RETORNO LA CALMA

LA BOLSA de Bogotá, afectada por las difíciles circunstancias económicas del país, se vio agitada durante las
últimas tres semanas por un controvertido y espinoso tema. En los 70 años de historia de la entidad ha sido
costumbre que cuando un cliente pierde dinero en una operación =por culpa de un comisionista o por una
circunstancia irregular externa en la transacción= el corredor de bolsa debe responder.
Esa figura se llama de saneamiento y busca, además de darle transparencia al mercado, servir al cliente,
privilegiando sus intereses. Pero un incidente propiciado en torno a una operación por 871 millones de pesos,
con aceptaciones bancarias robadas, estuvo a punto de cambiar esas reglas de juego. Con el agravante de
que los papeles ingresaron al mercado bursátil por intermedio de la firma comisionista del presidente de la
Bolsa de Bogotá, Augusto Acosta.
Entre el 22 y el 26 de octubre de 1988 la corredora Promotora Bursátil negoció cuatro aceptaciones bancarias
que fueron adquiridas por otras sociedades comisionistas =Acciones y Valores, Valores del Popular y
Corregan= para sus clientes la Fundación Restrepo Barco, el Fondo de Valores Opción Colombia y el Fondo
de Garantías, Fogabol .
El pasado 28 de diciembre, cuando el Fondo Opción Colombia trató de hacer efectivo el pago de su inversión,
se encontró con una orden de no pago emitida por la Fiscalía General de la Nación porque los títulos habían
sido robados de las oficinas de Mitsui de Colombia.Su pérdida fue notificada a las autoridades el 10 de
noviembre.
El asunto llegó al consejo directivo y a la Cámara Disciplinaria de la Bolsa. Como es costumbre; los clientes
pidieron la devolución de su dinero. Sin embargo, el pasado 3 de febrero la Cámara Disciplinaria cambió su
doctrina rutinaria y palabras más, palabras menos, dijo que los clientes deberían esperar a que el asunto lo
dirimiera la justicia.
Al tratar el caso debieron declararse impedidos los presidentes de la Bolsa y del consejo directivo. El primero,
Augusto Acosta, y su esposa, Consuelo Muñoz Leyva, poseen más del 16 por ciento de las acciones de
Promotora Bursátil, la comisionista vendedora; y el segundo, Gustavo Cadena, preside Corregan, otra de las
firmas intermediarias.
En los corrillos del mercado no fue bien visto que se cambiara la doctrina de pago a los clientes en un caso
que implicaba a los principales directivos de la Bolsa. La Superintendencia de Valores pidió a la Bolsa de
Bogotá publicar en la prensa el revolcón en la doctrina para que los inversionistas supieran a qué atenerse de
ahora en adelante.
El asunto puso entre la espada y la pared al mercado. Vino entonces un nuevo debate legal, que se resolvió el
pasado jueves 25 de febrero cuando la Cámara Disciplinaria de la Bolsa decidió regresar a su posición
tradicional. La Promotora Bursátil deberá responder a los clientes con 578 millones de pesos y Corregan con
298 millones de reesos.
El pasado viernes la bolsa pareció calmarse. No obstante el tema seguirá debatiéndose y la doctrina será
revisada, como de hecho se venía haciendo desde 1991. Pero una decisión deberá tomarse en frío, y no sobre
un controvertido caso. De hecho, se establecerá en el futuro la figura del tribunal de arbitramento para resolver
las controversias del mercado.