Domingo, 21 de septiembre de 2014

| 2013/09/17 00:00

El riesgo de retornar según HRW

Amenazas y asesinatos que tienen lugar en la mayor impunidad ponen en grave peligro la restitución de tierras, dice Human Rights Watch.

Los campesinos durante una marcha en el 2011 Necoclí (Antioquia) a favor de la Ley de Restitución de Tierras. Foto: Daniel Reina Romero / SEMANA

La organización de derechos humanos internacional Human Rights Watch (HRW) presentó este martes en Colombia un informe sobre el proceso de restitución de tierras, “El riesgo de volver a casa”.


El estudio, cuyo trabajo de campo se realizó durante el 2012 y el primer semestre del 2013, advierte que mientras no exista justicia ni se persiga a quienes están detrás de amenazas y asesinatos a líderes reclamantes de tierras, será muy difícil que el proceso de restitución culmine exitosamente. 


“A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados reclamantes (de tierras) y consiga avances significativos en la desarticulación de los grupos sucesores de los paramilitares, muchas de estas familias sufrirán nuevas amenazas, episodios de desplazamiento y asesinatos. Y la iniciativa más importante del gobierno de Santos en materia de derechos humanos se podría ver irremediablemente desvirtuada”, dice el informe.


La investigación contiene datos alarmantes. En el último año y medio más de 500 reclamantes de tierras han denunciado amenazas y a 360 de ellos se les ha declarado en situación de “riesgo extraordinario”. Según HRW, los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones por amenazas. Hay más de 17.000 investigaciones en curso por desplazamiento forzado, pero sólo se ha dictado condena en uno por ciento de los casos. 


Aunque se han dictado cerca de 450 sentencias de restitución, el informe sostiene que, a junio del 2013, “solamente una familia había retornado a vivir en su tierra como resultado de esas sentencias”.


El informe, que consta de casi 200 páginas, reseña algunos casos emblemáticos de líderes amenazados y asesinados, y hace un repaso de la situación en ocho de los 32 departamentos del país, en donde ha habido mayor número de denuncias por despojo de tierras, y en donde los reclamantes están en peligro. Estos departamentos son: Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima. 


El informe, elaborado a partir de más de 130 entrevistas con campesinos reclamantes de tierras y más de 120 funcionarios y autoridades colombianas, señala que por más intentos y buena voluntad que exista por parte del Gobierno para hacer cumplir la Ley de Víctimas, mientras los victimarios sigan libres y actuando impunemente en las regiones de despojo, el proceso de restitución de tierras puede fracasar. 


Entre sus principales recomendaciones está fortalecer a la justicia, en particular a los investigadores de la Fiscalía, para que juzguen a quienes se oponen a través de la violencia al proceso de restitución de tierras.


Estos son algunos de los hallazgos más importantes del informe de HRW:


  • Reclamantes de tierra asesinados y amenazados: 

De 21 casos que HRW evaluó, en 17 de ellos hay suficiente evidencia para concluir que la muerte está directamente relacionada con sus esfuerzos para reclamar las tierras que les pertenecían a ellos o a sus comunidades. En los cuatro restantes, es probable que hubieran sido asesinados por reclamar sus tierras, pero no se descartan motivos adicionales. El número de víctimas reclamantes, sin embargo, es superior al que reseña HRW. La Defensoría habla de 71 asesinados, mientras que la Fiscalía investigaba, para abril del 2013, 49 casos desde el 2000. 


Uno de los pocos aspectos positivos del estudio es que con la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas del 2012, el número de reclamantes de tierras asesinados disminuye. Esto puede ser por varios factores. Por un lado, funcionarios de alto nivel, incluido el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, han sido enfáticos en condenar estos crímenes. La atención mediática sobre el proceso quizás ha ayudado también a proteger a las víctimas. Por otro lado, el Estado ha tomado medidas de protección para ayudar a las víctimas amenazadas. No obstante, el informe predice que como el proceso de restitución está apenas comenzando, es probable que el número de víctimas se incremente. El informe señala que hasta la misma Unidad de Protección, del Ministerio del Interior, reconoce que para finales del año tendrá que proteger a unos 1.000 reclamantes de tierra amenazados. 


