Miércoles, 22 de octubre de 2014

| 2013/02/23 11:00

Restitución: el nuevo conflicto

Con casi 700 reclamantes de tierras amenazados en un año, el proceso de restitución puede ser el nuevo motivo del conflicto.

Manuel Ruiz, líder de un proceso de restitución colectiva en el Chocó fue uno de los dos líderes asesinados en 2012. Lo mataron junto a su hijo. Foto: Archivo particular

Una alarma silenciosa se extiende por Colombia. A un año escaso de iniciado el proceso de restitución de tierras, hay 683 reclamantes de tierras amenazados. La cifra es verdaderamente alarmante. Hasta ahora, apenas se ha emitido una docena de sentencias que devuelven a sus dueños las fincas despojadas por la violencia. ¿Qué puede pasar en los próximos meses, cuando los jueces de restitución van a producir cientos de fallos más?

En este caso, el Estado ha respondido. Los asesinatos, en marzo pasado, de Manuel Ruiz y su hijo Samir, que reclamaban tierras colectivas en Chocó; y de Jairo Mejía, líder del Carmen de Bolívar, en junio, cerca de Montería, encendieron las alarmas. La Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de proveer seguridad a personas en riesgo, tomó decisiones extraordinarias. Mediante un procedimiento de emergencia ha cobijado con medidas de protección, aun antes de hacerles el estudio de riesgo, a 425 líderes y participantes del proceso de restitución de tierras. 

“En 2012 no nos han matado a nadie”, afirma el director de la UNP, Andrés Villamizar. “Basta con que una entidad en el terreno nos ponga por escrito un riesgo inminente (para un reclamante) y se le ponen medidas.”

Si bien la protección parece estar funcionando, la magnitud del recurso a las amenazas de todo tipo para frenar los procesos de restitución es tal, que la UNP calcula que para finales de 2013 tendrá 1.000 participantes de procesos de restitución bajo su cuidado, dos veces y media los que tiene hoy. Solo en lo que va de este año se han entregado medidas de protección a 50 reclamantes más. Panfletos y sufragios, algunos firmados por el Comando Central Antirrestitución, visitas amenazantes a las casas, mensajes de texto y recados vienen en aumento en varias de las regiones que la Unidad de Tierras ha priorizado para adelantar la restitución.

Pese a la prelación que se ha dado a atender a los reclamantes de tierras en riesgo, hay quejas por casos de lentitud en las medidas y dudas de hasta dónde son efectivas para proteger a personas que viven en zonas rurales apartadas y entornos donde un celular, un chaleco blindado y hasta una escolta armada no son a menudo las fórmulas más adecuadas.

SEMANA estuvo en el Cesar y pudo constatar allí la gravedad del problema. En muchos de los procesos de restitución en curso hay amenazados. Líderes con los que habló esta revista afirman que, además, son muchos los que han desistido de reclamar sus tierras por miedo.

Justo cuando salía la primera sentencia para devolver tierras despojadas en el departamento, en el predio El Toco,  uno de los líderes del proceso, Miguel Antonio Ricardo Serna debió huir del municipio de Codazzi por amenazas. “Aquí hay una cantidad de gente que estamos en el mismo problema”, dijo Pompilio Herrera, participante del proceso para recuperar el predio Mechoacán, en La Jagua de Ibirico. José Luis Peralta, que lidera a desplazados del poblado de Minas de Iracal, en Pueblo Bello, está amenazado, como lo está Sifredy Culma, desplazado de la finca Santa Fe, en Becerril, y muchos más.

 

En total, 51 reclamantes del Cesar están en la mira. A 44 se les pusieron medidas de protección. La mayoría de aquellos con los que habló SEMANA tiene un nivel de riesgo evaluado como extraordinario. La Defensoría del Pueblo local y otras organizaciones humanitarias han promovido tres reuniones de los reclamantes amenazados, la última de ellas, la semana pasada.

Muchos se quejan de lentitud en la implementación de las medidas de la UNP para protegerlos, de que les entregan vehículos con problemas mecánicos o avanteles en zonas sin cobertura y de que los pagos para auxilio de transporte se tardan mucho tiempo. La Defensoría, incluso, ofició a la Procuraduría, exponiendo estos problemas. En Bogotá, en la UNP aceptan que  esos líos se presentan, pero señalan que los reclamantes de tierras tienen una atención prioritaria e insisten en que la protección ha funcionado.

El Cesar es emblemático. Con 2.600 solicitudes para restituir 170.000 hectáreas de tierras, casi todas despojadas por los paramilitares del Bloque Norte de Jorge 40, el departamento es un crisol de los problemas que enfrenta la restitución. Aunque los paras se desmovilizaron, los mandos medios siguen activos y muchos terratenientes y políticos que los apoyaron conservan su influencia y su poder. Estos sectores y grupos sucesores de los paramilitares, como los Rastrojos, no solo estarían tras las amenazas sino que orquestan campañas para señalar como guerrilleros a los reclamantes de tierras o, en algunos casos, para montarles procesos judiciales que los hagan desistir.

El cuadro del Cesar dista de ser el único. Hace poco, siete congresistas estadounidenses le enviaron una carta al presidente Santos en la que manifestaban su preocupación por el crecimiento de las amenazas contra líderes del proceso de restitución de territorios colectivos en Curvaradó y Jiguamiandó, en Chocó, y contra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que los acompaña, diciendo que 45 personas están amenazadas (allí mataron a Manuel Ruiz y su hijo). Antioquia, donde 75 reclamantes tienen medidas de protección, Chocó, con 65, y Bolívar, con 49 encabezan la lista de los departamentos donde hay más líderes de tierras en riesgo.

Allí y en otras regiones, el patrón del Cesar se reproduce. El sustrato político y social que respaldó al fenómeno paramilitar nunca se afectó de manera irreversible y ahora asoma la cabeza, en entornos en los que nuevos y viejos grupos armados están dispuestos a proveer la ‘mano de obra’ para atacar la restitución y en los que la institucionalidad local es débil para defenderla. El ambicioso proyecto de restitución de tierras del gobierno enfrenta el gigantesco desafío no solo de proteger a sus participantes, sino de prevenir los ataques contra ellos y de investigar las amenazas en su contra. Más allá de los esfuerzos que se están haciendo en protección, estos son dos de los flancos débiles en la política oficial para lidiar con un reto que puede incendiar el campo colombiano si no se toman medidas de fondo.

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