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| 12/2/2016 12:36:00 AM

El reto de la restitución

La Ley de Víctimas dio un plazo de 10 años para que el Estado restituya las tierras a los campesinos que tuvieron que abandonarlas o que fueron despojados de ellas a causa del conflicto. ¿Qué tan lejos estamos de que se cumpla la meta?

La magnitud del despojo de tierras en el país es un tema sobre el que aún no existe absoluta claridad.

Un informe del investigador Luis Jorge Garay afirmó en el 2010 que las tierras despojadas en el país superaban 6,5 millones de hectáreas, sin contar tierras ancestrales ni baldíos, que podían sumar por lo menos 1,5 millones de hectáreas más.

El Gobierno, por su parte, al dar inicio a la implementación de la Ley de Víctimas, en el 2011, estimaba que el número de hectáreas despojadas estaba alrededor de los dos millones, que correspondían a un número de 360.000 familias afectadas.

Ahora, el director de la Unidad para la Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, afirma que la cifra se ha depurado, con apoyo del Banco Mundial y USAID, y se ha llegado a la conclusión de que el número de familias afectadas es mucho menor, de unas 130.000, menos de la mitad.

Esta gran diferencia en las cifras hace que el balance sobre lo que se ha logrado hasta ahora en esta materia sea muy distinto, dependiendo de quién lo haga.

Para Sabogal, transcurridos cinco años desde la expedición de la Ley de Víctimas, el proceso restitutivo va a mitad de camino, por lo menos, en lo que corresponde al Gobierno.

Se ha estudiado ya el 50 % de las reclamaciones presentadas (que ascienden a 92.000) y eso ha llevado a la restitución de alrededor de 200.000 hectáreas y a la presentación de casos por otro medio millón, ante los jueces.

Si bien reconoce que falta mucho por hacer, destaca que nunca en la historia se habían obtenido resultados tan favorables en tan poco tiempo.

Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, opina en cambio que la implementación de la restitución de tierras ha sido un fracaso.

“Estamos cerca de las 2.000 sentencias en cinco años de implementación de la ley. Se está en 200.000 hectáreas de 6’500.000, que era lo estimado por el Gobierno inicialmente. Eso no representa el 0,2 % de la meta. Hubo voluntad política para la expedición de esa ley, pero la implementación ha fracasado”, dice Vega.

Sabogal responde que independientemente de cuál haya sido la meta inicial, y si fue sobrestimada o no, el compromiso del Gobierno es atender el 100 % de las reclamaciones que se presenten.

Eso implicará iniciar el proceso de restitución en zonas en donde aún no ha comenzado (en su mayoría en el sur del país) y agilizar el estudio de los casos que ya están en las manos de los jueces.

La firma de la paz, aspira el Gobierno, contribuirá a lo primero, pues la desmovilización de las FARC permitirá que existan condiciones de seguridad para impulsar los procesos, en zonas que hoy tienen muy difíciles condiciones de seguridad.

En lo segundo, el esfuerzo se ha orientado a fortalecer a los jueces de restitución de tierras, para que puedan resolver con mayor agilidad los procesos, pues por la complejidad que tienen algunos de ellos, pueden llegar a tardar mucho más de lo previsto.

“Nunca la justicia agraria había tenido un resultado tan bueno en tan poco tiempo” 

Ricardo Sabogal, director Unidad de Restitución de Tierras.

Estamos a mitad del camino del plazo de 10 años fijado por la Ley para llevar a cabo la restitución de tierras en todo el país. ¿Cuál es su balance?

Ricardo Sabogal: Tenemos ya 4.000 casos resueltos por los jueces, que han implicado la restitución de cerca de 200.000 hectáreas. No hay un parangón en la historia del país de una justicia agraria que haya tenido un resultado tan bueno en tan poco tiempo y eso nos alienta a seguir trabajando, pero también teniendo muy claro que falta mucho por hacer. Una buena parte de los casos que están en manos de los jueces se deben agilizar para que las víctimas conozcan rápidamente si tienen derecho a la restitución. El otro 50 % que no hemos trabajado debemos hacerlo en estos cinco años que faltan de la aplicación de la ley. Básicamente, están en el sur del país, en zonas en donde hay presencia de las guerrillas. Esperamos que con el acuerdo de paz podamos adentrarnos en estos departamentos, para que rápidamente estudiemos los reclamos y decidir si hay lugar o no a la restitución efectiva de estos predios.

¿Qué responde a las críticas de que con la restitución han sido afectados poseedores de buena fe?

R. S.: El escenario que plantea esta ley es un escenario donde un juez independiente escucha las razones de todos y, a partir de las pruebas y de las razones que se esgrimen en los procesos, dicta sentencia. Es el mejor escenario, el escenario civilizado y no el que había anteriormente, donde un jefe guerrillero o un jefe paramilitar determinaba quién se quedaba o quién se iba de un municipio. También da la tranquilidad de que un juez tiene oficina, nombre y cara y, en caso de uno no esté de acuerdo con la sentencia, la misma ley permite que estos casos sean revisados por la Honorable Corte Suprema de Justicia, si se encuentra que hubo un error craso, a la hora de dictar una sentencia.

Hoy en día, ¿cuáles cree que son los principales cuellos de botella del proceso de restitución o dónde se necesita fortalecer para que avance más este proceso?

R. S.: Hay varios problemas, algunos de tipo estructural, como el catastro, que no es muy bueno y dificulta enormemente la identificación de los predios, y otros, que son un legado perverso de la guerra, como las minas antipersona. El otro tema ya es en el tramo judicial: allí, si bien el resultado es muy bueno, comparado con lo que se había hecho anteriormente, sí es necesario fortalecer más a los jueces.

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