Restituir lo usurpado, un sueño posible

Hace 52 años, después del capítulo de la historia conocido como la Violencia, una comisión de reconciliación intentó, con una ley, proteger la tierra que había sido usurpada a los campesinos de entonces, pero fracasó en su intento. Cuarenta años más tarde se quiso legislar de nuevo para proteger las tierras campesinas, pues asomaba otro nocivo ciclo de despojo de tierras.

No obstante, la fuerza arrasadora de los grupos violentos pudo más y en las dos décadas de cambio de siglo obligó a 750.000 hogares colombianos a dejarlo todo -fincas, animales, cosechas, casas y enseres- para salvar sus vidas. Atrás quedaron, vacías, improductivas, abandonadas, tres o cuatro millones de hectáreas de tierras. De inmediato, los bárbaros de las metralletas, sus titiriteros y sus testaferros ocuparon muchas de ellas y corrompieron a los funcionarios para legalizar su tenencia.

Vinieron algunas medidas para devolverle la tierra a la gente con la Ley de Justicia y Paz de 2005, tímidas aún. No obstante, al develar la magnitud de su sufrimiento, la puesta en práctica de esa ley puso a las víctimas en la escena central de la política. La vieja lucha campesina por el derecho a la tierra, la madre del conflicto armado colombiano, se animó al punto que, del mano de los senadores Juan Fernando Cristo y del representante Guillermo Rivera, casi consiguió que en 2009 pasara una ley de restitución de tierras. El gobierno Uribe la hundió. No coincidía con su proyecto de país.

De ahí la importancia histórica del capítulo de restitución de tierras de la ley de víctimas que acaba de aprobar el Congreso, esta vez sí con el acelerador político del Ejecutivo a favor. Con este, el país trata a sus campesinos como ciudadanos con plenos derechos y le pone por fin la cara a una urgencia que se había atendido hasta ahora a regañadientes: devolverles el preciado patrimonio a estos millones de colombianos, 90 por ciento de los cuales fueron empujados a la pobreza absoluta. La quimera se volvió un sueño posible.

La restitución de tierras contemplada en la ley es también trascendental porque contribuye al objetivo más amplio de desconcentrar la propiedad de la tierra. Y, por eso mismo, puede hacer que mejore la productividad. Los potreros, hoy alcancías de capitales a veces no tan santos, podrán ser productores de comida que garanticen la seguridad alimentaria nacional.

En síntesis, la ley crea instituciones para sanear los títulos y posesiones sobre los predios rurales en zonas de violencia y así restituir con eficacia a todos aquellos hogares que perdieron sus fincas desde 1991. Pone en marcha el Registro de Tierras Despojadas (RTDA), que se alimentará de las diversas, y dispersas, bases de datos existentes. Inventa la Unidad Administrativa Especial de Gestión Restitución de Tierras bajo el Ministerio de Agricultura, que tendrá ocho sedes con equipos técnicos en las regiones más afectadas por la violencia. Esta completará el RTDA y deberá conseguir la documentación para respaldar a los campesinos en su batalla, hasta ahora tan solitaria, ante la justicia civil. Y además autoriza al Consejo Superior de la Judicatura a nombrar jueces y magistrados civiles especializados en tierras para que fallen las restituciones.

En los cimientos de esta sofisticada construcción institucional está la convicción de que después de un despojo violento de la magnitud del que hubo, que forzó al desplazamiento al 10 por ciento de la población colombiana, sería una locura enfrentar a despojados y despojadores ante la justicia civil, como si se tratara de un conflicto cualquiera de propiedad raíz. "Obviamente el Estado debe mediar a favor de las víctimas", explicó Alejandro Reyes, el reconocido investigador del conflicto agrario colombiano que hoy asesora al ministro Juan Camilo Restrepo.

Es por esto que la norma anula cualquier contrato sobre las tierras en cuestión en zonas de violencia y desplazamiento generalizado, o incluso allí donde la tierra se hubiera concentrado en forma exagerada después de un periodo violento. También declara nulos los contratos realizados entre víctimas y personas condenadas por pertenecer a grupos armados o de narcotráfico. Estos principios, obligan al que hoy posee la tierra en litigio a demostrar que es suya y no como ocurría antes, que era la víctima la que tenía que demostrar que había sido usurpada.

