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| 7/14/2012 12:00:00 AM

Restitución de tierras: ¡Ojo a las víctimas!

Los campesinos están encontrando más trabas de las que esperaban para reclamar sus tierras: son intimidados por hombres armados, obligados a firmar papeles para que renuncien al proceso y tampoco hay suficientes fondos para su reparación.

Siempre se supo que la puesta en marcha de la Ley de Víctimas no iba a ser fácil. Pero es ahora, cuando ya empezó el proceso de reparación de las víctimas y se están presentando las primeras demandas de restitución de tierras, que empiezan a ser visibles los múltiples obstáculos del proceso.

En Sucre y en Cesar algunas víctimas hablan de supuestos ejércitos antirrestitución, pero las Fuerzas Armadas y Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Tierras, dicen que no existen como tal. Lo que no se puede desconocer es que grupos de hombres armados al servicio de las bacrim o guardaespaldas de hacendados de dudosa reputación están al acecho de las víctimas. El propio presidente Juan Manuel Santos señaló en Montería, la semana pasada, que Augusto Castro Pacheco, conocido como el Tuto Castro, y Ómar Motero Martínez, alias Codazzi, estaban detrás de uno de esos grupos.

Al mismo tiempo, Mauricio Caballero, abogado de víctimas, denunció que la gente del desmovilizado paramilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, y Sor Teresa Gómez, prófuga de la Justicia y quien fue ficha clave de la casa Castaño para el despojo de tierras en Córdoba y Urabá, han empezado una campaña de intimidación de reclamantes de tierras en la región. Entre estos hombres se encuentra, al parecer, un concejal de Montería. Convocan a las víctimas a reuniones y las presionan para firmar una declaración en la que, a cambio de 2 millones de pesos, desisten de participar en el proceso de restitución y declaran ante las autoridades que los Gómez no fueron los despojadores de las tierras. Un campesino desplazado en Montería le dijo a SEMANA que por lo menos 30 personas ya han firmado la declaración. Además, algunos de estos hombres sospechosos merodean en cercanías a la oficina de la Unidad de Tierras en Montería y abordan a quienes salen de allí para negociar con ellos y convencerlos de que no participen en el proceso de restitución. Este fenómeno, como reconoció Sabogal, no es aislado y se está presentando también en las afueras de las oficinas de tierras en otras ciudades. Pero una vez los campesinos acuden a la oficina de tierras, no se pueden echar para atrás. Así quedó establecido en la ley previendo que este tipo de cosas podrían ocurrir.

Por los lados de la reparación económica, la situación tampoco es fácil. Algunas de las víctimas que ya han sido indemnizadas están siendo extorsionadas. Pero igual de grave es que no hay tantos recursos para reparar como se esperaba. A esa conclusión llegó la Unidad de Víctimas, en cabeza de Paula Gaviria, luego de hacer un análisis de los bienes con los que cuenta el Fondo de Reparación. Este fondo se alimenta del presupuesto de la nación, de donaciones que hasta el momento no han llegado, de dinero de quienes han sido condenados (entre ellos parapolíticos), de multas a quienes han financiado a grupos ilegales, que tampoco se han hecho efectivas, y de los pocos bienes que los desmovilizados han entregado, como lo reveló un informe de Verdad Abierta.

Muchas de las fincas o inmuebles que hoy tiene el fondo están en mal estado, solo se puede llegar a ellas en helicóptero o con acompañamiento del Ejército. Algunos tenían deudas que superaban el avalúo o siguen a nombre de testaferros. Incluso, hay unos islotes en Carimagua, que se supone son de la nación pero fueron entregados por el Bloque Centauros como propios, y cuando el río Meta se crece, desaparecen.

Vender esos bienes tampoco es fácil. Hace dos semanas un magistrado de Justicia y Paz ordenó al fondo devolver el dinero a los compradores de la Hacienda Lucitania, que tenía medidas cautelares y estaba al borde de la ruina, porque no pidieron autorización previa. Esta situación también se puede presentar en otros casos, por eso Gaviria estima que una tercera parte de los bienes que tiene el fondo no podrían ser utilizados para reparar a un número de víctimas que sigue creciendo.

Un año después de que el presidente Santos promulgó la Ley de Víctimas, es hora de apretar tuercas para que sí funcione.
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