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| 3/3/2014 12:00:00 AM

La pelea de los ‘pimpineros’ en Riohacha

La capital de La Guajira está a punto de entrar en una explosión social por cuenta de la restricción a la venta de gasolina ilegal.

La Guajira ha sufrido fuertes golpes en el último tiempo. El más reciente es la captura del gobernador Francisco ‘Kiko’ Gómez quien tras ser señalado de tener relación con tres crímenes, renunció su cargo a finales de febrero. Ahora su capital, Riohacha, vive un drama que parece va en aumento. Las autoridades pusieron en marcha un plan para erradicar a los llamados ‘pimpineros’, personas que venden en la calle gasolina de contrabando proveniente de Venezuela.  

Hace unos días se dio el primer episodio de lo que puede convertirse en una crisis social. Un grupo de ‘pimpineros’ bloqueó una de las vías principales de la ciudad, los manifestantes quemaron llantas y se enfrentaron con la policía. La razón, protestaban por el decomiso de la gasolina y la prohibición de la venta del combustible en los andenes de algunas de las vías de la ciudad. Incluso la situación se tornó crítica ya que una inspectora de policía resultó herida cuando le cayó una piedra en la espalda. Le dieron 12 días de incapacidad.


El pasado 19 de febrero se presentó una protesta en las calles de Riohacha. Foto Eliana Mejía.

La situación es compleja. Se calcula que entre unas 160 a 200 familias viven de la venta de gasolina de contrabando. En sus improvisadas chozas ubicadas a los lados de las carreteras se venden cerca de 1.450.000 galones al mes. La venta masiva obedece al bajo precio del combustible, mientras en una estación de gasolina en el interior del país un galón supera los 8.200 pesos, los ‘pimpineros’ de La Guajira lo venden a 4.500. La pimpina (cinco galones) cuesta unos 23.000 pesos.

Esa crisis social que podría darse en Riohacha se originó tras un fallo del Consejo de Estado del 2010. Ese alto tribunal ordenó el desmonte de esta actividad para proteger “los derechos colectivos”, “el ambiente sano y la prevención de desastres”. Esto tras una acción popular puesta por una habitante de la ciudad quien aseguró que se vulneraban sus derechos.

Qué dicen las autoridades


El secretario de gobierno de Riohacha, Blas Quintero, sostuvo que la venta irregular “está generando riesgos a la ciudadanía en general y también a quien la ejercen”. A la invasión del espacio público se suma la posibilidad “de una catástrofe” un incendio como el que ocurrió en Maicao en un parqueadero.

La decisión de sacar a los 'pimpineros' de las calles también se sustenta en que la venta de gasolina de contrabando genera detrimento de las arcas de la ciudad ya que no reciben los impuestos que de ella se derivan.

La administración de Riohacha sabe que detrás de esto se puede presentar un problema social por eso durante 18 meses se intentó concertar el retiro de la venta ilegal de la gasolina, pero esto no ha sido posible. Según la administración local, a los 'pimpineros'  les ha ofrecido el cambio de actividad comercial, proyectos alternativos, créditos, pero no ha habido respuesta de parte de los vendedores ilegales quienes quieren mantener la venta.

Ante la negativa la administración tomó la decisión del decomiso del combustible, la judicialización de los vendedores y la restitución del espacio público.

Las medidas que se han tomado solo han sido paños de agua tibia. Tras un acuerdo entre los dos países (Colombia y Venezuela) a Riohacha se le asignaron por parte del Gobierno nacional 450.000 galones de combustible. De estos el 30 % entra en gasolina y el 70 % ACPM. A pesar de ello, esto no es suficiente para suplir las necesidades de combustible de la ciudad y sus alrededores. 

No hay vuelta de hoja para la administración de Riohacha y los ‘pimpineros’. Tras un consejo de seguridad se determinó mantener las acciones contra los vendedores de combustible. Ellos dicen que van a mantener la venta y aseguran que esta es la única forma de manutención en un departamento pobre. Por ahora se vive cierta tranquilidad ya que no se han presentado nuevos brotes de protestas lo que no significa que se vuelvan a producir cuando se quiera nuevemente incautar el combustible.

En Riohacha saben que esta actividad ilegal es muy difícil de erradicar ya que este negocio se ha arraigado en el departamento por años. El problema se agrava ya que de esta venta viven los transportadores y los propietarios de vehículos particulares quienes se verían afectados tras el  incremento del valor de la gasolina o el ACPM. Por ahora la solución no se ve tan clara.
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