Dentro de los casos reseñados están varios de los considerados “emblemáticos” y a los que el Gobierno les ha dado cierta prioridad. Lo grave es que a pesar de los esfuerzos de las instituciones y la atención que han recibido, los reclamantes de estas familias o comunidades aún no gozan de la restitución de sus tierras de manera efectiva. Tal es el caso de la familia Salabarría en Mundo Nuevo Córdoba, o la comunidad de Jiguamiandó y Curvaradó. 


Es preocupante que la organización de estas comunidades en asociaciones o grupos no ofrece garantías tampoco de seguridad para los líderes reclamantes de tierras. Es el caso de las Mesas de Víctimas de Valencia, Córdoba y la de El Carmen de Bolívar, o la Asociación Tierra y Vida de Urabá. 


  • Los enemigos del proceso de restitución 

El informe señala que entre quienes están detrás de las amenazas y asesinatos a campesinos y líderes reclamantes de tierras están las llamadas bandas criminales (bacrim), la guerrilla, terceros ocupantes de las tierras y quienes se denominan como “Ejércitos Anti Restitución” en algunas zonas. 


1. Entre las bacrim, los principales enemigos del proceso son los Urabeños. En este grupo es notoria la defensa de los mismos intereses económicos y el control de territorios estratégicos de las antiguas estructuras de las autodefensas. En zonas como Córdoba y Urabá se refleja esta continuidad y es lo que está obstaculizando el avance de la restitución de tierras a campesinos víctimas del despojo de los paramilitares, como es el caso de la zona de Tulapas. Además, las bacrim siguen desplazando campesinos. En el 2011, 30.000 desplazados señalaron haber sido desplazados de 466 municipios por estos grupos. En 242 de esos municipios, la gente los llama “autodefensas”. 


2. Entre los terceros ocupantes, es decir, quienes hoy habitan o tienen los títulos de propiedad de las tierras despojadas de los reclamantes, hay todo tipo de personas. Hay testaferros de hombres armados o con negocios ilegales, ganaderos, políticos, empresarios, y excombatientes. Para marzo del 2013, 148 reclamantes identificaban a esta categoría de personas como las que estaban detrás de las amenazas en su contra. Estos terceros ocupantes pueden actuar por su propia cuenta o tienen vínculos o contactos con sectores armados ilegales.  


3. Ejércitos Antirrestitución: HRW no puede dar fe de la existencia como tal de una estructura organizada criminal, pero sí registra que en Bolívar, Cesar y Sucre; quienes dicen identificarse de esta manera están detrás de varias de las amenazas a varios líderes reclamantes de tierras. HRW señala que un informe de la ong Nuevo Arco Iris sí habla de tres reuniones distintas entre hombres armados y sus financiadotrs para conformar una fuerza opositora armada al proceso de restitución de tierras, en particular en Cesar. 


4. Guerrilla: HRW identificó que en el departamento de Tolima, el principal enemigo del proceso de restitución es la guerrilla de las FARC, en particular el frente 21, que ha convocado a reuniones a la comunidad de la zona para amenazar de muerte a quienes reclamen sus tierras. Pero no sólo están amenazando en Tolima. Reclamantes en 13 departamentos del país han señalado en 57 ocasiones que las FARC están detrás de las amenazas para que desistan en sus procesos de acudir ante las instituciones a pedir que les sean devueltas sus tierras. Un problema adicional es que en el 70 % de los municipios donde hay reclamaciones de campesinos por despojo, hay minas antipersona, que van a dificultar el retorno. Como ejemplo está Vistahermosa, Meta.   


  • El Gobierno

HRW reconoce que la Unidad de Protección es la única entidad de su tipo en la región que busca proteger a las víctimas del conflicto, no obstante, en la mayoría de los casos, un chaleco antibalas y un celular son medidas insuficientes de seguridad. 


