Retorno imposible

Mientras miles de víc-timas escuchaban el discurso del presidente Juan Manuel Santos en Necoclí, Antioquia, el pasado 11 de febrero, Máximo Hoyos emprendía, a escasos kilómetros de allí, un peligroso viaje para tratar de recuperar la finca que los paramilitares le robaron 17 años atrás. Si hubiera asistido a la concentración presidencial se habría encontrado con el hombre que hoy vive en su propiedad, señalado por varias víctimas de haber ayudado a las autodefensas en el despojo de tierras en esa parte de Urabá.

Máximo no viajó a Necoclí para escuchar el discurso del presidente. Lo hizo pensando en que el despliegue de fuerza pública por la presencia del mandatario le permitiría cumplir con un nuevo y riesgoso capítulo en la larga lucha que viene librando por recuperar la finca Nueva Australia, que su padre adquirió en los años setenta en la región de Las Tulapas y en la que él y su familia vivieron por más de 20 años.

El despojo

A mediados de 1995, después del asesinato de dos de sus hermanos, la familia Hoyos se vio obligada a 'vender' las 296 hectáreas que habían adquirido a 13 propietarios distintos e incluían algunos baldíos que habían ocupado. Por una década, el miedo les impidió denunciar. Solo tras la desmovilización de los paramilitares, en 2006, se atrevieron. Desde entonces, Máximo se ha embarcado en una travesía cuyo más reciente capítulo parece sacado de una novela de Kafka: para certificar su propiedad, la Fiscalía le pidió a Máximo encontrar por su cuenta a los vendedores originales de esos 13 predios o a sus descendientes, en una de las regiones atormentadas por los grupos que sucedieron a los paramilitares y donde las tierras siguen en manos de los despojadores. Entre ellos, Guido Vargas, el 'comisionista' de los paras, que, según ellos, les quitó la finca y vive hoy en Nueva Australia.

Perdida entre colinas forradas de una densa vegetación y a más de cinco horas en carro y a pie de Necoclí, Nueva Australia está en una zona estratégica para el tráfico de armas y drogas. La presencia de las guerrillas del EPL y las Farc y la llegada posterior de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) de los hermanos Castaño, a fines de los años ochenta, convirtieron a esta parte de Urabá en una de las regiones más violentas de Colombia. Solo de Turbo salieron desplazadas más de 20.000 personas entre 1997 y 2007, dejando abandonadas más de 3.500 hectáreas, según cálculos de Acción Social y Pastoral Social. El EPL se desmovilizó en 1991, pero un reducto decidió unirse a las ACCU y para probar su lealtad emprendió una cruel venganza contra los mismos campesinos que antes le habían colaborado. Entre ellos estaba Máximo Hoyos, quien como presidente de la junta de acción local de la vereda La Pita trataba con la guerrilla. Por eso, creen los habitantes de la región que los 'paras' mataron a dos de sus hermanos en la madrugada del 10 de julio de 1995.

Sin negar que en ocasiones tuviera relación con los guerrilleros, Máximo cree que sus hermanos murieron por otro motivo. Guido Vargas, un campesino trabajador y fornido, casado con su prima y con relaciones con los 'paras', se había enamorado de 100 de las hectáreas de la Nueva Australia. Pero los Hoyos no querían desprenderse de ninguno de los 13 predios que su padre había comprado de a poquitos. Guido les hizo una oferta de compra que ellos rechazaron. Días después, los paramilitares llegaron hasta donde estaban Never Fray y Luis Edilberto Hoyos y dos muchachos de la vereda que eran sus ahijados y les ayudaban con las tareas del campo, y mataron a los cuatro. Un mes más tarde, la madre de Máximo viajaba a Montería para estampar con caligrafía temblorosa su firma en la escritura. El comprador era el comandante paramilitar Salvatore Mancuso.

El viaje

Hoy en la región impera la ley de los Urabeños, que paralizaron a Urabá en enero. Por eso, al día siguiente de la concentración presidencial en Necoclí, Máximo, armado de su carpeta de documentos bajo el brazo, y el equipo de SEMANA emprendieron el viaje hasta la Nueva Australia con una escolta de 30 policías.

El trayecto tomó cuatro horas en una camioneta por una carretera destapada que pasa por varias veredas de Tulapas y una hora más a pie por una trocha resbalosa, desde la vereda La Pita hasta la puerta de la finca.

En el camino, que solo había recorrido una vez desde que salió en 1995, Máximo recordó. Recordó que no existían hace 40 años los vastos potreros con ganado y los árboles de teca y caucho que hoy bordean la carretera. Cuando los Hoyos llegaron a esta tierra fértil, los palos de limón y guayaba crecían sin dificultad, como la maleza, y abundaban los yarumos y los guácimos. Los campesinos cultivaban plátano, yuca, ñame, y tenían granjas pequeñas con algo de ganado y gallinas. "Éramos pobres pero muy felices", dice.

