Sigue la polémica por Restitución de Tierras

No cabe duda que la labor de restituir tierras en el país no es nada fácil y que existen personas y grupos que se oponen a que cientos de víctimas y desplazados recuperen sus predios.

Sin embargo, el camino es espinoso y con una amplia gama de grises. Mientras que el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, dice que a los opositores que demuestran su buena fe se les paga el predio, también es cierto que existen algunos casos donde falsos reclamantes se unen con funcionarios del Estado para hacerle conejo a la ley. De hecho, en mayo del año pasado la Fiscalía General de la Nación capturó a 20 personas, que hacían todo tipo de maniobras administrativas para obtener de la Unidad de Tierras, títulos de propiedad de predios que ya habían sido vendidos a terceros.

Siete meses después, el ente investigador capturó 62 presuntos falsos reclamantes y cerró el año con 116 personas judicializadas por fraude procesal, falso testimonio y falsedad en documento público. Las autoridades tienen un reto enorme en descubrir personas inescrupulosas que se oponen a justas restituciones, pero también en identificar falsos reclamantes.

Hace unos meses Semana.com publicó uno de los casos que ha sido punta de lanza para las investigaciones. La Sala Civil de Tierras del Tribunal de Cúcuta ordenó quitarle el predio y su proyecto productivo a Raúl Cruz y entregarlo a José Rivera, un campesino de la zona que con engaños aseguró ser el dueño. Rivera habría dicho varias mentiras. Se declaró desplazado por el EPL en 1996, pero esto no era cierto, ya que dos años más tarde vendió su predio e incluso le pidió permiso al Incora para hacerlo. 

La abogada que representaba a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) advirtió a los magistrados Amanda Sánchez, Puno Correal y Julián Sossa (quién salvó voto y no estuvo de acuerdo con la decisión) que tenía serias dudas de que el reclamante fuera una verdadera víctima. Aun así, la decisión fue quitarle la tierra a Cruz y entregarle a Rivera un predio igual o mejor que el que reclamaba.

Fue por eso que la Fiscalía imputó a José Rivera por falso testimonio, fraude procesal y porque el único testigo que llevó era falso. A estas acusaciones se sumó la denuncia que la URT interpuso contra Rivera por encontrar que efectivamente era un falso reclamante.

Pero algo extraño sucedió en los últimos días. La fiscal 15 seccional en Cúcuta, Gladys Peñaranda, dejó listo el escrito de acusación en contra de José del Carmen Rivera, quien ya estaba privado de su libertad, pero a finales del 2015 la funcionaria se pensionó y en su lugar asumió la fiscal Sonia Abril, quien tomó una decisión inesperada.

A pesar de todo el material probatorio existente en contra del reclamante José Rivera y de que la misma Unidad de Tierras lo denunció, la recién llegada fiscal solicitó la preclusión del caso.

A raíz de esta decisión, la zozobra invadió a municipios como Sabana de Torres (Santander) y San Alberto (Cesar), lugares donde la Fiscalía acusó y capturó a muchos falsos reclamantes el año pasado.

Debate acalorado

La restitución de tierras ocupa hoy primera plana en la agenda pública y se encuentra en su punto más álgido con las declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez, quien asegura que la ley desconoce los derechos de quienes adquirieron de buena fe las tierras del despojo.

A su voz se sumaron la de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, quien también tiene cuestionamientos en contra de la aplicación de la ley, al igual que la congresista María Fernanda Cabal, quien ha dicho que tiene pruebas de los posibles errores que se han presentado durante estos años.

Por su parte, algunos sectores cuestionan la recia batalla emprendida contra la ley de restitución de tierras y aseguran que detrás de esto hay intereses políticos y una guerra contra algunos de los proyectos bandera del actual gobierno. El mismo presidente Juan Manuel Santos ha dicho que “la restitución de tierras es un tema de justicia elemental y no debe usarse para dividir al país ni sembrar miedo”. Y sumado a esto, las Fundaciones Forjando Futuros y Paz y Reconciliación publicaron recientemente un informe en el que hacen seguimiento a la ley de restitución de tierras y llegan a la conclusión de que en más de cinco años la restitución no avanza. Según sus cifras, de 87.118 solicitudes solo 2.943 se resolvieron judicialmente, es decir, 3,4 %.