Si el campesino no puede retornar a su finca porque la inseguridad pone en riesgo su integridad o su vida, o si no pueden devolvérsela porque estaba en un parque natural, en la ronda del río o en otro lugar protegido, la ley prevé darle una finca equivalente en otra parte del país. Si no se puede restituir el derecho del campesino con tierras, el gobierno lo hará en dinero. También si tenedores de buena fe tienen títulos o derechos de posesión, estos serán compensados en efectivo.

"Es una norma hecha en terreno, desde la experiencia acumulada de años", dice Jennifer Mujica, asesora del Minagricultura. Por eso se castiga duramente a los funcionarios que tuerzan la ley a su favor, no permite que se paguen compensaciones más costosas que el valor de la tierra ni que los abogados cobren honorarios exagerados.

Pero la ley de restitución de tierras está lejos de ser perfecta. Contempla sí alivios y subsidios para créditos, impuestos o servicios en mora, pero para muchos, como el senador cristiano Carlos Baena, la justicia histórica que se les hace a los campesinos despojados queda coja, pues no facilita el arraigo. "Apenas empieza su nueva vida y la familia campesina ya debe cargar con deudas", dijo Baena a SEMANA.

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado ha sido más crítica. Al restituir solo las tierras, ha dicho Luis Jorge Garay, quien preside la Comisión, la ley se queda imperdonablemente corta frente a la jurisprudencia de la Corte y la internacional. No reconoce el enorme daño emergente por la pérdida de patrimonio (animales, viviendas, cosechas, mejoras) que sufrió el campesinado colombiano, ni el lucro cesante de todos estos años improductivos sobreviviendo en algún tugurio urbano. "Aunque El Estado no lo pueda pagar todo hoy, sí debe reconocerlo y establecer tarifas diferenciales, según los perjuicios sufridos", dijo.

Los retos

Si conseguir el consenso para que la ley pasara por el Legislativo fue difícil, la tarea de ponerla en práctica es infinitamente más complicada. Quienes mataron y delinquieron sin límites para hacerse a buenas fincas no las van a soltar así no más. Ya han muerto muchos líderes campesinos que luchan por la recuperación de sus tierras, y si el gobierno no realiza un esfuerzo de protección mucho más efectivo, pondrá en peligro a los muchos otros que, al sentir al Estado de su lado, se lanzarán a recuperar sus tierras. Y también correrán mayores riesgos los investigadores de la Unidad de Restitución y los jueces que fallen la devolución y ordenen desalojar a los usurpadores.

Hay otros desafíos: reconstruir la historia de 20 años de propiedad o tenencia de miles de predios exigirá un gran desempeño técnico, pues muchas veces los campesinos usurpados ni siquiera tuvieron títulos formales y sus victimarios, en cambio, sí cooptaron las instituciones públicas para falsear registros inmobiliarios, clonar matrículas y burlar las medidas cautelares.

Por último, hay otros actores sociales que deben poner de su parte para que la restitución funcione. Solo para citar dos ejemplos. Los bancos que prestaron sin importar la legitimidad de los títulos de las tierras hipotecadas deben asumir sus pérdidas y no trasladárselas a los más vulnerables de la sociedad. Y las universidades deberán revivir sus especialidades de Derecho Agrario, pues en la mayoría de ellas hoy ni siquiera enseñan la materia.

Con todo y sus limitaciones y dificultades, el capítulo de restitución de tierras de la ley de víctimas es un paso adelante en el largo y sangriento conflicto de tierras colombiano. Le pone el pecho a un nudo gordiano de la violencia colombiana con una respuesta institucional y técnica, que a la vez recoge las lecciones de años de intentos fallidos por construir equidad en el campo colombiano. Y la equidad, lo sabe un niño de primaria, es condición indispensable para construir una paz duradera.