Al pasar por un rincón estrecho de la carretera Máximo comentó que una mula testaruda se había encallado allí. Al cruzar una quebrada, hizo memoria de que cerca había matado a un tigrillo, cuya piel terminó decorando una pared de la casa. Le hubiera gustado no acordarse, pero recordó también un árbol del que los paramilitares colgaron a dos muchachos, cuyos cuerpos terminaron convertidos en banquete de las aves carroñeras. Y, al pasar frente a la carnicería en Pueblo Nuevo, se le vino la imagen de la cabeza cortada de un hombre que los paras obligaron a exhibir entre las reses y viandas a la venta.

Pero ninguno de esos recuerdos es tan triste para Máximo como cuando tuvo que acompañar al CTI de la Fiscalía en su única visita a la finca, en 2007, para exhumar los cuerpos de sus hermanos y llevarlos a Medicinal Legal en Bogotá para que expertos forenses certificaran que habían fallecido por muerte violenta y la familia pudiera pedir la reparación al Estado. No fue fácil encontrarlos. El papá de Máximo había cavado una fosa en donde los sepultó a los dos, solo y con prisa. Quedaron bajo la sombra de un árbol, en lo alto de una colina, sin señal alguna que marcara el lugar.

La Nueva Australia

Esta vez, al llegar a la puerta de la Nueva Australia, Máximo se detuvo de golpe. Desde donde estaba veía la colina en la que estuvieron enterrados sus hermanos y donde ahora alguien había puesto una cruz. A la derecha, a unos 50 metros, se alza la casa de Guido Vargas. En 2007 no lo vio porque no estaba en la vereda, pero esta vez tenía miedo de encontrárselo. Era domingo y probablemente estaría descansando en su casa. En silencio, Máximo se encaminó hacia el lugar que fue la tumba de sus hermanos. El equipo de SEMANA, por su parte, subió la loma hasta la casa del 'despojador'.

Con la mirada inquieta y la respiración agitada, Guido Vargas esperaba a los visitantes mientras se mecía en un chinchorro. Otros campesinos lo habían prevenido de la visita del antiguo propietario, acompañado de la Policía y los periodistas.

Su casa campesina es fresca. El techo de palma amarga le hace buena sombra y, como no tiene muros externos, la brisa se entromete por todos los rincones, como también lo hacen los perros, las gallinas y un inmenso pavo que deja sus patas marcadas sobre el piso de tierra. Además de los animales, en la casa viven varios niños y la señora, pero Guido ha tenido varias mujeres y es padre de más de diez hijos. Uno de los mayores, Vanner Virgilio, es soldado profesional, cuenta Guido con orgullo.

Su historia añade aún más complejidades a la disputa por la tierra en Colombia. Su padre tenía una finca en la vereda La Naranja; en 1994 el EPL la invadió, quemó los ranchos y trató de robarles más de 300 cabezas de ganado. Guido fue a pedir ayuda al Fondo Ganadero de Córdoba y allá le dieron una carta con la que se presentó ante el capitán Morantes del Ejército, en Carepa. Con apoyo de los militares lograron salvar el ganado y reubicarse en otra finca. Un año después, Guido llegó a la región de Nueva Australia a trabajar como aserrador.

Además de su trabajo como campesino, Guido terminó convertido en 'comisionista' de tierras de los paramilitares. Luego del asesinato de los hermanos Hoyos, mucha gente abandonó sus tierras. Guido fue de los pocos que se quedó y, como tenía contactos con los paramilitares, cuenta que terminó sirviendo de enlace a los que querían venderlas. "El cuento de que aquí echaron a la gente y le quitaron las tierras es falso," dice. Afirma que la finca en donde construyó su casa se la dieron los 'paras' como recompensa por su trabajo, pero no quiso revelar los nombres de quienes se la regalaron. "Es una pregunta difícil de responder".
Más de 20 víctimas de la región han declarado dentro del proceso de Justicia y Paz de que la compraventa de tierras se hizo bajo amenaza y que Guido Vargas era el hombre que les insistía: "Si no vendes tú, vende la viuda". El mismo Guido, a quien conocían con el alias de Camisa Verde, los acompañaba hasta Montería, donde firmaban los contratos y los llevaba a cobrar el dinero hasta la oficina de Sor Teresa Gómez. Esta mujer, hoy prófuga de la Justicia por su presunta participación en el asesinato de la líder comunitaria Yolanda Izquierdo, administraba los recursos de las AUC para la compra de tierras. (Vea Los especialistas) 

Algo parecido, cuenta Máximo, le sucedió a su familia. Un mes después del asesinato de sus hermanos, Guido les informó que Mancuso les ofrecía 44.000 pesos por hectárea. A los pocos días la mamá de Máximo viajó a Montería a firmar el contrato de venta por 19.800.000 pesos. Solo recibieron la mitad: uno de los cheques de Mancuso, por 9 millones de pesos, salió chimbo.

