¿Quiénes estarían detrás del ataque terrorista del Andino?

El ataque en el Centro Andino, en el norte de Bogotá, fue un golpe cuidadosamente planeado. Pero sobre todo consiguió los efectos que buscaban sus autores: generar terror y la mayor atención y despliegue posibles.

Detonar un artefacto explosivo en un centro comercial ubicado en una de las zonas más exclusivas y concurridas de la capital, justo uno de los días de más movilización -por ser sábado y víspera del Día del Padre- demuestra que los atacantes pretendían llamar la atención, pero sobre todo causar la mayor cantidad de víctimas posibles.

De allí, también, que el lugar elegido para dejar la bomba haya sido un baño y no un parqueadero o algún pasillo solitario. El que haya sido justamente el baño de mujeres, al que ingresan también niños, muchos de ellos bebés, evidencia igualmente un grado de sevicia y barbarie que no se veía en el país desde los ataques con carro bomba de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín, cuando entre cuyas víctimas había menores de edad, mujeres y ancianos.

Es evidente que no requirió una gran cantidad de personas para perpetrarlo, pero sí un trabajo previo de inteligencia. Los terroristas sabían que el Andino contaba con protocolos estrictos de seguridad para el ingreso de vehículos a los parqueaderos por lo que la opción de entrar un carro bomba era compleja.

Aunque son menos rígidos los controles por las puertas peatonales, el día escogido hacía prever que los vigilantes no podrían controlar el inmenso flujo de gente que en efecto estaba en el centro comercial.

ELN lidera la lista de sospechosos

Si bien las autoridades no se han aventurado a dar detalles sobre el tipo de explosivo utilizado ni quién puede estar detrás de este acto de terrorismo, las primeras miradas recayeron sobre el grupo guerrillero del ELN. Había algunos antecedentes para eso.

En los últimos dos años Bogotá sufrió 11 explosiones en diferentes lugares de la ciudad. La mayoría de los artefactos fueron pequeñas cargas, de menos de 2 kilos, y varias de ellas se trataron de bombas panfletarias. El común denominador es que los lugares en donde detonaron eran instituciones financieras, entidades de salud o estatales, como sedes de la Dian o la Policía.

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El último de estos ataques de los elenos ocurrió el pasado 16 de diciembre cuando milicianos asesinaron a un auxiliar de policía en una estación aislada en la carrera séptima con calle 200. Posteriormente instalaron explosivos en el cuerpo, que detonaron cuando llegaron los compañeros del uniformado.

Algunos de los responsables de esos ataques fueron capturados y se logró establecer que se trataba de integrantes de células urbanas del ELN. Esto, sumado al hecho de que si algo ha caracterizado la historia de ese grupo subversivo es precisamente el uso de explosivos para cometer sus ataques, la mayoría contra los oleoductos, lo que pone a esta guerrilla en la cabeza de los sospechosos del ataque en el Andino.

Si bien a las pocas horas del atentado terrorista el ELN por medio de sus redes negó cualquier responsabilidad y rechazó cualquier vínculo con el acto, llamó la atención la inusual velocidad con las que negaron su posible responsabilidad. Normalmente ese tipo de pronunciamientos toma días y hasta semanas. Uno de los argumentos esgrimidos en su mensaje es que, según ellos, no es política atacar a la población civil, algo que no necesariamente es cierto. Basta recordar el atentado que ocurrió el 18 de febrero de este año en el sector de La Macarena, en el centro de la ciudad, cuando detonaron en una esquina de ese barrio un artefacto que mató a un policía y dejo 20 más heridos junto a varios civiles. Una semana después el ELN aceptó ser el responsable de acto terrorista.

Otra de las causas que los señala tiene que ver con al relación que esa guerrilla tiene con un grupo denominado Movimiento Revolucionario del Pueblo -MRP-. Se trata de una célula conformada por integrantes de redes urbanas elenas con extremistas ligados a universidades públicas. En agosto del año pasado el MRP se atribuyó los ataques con explosivos en varias sedes de Cafesalud en distintos puntos de la capital.

A pesar de estar en medio de un proceso de diálogos de paz con el gobierno esa guerrilla no ha cesado sus ataques ni la política de secuestros. No obstante lo que no resultaría lógico es que el ELN haya perpetrado un acto tan atroz en el cual murieron tres mujeres, una de ellas de nacionalidad francesa. Esto implicaría que para el gobierno sería prácticamente inevitable levantarse de la mesa de diálogo y los elenos perderían cualquier tipo de respaldo que pudieran tener de la comunidad internacional por el hecho de elegir como blanco a civiles inocentes.

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El Clan del Golfo y su oleada de terror

El siguiente en la lista de sospechosos, con una muy alta posibilidad, sería la banda criminal del Clan del Golfo, dirigida por Dairo Úsuga, alias Otoniel.

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Durante el pasado mes de mayo ese grupo mafioso desató una oleada de terror que se extendió a nueve departamentos. Era la tercera vez en los últimos cuatro años.

