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| 8/7/2010 12:00:00 AM

Reto histórico

Juan Manuel Santos arrancó su gobierno con un inmenso capital político, enormes expectativas y ambiciosos proyectos. ¿Alcanzará la chequera?

La posesión del presidente Juan Manuel Santos, el sábado pasado, fue la última pieza necesaria para acumular uno de los capitales políticos más ricos de los que se tenga memoria en la historia reciente. La amplia victoria electoral, por más de nueve millones de votos, fue apenas la cuota inicial. La transición, manejada con meticulosa estrategia, sirvió para seguir sumando adeptos a la causa santista, bajo el paraguas de la propuesta de un gobierno de Unidad Nacional. El nuevo mandatario ganó puntos adicionales entre grupos escépticos e incluso entre sectores del electorado que acompañó a Antanas Mockus en la segunda vuelta. Una señal muy elocuente de esa realidad fue la columna del ex ministro Rudolf Hommes, un entusiasmado votante de los verdes, en la que en vísperas de la transmisión del mando reconoció que "se ha pasado de incredulidad suspendida a cautelosa expectativa".

La ceremonia de imposición de la banda presidencial siguió engrosando la chequera. Fue solemne y tuvo innovaciones tecnológicas. La presencia de 15 presidentes extranjeros le dio una dimensión internacional y la sorpresiva asistencia del canciller venezolano, Nicolás Maduro -junto a la elocuente frase de Santos: "No reconozco enemigos en ningún gobierno extranjero"-, dejaron en claro que se empeñará en superar la crisis de las relaciones bilaterales. El acto tuvo lugar en la Plaza de Bolívar y al aire libre, a diferencia de las dos de Álvaro Uribe, en 2002 y en 2006, que se habían hecho en el salón Elíptico del Capitolio. El ambiente abierto trajo aires de modernidad, y el hecho de que por primera vez asistiera el Presidente saliente marcó un hito en la historia del protocolo que contribuyó a lograr un mensaje equilibrado entre continuidad y cambio. Al menos en el arranque, Santos logró una dosis calculada de ambos ingredientes.

Los discursos inaugurales marcan siempre una pauta. Después de las intervenciones de campaña, con las que se trata de sumar votos, las palabras de posesión muestran las verdaderas intenciones del gobernante. El de Santos tuvo un tono más liberal que el que había utilizado como candidato, fue incluyente y conciliador, y dejó en claro que está dispuesto a medírseles a los grandes problemas que ha acumulado el país en décadas: la tenencia de la tierra, el desempleo, los flagelos que acechan al campo y a los campesinos, la pobreza y la corrupción. Continuador por excelencia de la seguridad democrática, dijo con toda claridad que está dispuesto a buscar contactos con la guerrilla: "La puerta del diálogo no está cerrada con llave", dijo, frase que en los ocho años de Álvaro Uribe se habría considerado un anatema.

El nuevo gobierno arranca en plena luna de miel. La popularidad del presidente Santos -76 por ciento- es incluso un punto más alta hoy que la de Álvaro Uribe. Con el ingreso del Partido Liberal y de Cambio Radical a la coalición de gobierno -junto a la U y los conservadores- las mayorías parlamentarias llegan al 80 por ciento. Los medios de comunicación han sido elogiosos del ajedrez político que ha jugado Juan Manuel Santos desde el día de su elección, y la oposición es débil, está dividida y no ha logrado enarbolar sus banderas.

La gran pregunta es si la luna de miel será pasajera, como lo ha sido en los gobiernos anteriores a Álvaro Uribe, y eso dependerá de la manera como el nuevo gobierno decida jugarse su cuantioso capital político. Si algo deja en claro el discurso de posesión de Juan Manuel Santos es que tiene una agenda muy ambiciosa por la que está dispuesto a desgastarse.

La fórmula para hacerla realidad tiene dos componentes: buen gobierno y Unidad Nacional. El primero contiene principios y elementos sobre transparencia y manejo decente del poder y de los recursos públicos, de buen recibo entre quienes durante la campaña electoral se entusiasmaron con la famosa ola verde. Y la Unidad Nacional garantiza las mayorías necesarias en el Congreso para aprobar las leyes y reformas estructurales con que el nuevo gobierno aspira a dar un paso adelante en materia de prosperidad. A juzgar por el discurso de posesión, la administración Santos tiene una vocación reformista.

Con el cambio de Presidente, de Uribe a Santos, hay también un giro en las prioridades y una modificación de la agenda. La seguridad democrática y la guerra contra las Farc se mantendrán, pero ya no van a la vanguardia del discurso presidencial. En su lugar están otros asuntos que tienen que ver con los cimientos de la economía, las fallas de salud, los problemas atávicos de la tierra y el desafío del empleo.

