Réquiem por la Judicatura y la Comisión de Acusaciones

Este miércoles la Cámara de Representantes decidió sepultar dos de los órganos estatales más cuestionados por su inoperancia e ineficacia. La Comisión de Acusaciones de la Cámara, el órgano que investigaba al presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general. Y el Consejo Superior de la Judicatura, encargado de administrar la rama judicial y de disciplinar a jueces y abogados. El consenso fue general. Esos dos organismos no estuvieron a la altura de las expectativas con las que fueron creadas.

Tanto la Comisión como el Consejo Superior de la Judicatura tenían los días contados. Precisamente, ambas habían sido eliminadas por el Congreso hace tres años, en la pasada reforma a la justicia, pero como esta estuvo plagada de 'micos' y el presidente Santos la objetó, tanto la Comisión como el Consejo tuvieron unos años de tiempo extra, que sin embargo fueron insuficientes para salvar su reputación y para mostrar resultados eficaces para garantizar su permanencia en la Constitución.

A la Comisión de Acusaciones se le cuestionó que en más de 60 años de existencia sus investigaciones jamás habían derivado en verdaderos juicios políticos. Quizás el mayor reto de su historia, la investigación contra el presidente Ernesto Samper, por la infiltración de dineros del narcotráfico a su campaña (en el año 1994), se resolvió con una preclusión, es decir, sin poder advertir si el presidente era culpable o inocente. Una decisión que decepcionó a la opinión pública.

Desde entonces, la célula judicial del Congreso deambuló acumulando miles de investigaciones a presidentes, magistrados y fiscales. Por ejemplo, los casos contra el exfiscal Luis Camilo Osorio, por presunto favorecimiento al paramilitarismo, terminaron sin respuestas.

Y al parecer, esa misma suerte les espera a las investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe por el caso de la yidispolítica y las chuzadas del DAS, que tras más de cuatro años de indagaciones, no han arrojado resultados.

A diferencia de lo que sucedió en el pasado, esta vez nadie detuvo las intenciones de acabar la Comisión de Acusaciones, ni siquiera sus actuales miembros. Entre otras, porque hubo un consenso generalizado de que los altos funcionarios del Estado no deben ser investigados por congresistas, pues sus decisiones no serán en derecho sino que obedecerían a circunstancias políticas. 

En consecuencia, zapatero a tus zapatos. El Congreso se dedicará a hacer leyes y control político y dejará las investigaciones judiciales en manos de tres nuevos magistrados, pues esta comisión será reemplazada por la Comisión de Aforados, que ahora tendrá que investigar a magistrados y al fiscal general.

Los tres magistrados serán elegidos por el Congreso pleno (Senado y Cámara) para un período de ocho años, tras una convocatoria pública que adelantará la rama judicial. Ellos tendrán que investigar y acusar ante el Senado y simultáneamente ante la Corte Suprema de Justicia a los aforados.

Sin embargo, la Comisión de Acusaciones no se acabará de forma inmediata. La reforma al equilibrio de poderes le da un año de gracia para que resuelva los más de mil procesos que aún reposan en sus despachos, bien sea archivarlos o darles trámite. Los procesos que no se resuelvan en ese lapso pasarán de forma inmediata a la nueva Comisión de Aforados.

Es decir, en este año, la Comisión tendrá que resolver dos asuntos cruciales: la denuncia contra el magistrado Jorge Pretelt por la tutela de Fidupetrol, y la denuncia que la excontralora Sandra Morelli radicó contra el fiscal Eduardo Montealegre por el caso Saludcoop.

Lo que no cambia es la investigación al presidente de la República, pues seguirá en manos del Congreso, esta vez a través de una comisión de instrucción del Senado, la cual también investigará a los tres magistrados de la Comisión de Aforados.  

Y así como nadie metió las manos al fuego para salvar la Comisión, tampoco hubo quien lo hiciera por el Consejo Nacional de la Judicatura. Una de las altas cortes creadas por la Constitución del 91, pero que en sus más de 20 años de historia estuvo bajo la lupa por sus decisiones, y la transparencia de su administración fue muchas veces puesta en duda.

Del Consejo Superior de la Judicatura se recuerdan varias acciones de tutela que contradecían decisiones de las otras cortes. Muchos políticos sancionados disciplinariamente encontraban en esta corte una muy alta probabilidad de revertir fallos en su contra. Pero también escándalos tan vergonzozos como el del exmagistrado que recibió de regalo unos botines del mafioso italiano Giorgio Sale; el carrusel de las pensiones, en el que algunos magistrados auxiliares lograban cotizar elevados salarios pese a haber tenido ‘palomitas’ de unos pocos días en la Judicatura.

También varios de sus miembros fueron cuestionados por sus permisos y licencias, y, por si fuera poco, varios de sus actuales magistrados están siendo investigados por el caso del coronel Róbinson González del Río, quien al parecer le ofreció dinero al exmagistrado Henry Villarraga para que un proceso en su contra pasara de la justicia ordinaria a la justicia penal militar.

Simultáneamente con estos escándalos, la rama judicial se sumía en una profunda crisis. Una justicia alejada de los ciudadanos, congestionada, represada y sin mayores ejecuciones a pesar de los millonarios recursos como presupuesto. Además, no dejó de ser muy cuestionable que varios excongresistas terminaran de magistrados, caso de Ovidio Claros o Angelino Lizcano.

Hace tres años, la Judicatura se valió de los magistrados de las demás cortes, y de partidos como el Conservador, para impedir su eliminación. Esta vez, la paciencia del presidente Santos con esta corte pareció colmarse. Nada ni nadie detuvo que el Congreso tomara esta decisión.

En adelante, la administración de la rama judicial será competencia del nuevo Consejo Nacional de Gobierno Judicial, que estará integrado por los  presidentes de Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado; el gerente de la rama judicial (profesional con 20 años de experiencia en administración o entidades públicas); un representante de magistrados, un representante de los jueces (elegido por ellos mismos por cuatro años) y tres miembros permanentes de dedicación exclusiva al Consejo (elegidos por cuatro años).
 
Tendrán la responsabilidad de definir las políticas de la rama judicial, postular ternas de candidatos, expedir el reglamento de la rama judicial y presentar el presupuesto para la rama para que sea aprobado por el Congreso.

Y aunque al principio el Gobierno propuso que el ministro de Justicia tuviera asiento permanente en el Consejo, la propuesta fue rechazada por las cortes por considerar que atropellaba la independencia del poder judicial. El Gobierno aceptó y a cambio se aprobó que una ley posterior definirá los temas para los cuales el Consejo también contará con la presencia de ministros de despacho, el fiscal general, la academia y abogados litigantes.

Lo único que les queda a la Comisión de Acusaciones y el Consejo Superior de la Judicatura es que la reforma de poderes no prospere, como pasó hace tres años con la rama judicial. Eso parece muy poco probable, aunque hay amenazas de que esta reforma será demandada. Pero en todo caso, este miércoles 4 de junio podrá quedar en la historia como el día en que se acordó darles cristiana sepultura a dos de los organismos más cuestionados del Estado colombiano.