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| 6/15/1998 12:00:00 AM

RETALIACION

Se abre paso la teoría según la cual las muertes de María Arango, Eduardo Umaña y Fernando Landazábal fueron obra de las extremas derecha e izquierda.

María Arango Fonnegra fue asesinada 10 años después de abandonar su militancia activa en el Partido Comunista. Eduardo Umaña Mendoza corrió la misma suerte 12 años después de recibir su primera amenaza. El ex ministro de Defensa y general en retiro Fernando Landazábal Reyes fue acribillado 14 años después de haber dejado para siempre el uniforme de militar. Los tres cayeron abatidos a manos de sicarios en un lapso de 26 días. Los tres fueron sorprendidos inermes y desprotegidos prácticamente en sus propias casas. Tras la muerte de Arango y Umaña, el pasado 16 y 18 de abril respectivamente, el país se enfrascó, como siempre, en una interminable polémica sobre los responsables de la reanudación de la guerra sucia que un mes antes había cobrado otra víctima. Había sido asesinado en Medellín José María Valle, presidente del comité para la defensa de los derechos humanos en Antioquia. Apenas comenzaban las investigaciones y se atizaba de nuevo la hoguera. El pasado martes fue asesinado a sangre fría al norte de Bogotá el general Fernando Landazábal. El desconcierto creció. Ya no se trataba solamente de la muerte de activistas de los derechos humanos identificados con las organizaciones de izquierda. Había sido atacado un antagonista, un hombre de derecha, cuyos conceptos sobre la guerrilla y los diálogos de paz le habían costado su cargo durante la administración de Belisario Betancur. La muerte del ex ministro de Defensa agudizó el debate sobre el desbordamiento del conflicto interno en Colombia. Sumadas las muertes de Arango, Umaña y Landazábal, los analistas y la opinión se plantearon la misma pregunta: ¿Quién o quiénes están interesados en agudizar la guerra sucia? De inmediato quedaron sobre el tapete una serie de hipótesis. En primer lugar, la más obvia, la izquierda, en represalia por la muerte de los defensores de derechos humanos; en segundo lugar, algunos no descartaban que fuera la ultraderecha con el único propósito de contener la crítica y generar solidaridad y, en tercer lugar, había que contemplar a la mafia, que buscaría desviar la persecución en su contra. En los últimos días, sin embargo, surgió una cuarta: los tres crímenes habrían sido ejecutados por una misma organización para desestabilizar al país. A finales de la semana pasada las autoridades no habían logrado consolidar una teoría para explicar lo ocurrido, pero se había producido un proceso de descarte que dejaba en pie sólo una hipótesis: la posibilidad de que la muerte de Landazábal hubiera sido ejecutada por fuerzas de extrema izquierda para cobrar con su propia mano la muerte de tres prominentes defensores de los derechos humanos. El proceso de descarteLa primera teoría que descartaron los investigadores fue la de que los crímenes de Arango, Umaña y Landazábal hubieran sido cometidos por la misma organización. De acuerdo con los análisis, detrás de esos asesinatos no era lógico pensar que estuviera una organización de izquierda, aun la más recalcitrante, por la sencilla razón de que tanto María Arango _retirada de la vida pública pero activista en favor de los derechos humanos_ como Umaña _con una larga trayectoria defendiendo sindicalistas y militantes de izquierda_ eran figuras claves para un sector que se identifica con la lucha por la justicia social y contra el establecimiento. Una lógica similar fue aplicada en el caso del general. No resultaba coherente que una organización de derecha hubiera perpetrado el crimen, pues Landazábal era una especie de jefe natural de un sector que muchos han calificado de extrema derecha. Aunque el general había tomado la decisión de participar muy poco en la vida pública, sus radicales escritos e ideas sobre el funcionamiento del Estado y la manera de controlar el orden interno eran compartidos por una franja de opinión favorable a la mano dura y enemiga de negociar con la guerrilla. "Por más locos que sean, por más desestabilización que quieran causar, no es lógico que ni la izquierda ni la derecha quieran acabar a quienes de alguna manera los representan. Para desestabilizar no es necesario acabar con los aliados", señaló un investigador consultado por SEMANA.La otra teoría que quedó en el aire fue la relacionada con los narcos. Según los analistas, quienes están en la cárcel no tendrían motivos de fondo para desatar una crisis pues, al fin y al cabo, su suerte jurídica prácticamente está definida y lo que menos les conviene es un deterioro mayor del orden interno que los podría perjudicar. Tampoco les suena probable que sean los mafiosos que están libres, porque los crímenes selectivos no les garantizan que las Fuerzas Armadas desvíen los operativos en su contra. La guerra contra el narcotráfico en Colombia ha adquirido tales dimensiones que la fuerza pública ya tiene cuerpos especializados para perseguir a todos los factores que inciden en el negocio.