La agenda económica y social se concentra en grandes reformas en los sistemas de regalías, en la tenencia de la tierra, en los desequilibrios de salud y en la estructura fiscal. Con el tema de regalías, uno de los huesos más duros de roer, se pretende buscar una utilización más racional y mejor distribuida de los seis billones de pesos que el país recibe por exportaciones de recursos energéticos. En la actualidad hay una concentración en el destino de este dinero que favorece a los departamentos donde están el petróleo, el carbón y otros minerales. La idea consiste en lograr que estas regiones acepten que los beneficios de los recursos naturales deben llegar a todos los colombianos. Según anunció el sábado pasado, Santos buscará invertir el 10 por ciento de las regalías en planes de ciencia y tecnología.

Quizás el toro más bravo al que se la va a medir el gobierno, en su etapa inicial, es el de tierras. El planteamiento contempla una redistribución, "para que regresen a manos campesinas, a las de los que de verdad las trabajan con vocación y sudor". El gobierno pretende echar para atrás la concentración de las tierras fértiles que han quedado en manos de los narcotraficantes y paramilitares, para reparar a las víctimas de la violencia y utilizarlas de una manera productiva para jalonar la economía. Este es un tema que no se ha resuelto, que toca muchos intereses y que está en el epicentro de las causas de nuestro conflicto armado. Habrá que ver si es una consigna para entusiasmar o una política para reformar definitivamente el campo.

En cuanto a la salud, el nuevo gobierno encuentra un panorama difícil. El sistema no genera el volumen de recursos que necesita para funcionar, y la reforma con que Álvaro Uribe intentó hacerlo viable -mediante la figura de la Emergencia Social- fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Este asunto explosivo y sensible está en la lista de 'pendientes' del nuevo gobierno. La idea es hacer una revisión de fondo para garantizar la viabilidad financiera de todo el sistema de salud.

Otra prioridad será la reestructuración del andamiaje fiscal. El presidente Santos hereda un déficit cercano al 4,5 por ciento del PIB, pero -según reiteró en forma insistente durante su campaña electoral- no está de acuerdo con la creación de nuevos impuestos ni con un aumento de tarifas de los ya existentes, porque podrían afectar la inversión y el crecimiento. El gobierno aspira a tapar el hueco fiscal con la bonanza minera y energética que se avecina. Además, acoge la idea de la 'regla fiscal', que impone la obligación de ahorrar recursos gubernamentales en épocas de bonanza para contar con dinero en los momentos de penuria. Y establece limitaciones en el crecimiento del gasto.

Todas estas reformas en salud, tierras, regalías y estructura fiscal necesitan modificaciones a leyes vigentes e incluso -en casos como el sistema de regalías- a preceptos de orden constitucional. Eso implica un inteligente y efectivo manejo político en el Congreso, cuyos representantes, a pesar de que en su mayoría apoyan la Unidad Nacional, no van a ver con buenos ojos algunos de estos proyectos que tocan sus intereses particulares o regionales. Un gran desafío tendrá Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, quien coordinará la ambiciosa agenda legislativa. Y en la cartera de Vargas Lleras también se encuentran otras iniciativas de reforma importantes para el nuevo gobierno, tanto en el campo político como en la justicia.

Las expectativas inmediatas, en ambos temas, también son muy altas y ambiciosas. Vargas Lleras buscará mejorar las relaciones con la Corte Suprema de Justicia, generar confianza para hacer viable la cooperación armónica que exige la Constitución y desbloquear la elección del Fiscal General de la Nación. Hay un clima de optimismo, y en ambas partes -la Corte y el nuevo Ejecutivo- ha habido expresiones constructivas sobre la necesidad de pasar la página del 'choque de trenes' de la era Uribe. Aún hay asuntos pendientes -si se modifica la terna presentada por el anterior gobierno, por ejemplo-, y la desaparición de tensiones no se garantiza con el cambio de gobierno. Pero soplan buenos vientos.

También hay temas de fondo que tienen que ver con la estructura de la Justicia. Cambios que seguramente requerirán más tiempo y que dependerán de la aprobación de proyectos legislativos. El nuevo gobierno restablecerá el Ministerio de Justicia, que hace ocho años fue fusionado con el del Interior. En conjunto, este panorama significa que la nueva administración buscará darle un revolcón al andamiaje estructural del poder judicial.

