RETIRO FORZOSO

DESDE EL 20 DE JUNIO, DIA en que el fiscal general de la Nación, Gustavo de Greiff cumplió 65 años, la cúpula de la rama jurisdiccional se sumió en un largo y acalorado debate que, paradójicamente, tenía poco de jurídico. Se trataba de responder a la consulta que el Fiscal había elevado ante la Corte Suprema de Justicia para que ésta le dijera si debía retirarse de su cargo por haber llegado a la edad en la cual los funcionarios de la rama deben jubilarse. Y aunque alcanzó a hacer carrera la teoría de que la norma que establece la edad límite para ejercer cargos en el poder judicial no se aplicaba para los funcionarios que eran nombrados por un período fijo -como es el caso del Fiscal y los magistrados de la Corte y el Consejo de Estado- lo cierto es que para muchos, en estricto derecho, el debate no era válido: la ley no establece excepción alguna en este tema, y aclara que el Fiscal es un funcionario de la rama jurisdiccional al mismo título que los magistrados, quienes tradicionalmente se han retirado a los 65 años. Cualquier duda sobre su retiro era, pues, un problema puramente interpretativo. Como el mismo magistrado Edgar Saavedra afirmó a SEMANA, "en el derecho las cosas no funcionan como en las matemáticas. Aquí dos y dos no siempre son cuatro. El derecho da gran cabida a la interpretación".
Fue ese margen interpretativo el que dividió a la Corte Suprema en tres bloques. El primero -conformado esencialmente por la Sala Penal- sostenía que, como cualquier funcionario del poder judicial, el Fiscal debía retirarse. Esta tesis favorecía, sin duda, la teoría de algunos integrantes de la sala, según la cual es necesario nombrar en ese cargo a un penalista y no a un académico. El segundo grupo, conformado por aquellos- pertenecientes sobre todo a la Sala Civil -decía que debía permanecer en su cargo, con el argumento de que la norma no se aplica para los funcionarios nombrados por un período determinado. La tercera corriente era partidaria de no pronunciarse, y dejar que el Presidente dirimiera el conflicto con el envío de una nueva terna.
Pero aunque los argumentos jurídicos fueron expuestos largamente durante el debate, en el fondo por la brecha de la interpretación lo que se estaba colando era, en suma, la conveniencia de que De Greiff se quedara o no ocupando su cargo.
Y es que si hay algo que haya distinguido al Fiscal, más allá de lo acertada o desacertada de su gestión, es su polémica personalidad. Pocas veces el país había tenido un alto funcionario judicial que hablara tanto, que dijera las cosas con franqueza y por ello contrastara de tal forma con otros dirigentes y funcionarios. Sus declaraciones abiertas y su desprecio por las múltiples amenazas de que fue objeto lo convirtieron en un ejemplo de verticalidad y decisión.
Aunque la luna de miel del Fiscal con la opinión fue larga, su prestigio se fue desdibujando a medida que sus posiciones y sus decisiones jurídicas se hicieron más audaces. Sus declaraciones, otrora consideradas valientes y francas, comenzaron a ser, a ojos de algunos, imprudentes e inoportunas. Fue este el caso del carcelazo a los concejales por el lío de los auxilios distritales, de sus declaraciones sobre la legalización de la droga, y sus diferencias con el presidente César Gaviria, otros miembros del gobierno y con su homóloga estadounidense, Janet Reno.
Es mucho lo que se ha alcanzado a especular sobre quién será el próximo Fiscal. Al cierre de esta edición, aún el gobierno no había definido la terna que, en todo caso y antes de presentarla a consideración de la Corte, deberá consultar con el Presidente electo Ernesto Samper. Sea como sea, lo cierto es que a pesar de las dificultades que ha tenido la Fiscalía para calificar los procesos relacionados con el orden público, el balance que recibirá el sucesor de De Greiff es bueno. El próximo Fiscal hereda de él el prestigio y la buena imagen que le dio a la institución, pues al fin y al cabo fue Gustavo de Greiff quien les devolvió a los colombianos la fe en la justicia. -