¿En qué quedó la discusión por el equilibrio de poderes?

Con un debate intenso y acalorado se inició la discusión en torno a la constitucionalidad de la reforma que eliminaría el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes.

Al final, se hace evidente la resistencia que tiene buena parte de las altas cortes frente a esta disposición que modifica el esquema de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado y la estructura de gerencia y administración del poder judicial.

El otro hecho notable del debate de este miércoles es que, como casi nunca sucede, el procurador Alejandro Ordóñez se pronunció a favor de las intenciones del Gobierno, pues defendió la validez con la que actuó el Congreso al aprobar el ‘equilibrio de poderes’.

Antes de emitir un juicio definitivo, la Corte Constitucional decidió escuchar las opiniones de diferentes sectores. De ahí la realización de la audiencia de esta jornada, en la que organismos de control, las altas cortes, exmagistrados, jueces, académicos, congresistas y el Gobierno defendieron sus puntos de vista.

Las críticas más severas que recibió el acto legislativo desde el Palacio de Justicia salieron de la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Su presidenta, Margarita Cabello, pidió que se declarara inconstitucional el componente judicial del controvertido acto legislativo.

La magistrada cree que si se le permite al Congreso eliminar y sustituir instituciones originadas en la propia Carta a través de su poder de reforma, se corre el riesgo de que en el futuro el legislativo opte por eliminar entidades como la Corte Constitucional y nadie pueda oponérsele.

Por otra parte, para el procurador Alejandro Ordóñez, la Corte ni siquiera tiene competencia para juzgar la reforma. Sin embargo, como cree que es casi un hecho que la corporación emitirá un juicio de fondo, les pidió a los magistrados que avalen la polémica reforma.

Según él, el Congreso debe tener libertades suficientes para transformar las instituciones y el funcionamiento de las ramas del poder público en virtud de las potestades que le ha dado el electorado para que reforme la Constitución.

El Gobierno se defendió, aduciendo que la eliminación del Consejo Superior no fue caprichosa. Según el ministro de Justicia, Yesid Reyes, el aumento progresivo en el presupuesto de la justicia y los gastos sin ejecutar de los últimos años hacen evidente que esa entidad no era la idónea para manejar los hilos del poder judicial.

Además, negó que la incorporación de nuevos empleados y decisiones en materia presupuestal corrieran el riesgo de depender exclusivamente del nuevo gerente de la Rama. Según él, todas las actuaciones en materias gerencial, de gestión y administrativas dependerán también de las discusiones que se libren con los representantes de los empleados, los de los jueces, de los magistrados y los presidentes de las altas cortes, que serían quienes integren la Comisión de Gobierno Judicial.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que no sólo el Gobierno sino todos los colombianos estaban cansados de la inoperancia rampante de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes. De ahí el alivio que, según él, le trae a la ciudadanía el saber que los magistrados y el fiscal general serán juzgados por un Tribunal de Aforados que no estará mediado por ningún interés político.

No opina lo mismo el exfiscal Eduardo Montealegre. Para él, es peligroso que los más altos funcionarios del Estado queden a merced de ese Tribunal, sin contar con la garantía del ante juicio político que, para ellos, había nacido con la propia Constitución de 1991.

Al final, aunque el debate haya sido parejo, parece que el demandante, Montealegre, tiene una buena perspectiva de salir victorioso. Y así lo es porque aunque haya trascendido que el ponente del caso, Alejandro Linares, sugerirá declarar constitucional la reforma, las apuestas indican que ese proyecto de fallo no será aprobado.

Hasta ahora, fuentes de la Corte Constitucional creen que si bien se le dará aval a la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y se validará el nuevo modelo de administración de la Rama, se declarará inconstitucional la creación del Tribunal de Aforados.

De prosperar esa tesis, la Comisión de Investigación de la Cámara seguiría siendo el juez natural del presidente, el fiscal general y los magistrados de las altas cortes, por lo menos mientras el Congreso piensa en cómo reemplazarla.