Retirarse del Pacto de Bogotá es 'llorar sobre la leche derramada'

Un viejo chiste cuenta que un señor llegaba todos los días a su casa y encontraba a su esposa en el sofá teniendo relaciones con un amante. La escena se repetía noche tras noche. Desesperado, el hombre decide vender el sofá para acabar, de una vez por todas, con la infidelidad de la que era víctima. El cuento sirve como analogía de lo que busca hacer el Gobierno con el fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Con el ánimo de minimizar los daños por la pérdida de más de 150.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe que desde el pasado lunes hacen parte de Nicaragua, el Gobierno ha mantenido un discurso que busca apaciguar la indignación de los sanandresanos y de buena parte de la sociedad. Sin embargo, varios expertos coinciden en que no es el camino correcto.

En la noche del lunes, el presidente Juan Manuel Santos rechazó las partes del fallo que le son desfavorables a Colombia, sentando una línea sobre cómo actuará el Gobierno de aquí en adelante. Dos días después y ante la Cámara de Representantes, la canciller María Ángela Holguín, dio otro paso en ese mismo sentido. "Estamos pensando seriamente retirarnos del Pacto de Bogotá. Esto lo estamos mirando, yo les quiero reiterar acá, lo estamos haciendo de forma juiciosa, seria pero rápida. Tampoco esto va a ser eterno. Pero sí estamos protegiéndonos porque esto no nos puede volver a pasar", dijo Holguín.

El Pacto de Bogotá, firmado en 1949 por Colombia, busca imponer una obligación general a los signatarios para resolver sus conflictos a través de medios pacíficos y le da jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia para que entre a dirimir en caso de que no se alcance un acuerdo. "Colombia ya sufrió el mal mayor y lo que debe hacer es trabajar en solucionar el problema de fondo, y no buscar otras alternativas que lo que hacen es generar un mal precedente, porque además no se va a solucionar nada con esa decisión. Es llorar sobre la leche derramada", explica el abogado internacionalista Juan Ramón Martínez.

Los expertos aclaran que el hecho de que Colombia decida retirarse de este tratado no hará que se retrotraiga la decisión de la Corte de la Haya pues ya se ha dictado sentencia al respecto. "Eso debió hacerse el 5 de diciembre del 2001, el día antes de que Nicaragua presentara la demanda ante la Corte, hoy no tiene ninguna implicación y si puede significar que en un futuro estemos renunciando a buscar soluciones por medios pacíficos", explica Martínez.

Ganar tiempo
 
Uno de los escenarios por los que podría optar el país es el de dilatar la aceptación de la Corte, dentro de los tiempos que la misma CIJ establece y que pueden prolongarse hasta por diez años.

"La actitud del Gobierno es bastante ambivalente, no se sabe si va a cumplir el fallo, como debería ser, porque nosotros estamos sometimos a esa jurisdicción, si son maniobras dilatorias, o si en efecto hay una intención de no cumplir con el derecho internacional", comenta Rodolfo Arango, constitucionalista y exmagistrado de la Corte Constitucional.

Si bien el presidente Santos dijo que “rechaza” el fallo que leyeron los jueces en la Haya, y que ordenó que los buques de la armada no se retiren del meridiano 82, también advirtió que las embarcaciones nicaragüenses podrán navegar por las aguas de la disputa.

"Es confusa la situación del país y lo que está en riesgo es la posición tradicional de Colombia de respeto hacia el derecho internacional. El país no debe caer en los consejos del expresidente Álvaro Uribe de querer imponer la fuerza militar por encima del derecho internacional", comenta Arango.

Las decisiones que adopte la administración colombiana no sólo podrían significar un viraje en la tradicional política del país que se ha ceñido a la aceptación del derecho internacional, sino que pueden dificultar aún más las relaciones con Nicaragua, país con el que se deberán acordar de ahora en adelante diferentes acuerdos de tránsito marítimo y aéreo.