Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1995/04/17 00:00

REPUBLICA INDEPENDIENTE

La elevación a municipios de seis poblaciones con alta presencia guerrillera, hace pensar a las autoridades que las Farc y el ELN se quieren adueñar del gobierno del sur de Bolivar.

REPUBLICA INDEPENDIENTE

LOS DIAS PRIMERO, 5 Y 6 DE diciembre del año pasado serán recordados como los más productivos en la Asamblea de Bolívar en los últimos tiempos. En esas 72 horas la corporación se dedicó de lleno a estudiar el proyecto de ordenanza número 30, presentado pocos días atrás por el entonces gobernador Carlos Mendivil Ciodaro. Así, al término de tres debates reglamentarios, uno por día, la Asamblea dio luz verde para que los corregimientos de Cantagallo, Hatillo de Loba, Cicuco, Tiquisio, Altos del Rosario y Montecristo, fueran exaltados a la categoría de municipios.
La decisión de los diputados bolivarenses -cuyo período expiraba pocos días después -fue interpretada entonces como la justa redención económica y social de las comunidades marginadas del sur del departamento. Pero ahora, casi tres meses después, las autoridades regionales, encabezadas por el nuevo gobernador y altos voceros de las Fuerzas Armadas, han formulado serios reparos a la forma como la Asamblea debatió y aprobó la ordenanza.
La primera voz de alerta se produjo el pasado 23 de enero, cuando el nuevo mandatario seccional, Miguel Navas Meisel, le envió una carta al ministro de Gobierno, Horacio Serpa, en la que le dio a conocer las "inconsistencias, fallas y faltas de fundamentación de los requisitos exigidos para la creación de nuevas cabeceras municipales ".

LAS CIFRAS, ¿INFLADAS?
Navas le dijo a SEMANA que una de las numerosas irregularidades en las que habría incurrido la Asamblea consiste en que no cumplió la obligación legal de que el Departamento Administrativo de Estadística -Dane- certificara la población de los nuevos municipios. En desarrollo de los debates fue presentado un documento que afirmaba que en conjunto las seis localidades tenían 58.929 habitantes. Sin embargo, fuentes de la Gobernación de Bolívar que conocen de cerca el problema aseguraron que las cifras sobre población de al menos tres de esos municipios pudieron haber sido infladas."Vea el caso de Tiquisio -dijo el vocero-. El documento de las comunidades dise que allí existen 13.807 habitantes, pero al desagregar esa cantidad solo hay 2.256 personas en la cabecera municipal. ¿Entonces quién contó a las restantes 11.551 ?".
Las cifras sobre la población de las seis localidades -que hoy todavía no han sido avaladas por el Dane- también fueron acompañadas por un documento del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -Igac- en el que se proyectan los límites de las futuras cabeceras municipales. Pero las autoridades departamentales creen que el estudio tampoco tiene plena validez porque todavía puede ser objeto de corrección.
El gobernador Navas sostuvo además que tiene serias dudas sobre la viabilidad económica de los nuevos municipios, porque la Asamblea no hizo claridad sobre los ingresos ordinarios que debe recaudar cada población. En este aspecto la Asamblea tuvo a su disposición documentos que supuestamente comprobaban la solvencia económica de cada municipalidad con base en la agricultura, la ganadería y la minería.
Sin embargo, fuentes departamentales también dudaron de algunas de esas cifras: "Un municipio como Altos del Rosario, que escasamente tiene 10 pequeñas tiendas en su casco urbano, es muy poco lo que puede recaudar por concepto de impuestos de industria y comercio".
Para el mandatario seccional la Asamblea también se equivocó porque en la ordenanza elevó algunas veredas a la categoría de corregimientos, cuando esa facultad es exclusiva de los concejos mumcipales.
El diputado Libardo Simanca salió al paso de las afirmaciones del gobernador. Dijo que la creación de los seis municipios facilita la presencia estatal en esas zonas alejadas y agregó que no se trata de crear nuevas burocracias regionales. "Si el gobernador tiene dudas sobre el procedimiento bien puede demandar la ordenanza. Este proyecto no fue aprobado a pupitrazo. Ahora, sí debo reconocer que hubo cierta premura en la presentación de la ordenanza, especialmente en una administración queya estaba de salida".
En el mismo sentido se pronunció el diputado Nicolás Badrán, quien dijo que "la gente entendió que este proceso tiene el poder de acercar al municipio con el Estado. Ese fue el clamor ciudadano que tuvimos en cuenta a la hora de votar".

