en Las Brisas, y quien todavía tiene pesadillas por las noches, no le han pagado porque Judith aparece escrito con H en la sentencia, pero en su cédula no. Tampoco le han pagado a Luis Felipe Acosta Caro, desplazado de San Cayetano, porque su nombre aparece repetido en tres familias distintas; ni a su hermano, porque su segundo apellido está escrito así: Ccaro. Ni siquiera a Gabriel Pulido, líder y representante de las víctimas, le han dado lo que le corresponde, porque su segundo nombre, Antonio, no aparece en la sentencia.

La situación es exasperante para algunas personas cuyos familiares y amigos ya tienen el dinero en el banco. La mayoría de ellos vive en casas improvisadas en lo que hoy se conoce como Rosas de Mampuján, un terreno de seis hectáreas que un cura logró conseguir para ellos tras meses de vivir hacinados en la Casa de la Cultura de María La Baja, y durante una temporada, en los antiguos burdeles del pueblo. Solo regresaron a Mampuján para desmantelar sus casas, llevarse la madera y las ventanas, o lo que pudieron salvar después de años de esfuerzo, como le ocurrió a Ana Felicia Velásquez, quien duró años trabajando como empleada doméstica con una familia en Caracas, Venezuela, y enviaba dinero para las mejoras en su casa. Al poco tiempo de regresar, fue desplazada. Hoy lo único que le queda en Mampuján es la carcasa de lo que alguna vez fue su hogar, invadida de maleza y recuerdos.

En Rosas de Mampuján, al igual que en otras veredas, la sentencia obliga al Estado a construir una escuela para reemplazar la que existe porque no caben los niños; una iglesia; redes de acueducto y alcantarillado; y a pavimentar sus calles de barro, que parecen pistas de bicicross, entre otras obras de reparación colectiva. Pero no les han cumplido. Por eso la gente está haciendo una colecta, con el dinero que cada uno recibió de la indemnización, para al menos reparar sus calles. También están comprando neveras, colchones, equipos de sonido, tejas de asbesto y materiales para remodelar o ampliar sus viviendas. "Todo está vuelto un etcétera", dice Tulio Maza, apenado por el desorden temporal en su casa, mientras construye una habitación adicional que les sirva a su esposa e hijo para montar una peluquería y una sala de internet.

Algunos de los campesinos mayores han invertido el dinero de la indemnización en novillos o herramientas de trabajo para volver a cultivar sus tierras, a las que no han dejado de ir en estos años. Ellos no están de acuerdo con la forma en que algunos de los más jóvenes están utilizando la plata: comprando motos y trasnochando en parrandas. Hay más de 50 motos nuevas, algunas tienen pegadas calcomanías de mujeres semidesnudas en el asiento. Los jóvenes dicen que la moto no es para "farandulear", es el único modo de transporte viable en este corregimiento, y con eso se ahorran los 6.000 pesos por viaje que les cobran otros. Sobre las fiestas con 'picós' (equipos de sonido con parlantes gigantes) y el exceso de licor, la comunidad dice que solo una minoría ha incurrido en eso y que ya vinieron unas trabajadoras sociales de Bogotá para evaluar qué está pasando. En otros corregimientos niegan que haya sucedido lo mismo, pero hay versiones de que también ocurre.

Martha Posso, hija y hermana de tres de los campesinos asesinados dice que haber recibido la indemnización ha sido para ella y otros familiares un motivo de tristeza mezclado con culpa. Una de las hermanas de uno de los muchachos que mataron sufrió un infarto cardíaco a los 15 días de haber recibido el dinero y falleció. Días antes, le dijo a familiares y amigos que el fantasma de su hermano se le estaba apareciendo, y no solo en sueños.

"Ha faltado más apoyo y acompañamiento psicológico", dice Rafael Posso, porque el miedo, aún 12 años después, persiste. Aunque hablan con anhelo de retornar a sus parcelas, solo unos pocos se atreven a hacerlo de manera permanente. Hoy, el batallón de Malagana, de la Infantería de Marina, hace presencia en la zona, y su comandante, el coronel Adrián Dávila se ha ganado la confianza de los habitantes de la zona, al construir incluso una escuela nueva en Las Brisas. Esto ha sido fundamental porque muchos creen que aún no se ha dicho toda la verdad sobre la participación de los militares en el desplazamiento y la masacre.

El gobierno, a través de la Unidad de Víctimas, está acompañando el proceso de reparación. Ha impartido talleres sobre cómo invertir el dinero de la indemnización; les enseñó a los campesinos a abrir cuentas de banco y sistemas de ahorro, y está diseñando proyectos productivos con apoyo del Ministerio de Agricultura. Además, esta comunidad, que a diferencia de otras se ha mantenido en su mayoría unida y articulada por líderes reconocidos, también ha recibido el acompañamiento permanente de organismos internacionales como la Mapp-OEA y Naciones Unidas. Si aun así, la reparación ha sido tan esquiva, ¿qué pueden esperar otras víctimas?

El retorno también es un reto para los campesinos, que aspiran volver a veredas como Las Brisas. Aunque allí no hubo despojo de tierras, uno de los líderes de la comunidad, Wilson Seguane, ha recibido amenazas por promover el regreso de los campesinos a la zona. Desde hace un par de años, los cultivos de teca y palma se empezaron a expandir en la región. A varios campesinos los han visitado empresarios foráneos para insistirles que vendan sus tierras.

La gran mayoría de las víctimas, independientemente de si recibieron o no indemnización, están inconformes con la investigación que hizo la Fiscalía y que sirvió de base para la sentencia. Hay personas beneficiadas, que según ellos, ni siquiera figuran en el Registro Único de Víctimas. Algunos están pensando en demandar ante instancias internacionales. Otros solo quieren que les cumplan lo que está escrito, pero no solo el Estado, también quienes perpetraron los crímenes. Alias Diego Vecino y Juancho Dique deben construir un monumento en honor a las víctimas en la plaza de acordeoneros de San Juan de Nepomuceno, pero deben incluir también a los desplazados de Mampuján y las demás veredas de San Cayetano. Allí sigue esperando su reparación Luis Felipe Acosta, quien entre la resignación y la esperanza dice: "El miedo no se me ha quitado, pero el mismo miedo es el que me obliga a seguir".
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