La saga

Pasaron diez años en silencio hasta que vieron un comercial en televisión en el que invitaban a las víctimas de las autodefensas desmovilizadas a denunciar sus atropellos. "El que se atreviera a denunciar antes se moría", explica Máximo. Con mucho temor, acudieron ante varias instancias sin mayor resultado. Solo cuando la revista Cambio publicó la historia, que tituló 'Los cheques chimbos de Mancuso', el Ministerio de Agricultura escogió a la Nueva Australia como uno de los casos prioritarios de un programa de recuperación de tierras creado en 2007.

A pesar de eso, hasta hoy Máximo y su familia no han logrado ni recobrar sus tierras, ni la reparación económica total por la muerte de sus dos hermanos, ni han podido hacer efectiva la carta-cheque para desplazados que les permitiría vivir en una casa de 70 metros cuadrados en una barrio popular de la gran ciudad donde viven ahora. Tampoco han visto que los culpables del robo de su finca y del asesinato de sus hermanos estén pagando una condena.
"Ya estoy vencido, pero no por los paramilitares sino por el gobierno. Por ellos me siento más humillado", dice Máximo, quien no sabe leer ni escribir muy bien pero se ha dedicado los últimos seis años a buscar quién le ayude a redactar peticiones y solicitudes, buscar poderes, autorizaciones y legalizaciones y llenar innumerables formularios. Dice que en Acción Social lo han hecho llevar los mismos documentos seis veces y guarda copia de todos los radicados. Pero lo que más le duele no es la ineptitud ni el desorden del sector público, sino que, al mismo tiempo en que ellos pedían en vano atención y protección, los organismos del Estado permitían la legalización del robo de sus tierras. (Artimañas del despojo: Falso poder, Mapas, La Nueva Estrella)

El 20 de diciembre de 2006, Máximo Hoyos solicitó al Incoder incluir la Nueva Australia dentro del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta) que ampara con medidas especiales de protección los predios dejados por desplazamiento forzoso. El Incoder se demoró un año en incluirlo en el sistema y, en vez de darle una adjudicación preferente provisional, le adjudicó a Guido Vargas y a uno de sus hijos parte de los predios que habían sido de Nueva Australia, allí donde SEMANA lo entrevistó. Ellos le cambiaron el nombre por 'Los cuatro ébanos'. Solo hasta mediados de 2010, el Incoder revocó los títulos pero no porque estos hicieran parte de Nueva Australia, sino porque los Vargas ya tenían otro baldío adjudicado y la ley prohíbe más de uno por familia.

La Fiscalía 119 de Turbo abrió una investigación por desplazamiento forzoso en la cual implicó a Guido Vargas y emitió orden de captura en su contra en 2008. Pero el proceso fue archivado y tanto él como los demás inculpados quedaron libres. Los abogados de las víctimas apelaron argumentando que no habían llamado a declarar a todos los implicados y que nunca investigaron de dónde sacaban el dinero para comprar las tierras, pero un fallo en segunda instancia ratificó la decisión de la Fiscalía.

Con las declaraciones de Mancuso, que menciona a Guido Vargas; las de Freddy Rendón Herrera, El Alemán, quien comandó el bloque Elmer Cárdenas de Urabá, y de otros desmovilizados, se abrieron nuevas investigaciones para determinar cómo fue el robo de tierras de Tulapas. La recién creada Subunidad Élite de Persecución de Bienes ordenó a mediados de septiembre de 2011 restituir las primeras 407 hectáreas y el próximo 26 de marzo en audiencia pedirá la restitución de otros predios, entre los que se encuentran los únicos dos que los Hoyos habían titulado y registrado y que hacían parte de Nueva Australia. Para probar que los otros predios también eran de la familia, aunque nunca fueron formalizados, Máximo viajó hasta su antigua finca a buscar a quienes se los vendieron a su padre. Solo encontró a uno de ellos, un viejito ciego dispuesto a dar su testimonio a cambio de dinero.
 
Si el juez le da la razón a la Fiscalía y ordena restituir los dos predios, de todas maneras Máximo y su familia no piensan volver. Terminarían de vecinos de Guido Vargas, a quien le producen zozobra las palabras del presidente Santos de que la restitución se hará "contra viento y marea". Lleva más de 15 años trabajando las tierras que alguna vez fueron Nueva Australia y, así no tenga títulos, no piensa dejarse sacar. "Se va a armar un problema grandísimo porque hay mucha arma regada", terminó Guido, desde su chinchorro, su charla con SEMANA. Máximo, mientras tanto, esperaba escoltado por los policías a la entrada de la finca. No quiso arriesgarse a subir hasta la casa, ni Guido lo invitó a pasar.