En esta ocasión, como respuesta a la muerte durante una operación policial de alias Pablito, un importante capo de ese grupo, la banda ordenó a sus ejércitos de sicarios implementar el llamado plan pistola. Este consistía en asesinar por la espalda a policías en cualquier lugar del territorio nacional.

Tras un mes de acciones el balance fue de 10 uniformados muertos, 40 heridos, y una docenas de instalaciones policiales atacadas a bala y con granadas. En esos ataques contra la fuerza pública una docena de civiles inocentes resultaron heridos.

El hombre encargado de liderar esa ofensiva fue Roberto Vargas, alias Gavilán, segundo al mando y jefe militar de esa organización. Este hombre, caracterizado por sus aberraciones sexuales y violaciones sistemáticas de menores de edad, es un psicópata con un profundo desprecio por las mujeres en particular. Adicionalmente, ha sido quien dentro del Golfo ha impuesto su ley de atacar al Estado usando los mismos métodos de terrorismo de Pablo Escobar: asesinar policías desarmados en las calles, ordenó a sus sicarios ir a buscarlos en sus propias casas para matarlos. Cuando esto dejó de ser noticia Gavilán dio la orden a sus secuaces de escalar la guerra. La fase siguiente era la planeación e instalación de carros bomba en ciudades capitales como Bogotá, Medellín o Cali.

El 12 de mayo la Policía arrestó en Apartadó a Luis Ortiz, conocido con el alias del Indio, un jefe urbano importante de ese grupo. En la audiencia de su captura se conocieron varios escalofriantes audios de interceptaciones entre este delincuente y sus jefes que encendieron aún más las alarmas. “Mano, hable para que den duro a algo grande, sea en Medellín o Bogotá, no importa que sea político o de los verdes de alto nivel, para que sientan que no estamos pintados”, dice en uno de sus apartes una comunicación que evidenciaría parte del plan terrorista.

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Un par de días más tarde se conoció la existencia de un memorando de la Fiscalía. “Se mantiene en alerta a los funcionarios sobre posibles atentados en contra de las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, a la fecha se recibió información de la seccional de Medellín, sobre vehículos oficiales que fueron hurtados y se estima que pueden ser utilizados para ingresarlos a diferentes sedes, con material explosivo”, dice uno de los apartes del documento. Simultáneamente también se conoció un documento interno de la Policía en el que alertaba a sus hombres sobre la posibilidad de asesinatos de policías en Bogotá e incluso de ataques con explosivos en la capital.

Desde hace varios años ese grupo de narcotraficantes puros ha tratado por varios medios que el Estado los considere como un grupo político alzado en armas, con el fin de buscar un eventual proceso de paz y así conseguir beneficios en un proceso de sometimiento. El Gobierno ha rechazado en numerosas oportunidades esa petición y por el contrario ha arreciado la persecución que deja más de 2.000 capturados y media docena de jefes de ese grupo muertos en operaciones, así como la incautación de droga y bienes por más de 500 millones de dólares.

La poca capacidad política e intelectual de los jefes del Golfo, sumado a una ya demostrada actitud de seguir los pasos de Escobar y el Cartel de Medellín, los hace fuertes candidatos a ser los responsables del ataque en el Andino. Dentro de su lógica mafiosa y primaria pretenderían con ese acto terrorista demostrar que tienen el poder suficiente para desestabilizar y sembrar terror.

Los otros

Dentro de las hipótesis también se baraja la posibilidad de que la bomba haya sido puesta por algunas de las disidencias de las Farc que han surgido en los últimos meses. Sin embargo, es poco probable ya que se trata de puñados de guerrilleros rebeldes que abandonaron el proceso de paz y que están más interesados en continuar con sus negocios de narcotráfico en las selvas de Guaviare o Tumaco, que en acaparar más atención por parte del Gobierno y las Fuerzas Militares que los persiguen.

El atentado terrorista ocurre un día después de que se anunciara la entrega del 60 por ciento de las armas de las Farc y a menos de una semana de completar la entrega del total del armamento que tuvo esa guerrilla por más de medio siglo. Esto, al igual que a lo largo de todo el proceso de paz, no estuvo alejado de polémicas. De allí que otra de las hipótesis que se contemplan es que fuerzas oscuras hayan cometido semejante acto de barbarie con la intención de tratar de sabotear el proceso de paz y de sembrar dudas entre los colombianos con respecto a las Farc.

Esto ocurre en la víspera no solo de la entrada formal a la política por parte de las Farc sino cuando está empezando a tomar forma la campaña para las elecciones del próximo año. Generar desconfianza frente a esa guerrilla y a la seguridad en general es una efectiva y muy perversa forma de tratar de inclinar la balanza electoral.

Por ahora, lo cierto del caso es que el Gobierno y las autoridades deben responder con contundencia pero sobre todo con rapidez, para dar con los verdaderos autores de esta acto salvaje. No es una tarea fácil, especialmente considerando la cantidad y complejidad de los sospechosos.