AL SUR, AL SUR...
Los seis municipios bolivarenses están situados en la región centro-sur del departamento, en una zona rica en minería, pero que carece de los más elementales servicios públicos. Ninguna de las poblaciones tiene suministro continuo de agua potable y carecen de alcantarillado. Además, las vías de comunicación permanecen en pésimo estado y en la mayor parte del año el desplazamiento debe hacerse en chalupa. "Ir a Cartagena, desde esas localidades, es muy complicado -dijo un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario-. Y hacer ese viaje por el río o por una carretera mala implica no menos de 15 horas de viaje atravesando cuatro departamentos Y en el caso del municipio de Cantagallo, quien quiera ir a Cartagena debe ir a Bucaramanga para tomar un avión".
Tres meses después de su creación estas poblaciones se encuentran en una especie de limbo porque el Ministerio de Hacienda no les ha girado las partidas necesarias para su funcionamiento. Solo hasta mayo se producirá el primer desembolso y por eso no hay dinero para pagarles a los maestros ni a los médicos. Aun así, el entusiasmo de los habitantes de esas apartadas regiones no disminuye y muchos de ellos han prestado sus casas para la instalación de la alcaldía.
En esa zona, donde predominan los terrenos fangosos y selváticos, están asentados desde hace una década los frentes 24 y 37 de las Farc y las columnas José Solano Sepúlveda y Alfredo Gómez Quiñónez del ELN. Esa presencia subversiva, dice el Ejército, fue la encargada de presionar políticamente la creación de las nuevas cabeceras municipales. Según el gobernador Navas, su antecesor, Mendivil, no debió sancionar la ordenanza porque desde el comienzo de los debates el gobierno estuvo convencido de la influencia de los alzados en armas.
No obstante, el diputado Simanca sostuvo que "nunca sent¿ presión de la guerrilla. S¿hubo gente de esas comunidades en el recinto, pero solamente estaban interesadas en el proyecto. Esos campesinos lo que querían era una mayor presencia del Estado porque si no ocurría así, iban a quedar en manos de la guerrilla".
Otro diputado de Bolívar, que prefirió mantener su nombre en reserva, le dijo a SEMANA que no hay duda de que esas lejanas poblaciones están en manos de los insurgentes. "No me vayan a mencionar, pero eso es un polvorín. Y si el gobierno quiere controlar la región va a tener que poner muchos soldados y policías ".
Una alta fuente militar sostuvo que la guerrilla intenta consolidar su poder local porque esa zona es eje de su desarrollo político. "Nosotros desde ya podríamos decir quiénes van a ser los alcaldes en las elecciones de mayo próximo ", sostuvo el vocero oficial.
Mientras la ordenanza se presuma legal, el proceso de consolidación de estos seis municipios del sur de Bolívar será inatajable y el gobierno no tendrá más remedio que enviarles los recursos fiscales que ordena la ley. Entre otras cosas porque no es un fenómeno exclusivo de esa región del país. En el último año fueron promulgadas dos leyes que reducen los requisitos y facilitan la municipalización de pequeñas poblaciones que antes carecían de apoyo estatal.
No obstante, lo ocurrido en Bolívar demuestra que la creación de cabeceras municipales debe obedecer a estudios ponderados. De ocurrir lo contrario habrá fracasado el experimento de darle la mayoría de edad a decenas de comunidades marginadas.

Para la muestra...
LA MINA de oro de Santa Cruz está localizada a 25 kilómetros de la población de Altos del Rosario y a 60 de Barranco de Loba. Es uno de los yacimientos más ricos del sur de Bolívar y de sus entrañas en los últimos tres años fueron extraídas 116.684 onzas del metal precioso. Por su situación geográfica la mina debería pertenecer a Altos del Rosario. Pero no es así, porque en la ordenanza núrnero 30 -en la que fueron creados seis nuevos municipios-, como por arte de magia la Asamblea de Bolívar determinó que el yacimiento está en jurisdicción de Barranco de Loba.
Un diputado reconoció que en efecto la Asamblea tomó esa decisión, la que ahora califica de ilegal. "Pero es que a la hora de los debates nadie se opuso cuando un colega que es de esa región dijo que la mina tenía que pertenecer a Barranco de Loba". Otro miembro de esa corporación sostuvo que hubo muchos intereses políticos y económicos para presionar la determinación de que el yacimiento de oro quedara localizado en ese municipio.
Ahora los habitantes de Altos del Rosario están preparando una carta con la que pretenden que la Asamblea, que ahora tiene nuevos miembros, reestudie la ordenanza y reabra el debate.

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