Responsables de estafa en la San Martín irían a la cárcel este viernes

Hacia las 3:40 p. m. del jueves pasado, se dio inicio a la audiencia de legalización de captura,  imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra los tres presuntos responsables de la estafa masiva de la Fundación Universitaria San Martín.

Se trata de una gran estafa que ha dejado 1.455 víctimas. Mariano Alvear, fundador de la institución; Ricardo Caballero, representante legal, y Juan Carlos Mahecha, jefe de la oficina jurídica, le dieron la cara a la justicia por primera vez.

La diligencia fue inusual pues los representantes de la justicia, la defensa y los acusados no llegaron a los estrados judiciales como de costumbre. La audiencia se llevó a cabo en una mansión de la familia Alvear, situada en el exclusivo condominio El Peñón, en Girardot.

Tres horas después, en las que el fiscal del caso expuso sus argumentos para llevar a los procesados tras las rejas, el juez legalizó las capturas. Las caras de los procesados eran de angustia y la suerte no jugaba a su favor.

Alvear, por ejemplo, estuvo en la diligencia postrado en una cama y conectado a una máquina con líquidos. Sus abogados presentaron un certificado médico que respaldaba que el empresario estaba recién operado por una infección severa.

Mientras tanto, Mahecha y Caballero oían, en una de las lujosas salas, la decisión del juez. Ninguno de los dos aceptó los cargos.

Sobre las 9:50 p. m. llegó la imputación. Los exdirectivos debieron enfrentar de viva voz del fiscal los duros señalamientos por los presuntos delitos de fraude procesal, fraude a resolución judicial, estafa en la modalidad de delito masa, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir y  falsedad en documento público. La diligencia continuará este viernes.

Nuevos descubrimientos

El fiscal del caso leyó ante el juez varios datos inéditos sobre la manera como los exdirectivos manejaban los recursos de la universidad.

Uno de ellos fue que el dinero de los estudiantes y de la universidad fue a países como México, Islas Caiman, Estados Unidos, India, Luxemburgo, Taiwan, Alemania, Corea del Norte y Rusia.

Según los investigadores, los procesados desviaron a esos países cifras millonarias provenientes de matrículas y otros ingresos, para evitar pagar por las obligaciones adquiridas por el centro educativo.

El monto de lo que recaudado por la actividad de estafa masiva fue de 3.143. 146.014 millones de pesos. En esencia, explicó el fiscal del caso, indujeron en error a las personas porque no estaban facultados para ofrecer programas que no estaban acreditados.

Los tres hombres son señalados de falsificar autos y oficios de los juzgados laborales y hasta de la Secretaría de Hacienda, con los que evitaban que sus bienes fueran embargados por no pagar los impuestos exigidos por la ley. Incluso, hacían maniobras de compra y venta para trasladar los inmuebles a miembros de su misma familia.

También, ordenaron a los estudiantes cancelar las matrículas en cuentas bancarias diferentes a las de la institución, con el fin de que, en caso de que estas cuentas fueran embargadas, las autoridades no encontraran mayores montos.

Según los folios de la Fiscalía, en el 2012 el Ministerio de Educación ordenó cancelar o no renovar los registros calificados de los programas académicos: Entonces, los directivos no podían ofrecer estos programas ni admitir nuevos estudiantes.

Foto: Archivo Particular