Ley del Talión
Despejado hasta aquí el panorama, las averiguaciones de los organismos de seguridad y de la Fiscalía intentan establecer si detrás de los crímenes de las últimas semanas están las tradicionales fuerzas de izquierda y de derecha, cada una cobrando víctimas de su adversario en una siniestra aplicación de la ley del Talión. Y hay explicaciones que apuntalan esta hipótesis. De acuerdo con los análisis, detrás de los crímenes de María Arango y Eduardo Umaña podrían estar miembros de organizaciones paramilitares en diferentes lugares del país que, de tiempo atrás, vienen siendo perseguidos y arrestados por las autoridades con base en decisiones judiciales. Los organismos de seguridad tienen información en el sentido de que los paramilitares responsabilizan a organizaciones de izquierda de orquestar una campaña de persecución en su contra, situación que habría desencadenado una guerra sucia para eliminar a personas-símbolo. Eran los casos de María Arango y de Eduardo Umaña. Si esta hipótesis es correcta, no carecería de validez afirmar que detrás del asesinato del general Landazábal estaría un grupo de izquierda radical. Sería la retaliación por las muertes de Arango y Umaña. Los investigadores apoyan esta teoría con base en hechos ocurridos cuando el general aún estaba en servicio activo. Fue entonces declarado objetivo militar por las Farc y el ELN. En los primeros años de la década de los 80 el alto oficial apareció en una lista de 10 personas que estaban en la mira de 'Tirofijo'. Además, el secretariado de las Farc criticaba duramente la posición de Landazábal frente a los procesos de paz y en sus comunicados y comunicaciones radiales clandestinas la organización se refería al general como 'Lanzabalas'. En cuanto al ELN, su nombre figuraba en una lista de objetivos militares. Por otra parte Umaña, en particular, con su defensa de los sindicalistas, era considerado una especie de aliado de la organización. No en vano durante las exequias del penalista se hicieron presentes dos militantes del ELN que juraron venganza. Con el asesinato de Landazábal se rompió una tradición: en Colombia nunca antes había sido atacado, por controvertido que fuera, un alto oficial de las Fuerzas Militares en retiro. Desde 1971 hasta hoy se han producido seis atentados contra generales del Ejército. Pero estaban en servicio activo. Dos de ellos perdieron la vida: Ramón Arturo Rincón Quiñónez y Carlos Julio Gil Colorado. Otros cuatro: Alvaro Valencia Tovar, Rafael Samudio, Manuel Jaime Guerrero y Manuel José Bonett salieron ilesos. Estas acciones, sin excepción, fueron atribuidas a la guerrilla. Si se trataba de una retaliación por la muerte de los defensores de los derechos humanos la izquierda habría escogido a un símbolo de la derecha. Y esta teoría del ojo por ojo, diente por diente, que se aplica a este caso, tiene otro antecedente. Ocurrió en Villavicencio el 19 de julio de 1994 cuando guerrilleros de las Farc dinamitaron el convoy militar que escoltaba al comandante de la IV División del Ejército, general Carlos Julio Gil Colorado, quien pereció como consecuencia de las heridas que le produjo la violenta explosión. Dos semanas después, el 9 de agosto, dos días después de la posesión del presidente Ernesto Samper, sicarios asesinaron a Manuel Cepeda, legendario miembro del Partido Comunista. Aunque los investigadores no hallaron pruebas de vinculación de miembros del Ejército con el crimen, sí quedó en el ambiente que se trataba de una retaliación.La teoría de que la guerrilla podría estar detrás de la muerte del general Landazábal está siendo contemplada por el Ejército, a juzgar por el allanamiento realizado el jueves a la sede de la Comisión de Justicia y Paz, una ONG. Para obtener la orden judicial que permitió el operativo los militares le dijeron a la Fiscalía que en ese lugar la guerrilla habría organizado el atentado contra el ex ministro de Defensa. Y aunque no hubo resultados concretos, en la opinión quedó flotando la idea de que las Fuerzas Militares ya habían descartado las otras hipótesis en discusión. Las investigaciones apenas comienzan y las pesquisas no han llegado muy lejos. La pregunta que todo el mundo se hace es si estos crímenes, como tantos otros de la misma naturaleza, quedarán en la impunidad. Al fin y al cabo está probado que en Colombia investigar crímenes políticos es una aventura que generalmente no llega a ninguna parte.
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