Uno de los aspectos preocupantes que señala el informe es que las autoridades con frecuencia no toman en serio las denuncias de amenazas de los reclamantes. Según entrevistas realizadas a varias víctimas, estas se quejaban de que los funcionarios que los atendían les decían que no podían tomarles la denuncia si no lograban identificar a la persona que los había amenazado, con nombre y cédula.
 

Otras víctimas se quejaron de que habían hecho sus denuncias pero las autoridades no abrían el caso. 


En entrevistas con miembros de la Policía en varias regiones, incluso con algunos oficiales responsables de coordinar la seguridad de los reclamantes de tierras, algunos dijeron a HRW que las denuncias y amenazas de desplazados no eran tan graves, algunos incluso sugirieron que muchas de ellas eran inventadas para obtener beneficios o ayuda económica por parte del Gobierno. 


Varias de las víctimas de amenazas se quejaron igualmente de que los patrullajes que la Policía debe hacer para verificar condiciones de seguridad de quienes han sido amenazados no necesariamente se realizan. En algunos casos reportaron que la Policía había patrullado durante la primera semana, pero que después no había vuelto. 


Este tipo de conductas por parte de funcionarios sólo ha aumentado la falta de confianza en las autoridades por parte de los desplazados y reclamantes de tierra, quienes a su vez dejan de denunciar o acudir a buscar medidas de apoyo y protección. 


Aun si las autoridades responden ante las denuncias de las víctimas, lo que toman  son medidas paliativas. El informe considera que donde más fallan el Gobierno y las entidades responsables es en atacar la raíz del problema, porque los verdugos siguen amenazando y atentando contra los desplazados impunemente. 


El estado de las investigaciones en la Fiscalía arroja un panorama crítico. Para agosto del 2013, sólo había ocho condenas entre 49 casos de asesinatos contra reclamantes de tierras, y sólo habían dictado medidas contra presuntos sospechosos en otros siete casos. Parte del problema es de recursos, pero también de organización. Durante el 2012,  los casos de restitución de tierras en Bogotá fueron reasignados en cuatro ocasiones a diferentes fiscales, lo que implica que estos empiezan de cero cada vez. 


Pero no sólo hay impunidad frente a casos de asesinatos a líderes de tierras. Según HRW, la justicia colombiana aún está en deuda al condenar a quienes fueron los causantes del desplazamiento forzado, en primer lugar. 


De los 17.109 casos estudiados por una unidad especializada en este delito en la Fiscalía, sólo ha habido condenas en 28, según fecha de corte de enero del 2013. Además, esta misma unidad especial tiene asignados 16.000 casos de desapariciones forzadas y como resultado, cada investigador tiene a su cargo 500 casos.  


Dentro del marco de Justicia y Paz, a pesar de que los desmovilizados han confesado más de 11.000 casos de desplazamiento forzado, sólo ha habido seis condenas. 


Así las cosas, al sumar todas las investigaciones en todas las unidades de la Fiscalía, incluidos también los procesos de Justicia y Paz, el 99 % de las investigaciones por desplazamiento forzado se encuentra en etapa preliminar. 


Una de las causas que señala el informe por las cuales la justicia no avanza es porque la metodología utilizada por los fiscales, caso por caso, no ayuda a encontrar relaciones entre los crímenes cometidos en un mismo lugar, y así, es difícil que  puedan encontrar patrones para hallar a los verdugos que han victimizado a varias personas en una misma región. El fiscal Eduardo Montealegre, a través de la directiva 01 de 2012, dio instrucciones para adoptar una metodología distinta, agrupando varios casos y priorizando ciertas situaciones. Sin embargo, el informe de HRW encontró que en abril del 2013, para casos de reclamantes de tierras, apenas se estaba diseñando la estrategia. 


Otro problema grave que señala el informe, y que impide que se ataque la raíz del problema, es la colaboración que hay entre los grupos armados ilegales y el Estado. Los vínculos de algunos de estos grupos no son sólo con la Policía o el Ejército, sino también con servidores públicos de otras instituciones en ciertas regiones, como Córdoba y Urabá. 

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