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| 5/23/2014 12:00:00 AM

La respuesta de la Corte al caso María del Pilar Hurtado

La Corte Suprema de Justicia enviará a la Cancillería su concepto donde deja claro por qué debe ser extraditada.

El miércoles pasado el presidente Juan Manuel Santos sorprendió con el anunció de una nueva solicitud para que el recién elegido presidente panameño, Juan Carlos Varela, levante el asilo concedido a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado.

El requerimiento levantó ampolla en un sector de la clase política en cuyas voces se indicaba que se trató de un anuncio oportunista de cara a las elecciones. Santos dijo, por su parte, que el país necesitaba conocer la verdad con la presencia de Hurtado en Colombia.

La exdirectora del antiguo organismo de seguridad está investigada por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones, peculado por apropiación y falsedad en documento público.

Tras el anuncio, el despacho del viceministro de Justicia envió una extensa comunicación a la Corte Suprema de Justicia, para que emitiera su concepto sobre el nuevo requerimiento que el gobierno, de manera oficial, hará sobre el pedido de extradición.

En la extensa petición la cartera de Justicia se apoya en una proposición presentada a la Comisión Segunda por el representante Iván Cepeda, en la que solicitó la extradición de María del Pilar, una vez el presidente electo de Panamá llegue al cargo. 

En la misiva se solicita al presidente de la Sala Penal, Fernando Castro Caballero, que “se estudie los términos en los cuales fue rechazada la extradición de la señora María del Pilar Hurtado en el pasado y, de ser el caso, se expongan las consideraciones pertinentes de la Corte Suprema de Justicia con miras a que esta corporación defina si es procedente requerir nuevamente su extradición”.

Semana.com conoció que el próximo martes en el marco del juicio que se desarrolla contra María del Pilar Hurtado y el exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, los magistrados sacarán un espacio para notificarle al gobierno que es necesario y urgente que la exfuncionaria vuelva al país, entre otras cosas, para que enfrente el juicio por los graves delitos presuntamente cometidos. 

Para la Corte, el tratado de extradición entre Colombia y Panamá suscrito el 24 de diciembre de 1927 es clave para fundamentar la petición. Igualmente se pondrá de presente que, la colaboración bilateral entre los estados, garantiza una justicia oportuna y eficaz en el territorio donde fueron cometidos los delitos, es decir, Colombia.

Basados en la jurisprudencia, los magistrados consignarán en el documento que, de regresar al país, la exfuncionaria no será “condenada a pena de muerte, ni juzgada por hechos distintos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometida a  desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, prisión perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política”, dijo a Semana.com una alta fuente de ese tribunal.

Con este ‘empujón’ la decisión está en manos del electo presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, quien al momento de su elección anunció que revisaría el caso a solicitud de su homólogo colombiano. Amanecerá y veremos.
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