En el campo político también hay vientos reformistas. Germán Vargas Lleras tiene una lista larga de temas, en la que sobresalen dos: un estatuto de la oposición y el fin del sistema de voto preferente en la elección del Congreso. En principio buscará un diálogo con el partido de oposición, el Polo Democrático, para revisar la garantía de los derechos con que cuenta para participar en la política y competir por el poder. Y también buscará desmontar el sistema de voto preferente -que el elector pueda escoger a su candidato individual dentro de la lista de los partidos-, que fue una transacción necesaria para aprobar la reforma política de 2003. En aras de fortalecer los partidos, eliminar las campañas personales y evitar la competencia entre miembros de una misma lista, en el futuro se votaría en bloque.

La lista de reformas, en síntesis, es ambiciosa y trascendental. Con su equipo de pesos pesados y con condiciones de gobernabilidad que cualquiera envidiaría, Juan Manuel Santos considera que puede hacer una gestión al estilo de Carlos Lleras Restrepo o César Gaviria, presidentes que se empeñaron en actualizar y modernizar las instituciones. El nuevo Presidente tiene mayorías amplias en el Congreso, y bajo el esquema de Unidad Nacional buscará sacar adelante la agenda y evitar un conflicto como el de Lleras Restrepo -cuando amenazó con su renuncia para lograr la aprobación de la Reforma Constitucional de 1968- o como la fórmula de 'gobierno de revolcón', de César Gaviria, que apeló a su cierre y reemplazo por una Constituyente.

Santos ha tenido inmejorables relaciones con los congresistas, y como maestro de ceremonias de la coalición agrupada en la Unidad Nacional escogió a Germán Vargas Lleras, quien se mueve como pez en el agua en el Capitolio. Falta ver si este esquema es suficiente. La ambiciosa lista de proyectos incluye temas que pisan callos y tocan intereses personales de poderosos actores que también tienen influencia en el Congreso. De hecho, algunas de las reformas planeadas afectan directamente a los parlamentarios. La de regalías, porque redistribuye recursos que hoy van a algunas regiones y porque aumenta el control del gobierno central sobre su utilización. Ni qué decir de la reforma a la salud, que implica un debate realista sobre qué sectores de la población se quedarán por fuera del sistema o qué servicios serán excluidos del POS. En materia política, los senadores y los representantes son los grandes beneficiarios con el sistema de voto preferente que Santos quiere desmontar. La anunciada Ley de Ordenamiento Territorial genera todo tipo de resistencia en el Congreso y ha sido pospuesta durante años porque lleva consigo el difícil debate entre centralismo y descentralización.

El balance final sobre la manera como el nuevo gobierno gastará el enorme capital político y la conclusión sobre si será suficiente para sacar adelante la agenda de reformas tienen dos escenarios posibles. El más optimista sería el de la innovación en el manejo de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, para acordar los proyectos prioritarios dentro de la idea de la Unidad Nacional. El pesimista indicaría que los parlamentarios vuelvan a empeñarse en satisfacer sus apetitos clientelistas y exijan cuotas y dádivas que sobrepasan la capacidad -y la intención- del gobierno, y obligan a interminables negociaciones en las que se ahogan, o se diluyen, los proyectos.

El presidente Santos ha alcanzado un clima de esperanza que con el tiempo se convertirá en exigencias y demandas por resultados, y que depende en alto grado de lo que pueda sacar en el Legislativo. Su discurso de posesión es una agenda ambiciosa que sugiere que el nuevo Presidente no quiere medias tintas. Y si no hay avances prontos y contundentes, las esperanzas de hoy pueden ser frustraciones a la vuelta de la esquina. Los obstáculos por vencer son numerosos: la ineficacia del Congreso, la proliferación de promesas, la posibilidad de que las expectativas de hoy se conviertan en frustraciones de mañana. La mención del diálogo con la guerrilla, aunque prudente y limitada en un marco de exigencias, abre la caja de Pandora que el país conoció en la administración Pastrana. Y las buenas intenciones de mejorar las relaciones con Venezuela se pueden chocar con el impredecible comportamiento de Chávez.

Lo más probable es que el presidente Juan Manuel Santos trate de sacarle el máximo provecho a la luna de miel que caracteriza el principio de su mandato. Los primeros 100 días, en los que tradicionalmente se hace un primer corte, y la primera legislatura serán claves. Servirán para que los colombianos sepan si la Unidad Nacional, el buen gobierno y la prosperidad democrática son simples frases y anhelos utópicos o los parámetros para fijarle un rumbo nuevo al país. La chequera de la gobernabilidad está llena, pero los propósitos son enormes. Y el reto es histórico.
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