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| 10/31/2009 12:00:00 AM

Retrato de una frontera cada vez más caliente

SEMANA.COM visitó la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela donde ocho jóvenes colombianos fueron asesinados. La presencia de grupos armados y la indulgencia de las autoridades hace de la frontera un polvorín.

En San Cristóbal, Venezuela, nadie se atreve a sostenerlo de frente pero todos lo piensan: la masacre de once jóvenes hace una semana fue perpetrada por el ELN, que tiene presencia de vieja data en el municipio de Fernández Feo, Estado del Táchira, frontera con Colombia. Pero quienes conocen el sitio específico van más allá. Aseguran que una operación como esa no se pudo perpetrar sin la complacencia de las fuerzas militares de Venezuela, destacadas allí con bases permanentes.

Varios elementos concretos apuntalan esa tesis. Para empezar hay que decir que se trató de una sofisticada operación de comando que se desarrolló a dos kilómetros del aeropuerto militar de Santo Domingo. La terminal aérea queda sobre la troncal que comunica el occidente del país con los llanos. La guardia nacional venezolana tiene bases fijas a ambos extremos de la arteria vial, en puntos aledaños al aeropuerto, mientras que la vigilancia de zona escarpada corre por cuenta de guardia rural, con una base permanente en la periferia. En síntesis, se trata de un radio de diez kilómetros muy vigilados.

Fue justo allí donde un grupo cercano a 20 hombres organizados y exhibiendo armas de guerra llegó a bordo de dos camionetas. Incursionaron en la rudimentaria cancha de fútbol del poblado de Chururú. Era el mediodía del pasado 11 de octubre. En el lugar había unas 60 personas que asistían a un partido entre colombianos y venezolanos, la mayoría reconocidos como vendedores ambulantes que se rebuscaban la vida en San Cristóbal, capital del Táchira. “¡Todo el mundo al suelo, bocabajo, que nadie nos mire!”, ordenó quien comandaba el grupo. A continuación tomó la lista de jugadores y fue llamando a los once aparecían en el equipo colombiano. Los montaron en las camionetas, incluyendo una tercera que robaron del lugar y sin más se los llevaron. “El que nada debe, nada teme” alcanzó a decir el jefe del grupo a las mujeres y niños presentes que rompieron en llanto.

Cuando abandonaban el lugar con once secuestrados: diez colombianos y un peruano, se encontraron con otro joven que caminaba por allí y también se lo llevaron. Se trataba de Diego Alexánder Poblador de 25 años, el único venezolano que al parecer cayó en la redada de manera fortuita. Las familias de las víctimas guardaron silencio los primeros días.
 
Esperaban que los muchachos fueran dejados en libertad de un momento a otro. Pero al tercer día, desesperados, decidieron denunciar el hecho. Mientras esperaban alguna razón varios intentaron comunicarse a los celulares que tenían algunos de los secuestrados. “Como al quinto día alguien me contestó y yo pregunté por mi familiar. Pero sólo me dijeron ‘Dígale a toda esa gente que deje de estar haciendo escándalo por los medios, que ya van a aparecer’. Y vea como aparecieron”, le contó a SEMANA en San Cristóbal un familiar que pide reservar su nombre.

Efectivamente el 24 de octubre, luego de doce días de secuestro los jóvenes aparecieron muertos. Los cuerpos se encontraron en diversas zonas del Táchira, repartidos en grupos de tres, no muy distantes de donde los raptaron. Tenía signos de tortura y tiros de gracia en la frente y el cuello. Únicamente Manuel Junior Cortés logró sobrevivir. Este colombiano de 19 años llegó gravemente herido hasta el poblado de Potosí, a cinco kilómetros de donde lo abalearon junto a dos compañeros. De allí fue trasladado hasta el hospital de San Cristóbal y luego, bajo la custodia del Ejército de Venezuela, fue recluido en el hospital militar de Caracas. Su testimonio es clave para descifrar los pormenores del múltiple crimen. En palabras del gobernador del Táchira y opositor del chavismo, César Pérez Vivas, se trató de “una masacre dramática que repugna la conciencia humana”.

SEMANA pudo establecer que dos de los hombres asesinados estaban tramitando solicitud de asilo por amenazas. Se trata de Mauricio Ospina y Adolfo Amador Ramírez, ambos de 38 años. El cadáver de este fue llevado a Bogotá mientras que el otro fue entregado a sus dolientes en Medellín.

En Táchira se habla de “los hombres del monte” para referirse particularmente al ELN replegado allí desde hace varios años. Este grupo es el principal sospechoso de haber perpetrado la masacre. Según lo que ha trascendido del sobreviviente los delincuentes usaban prendas con insignias del Che Guevara y los torturaron para que confesaran que eran paramilitares. Cortés también contó que los tuvieron en un grupo, debajo de un puente y que fueron separados únicamente el día de la ejecución. Pero también se habla del Frente Bolivariano de Liberación, una guerrilla pro chavista de cual no hay mucha información pero a nombre de la cual se extorsiona y secuestra desde hace varios años en los estados fronterizos. A diferencia del ELN, no hay antecedentes de que los “bolillos” hayan ejecutado hasta ahora una masacre.

Pero quien quiera que sea el responsable, la preocupación hoy es por la actitud asumida por el gobierno del presidente Chávez. Al hecho de que la matanza ocurrió en una zona fuertemente vigilada por la guardia nacional se suma la declaración, en tono de justificación, del vicepresidente Ramón Carrizales. Según éste, el crimen se debe a un ajuste de cuentas entre grupos paramilitares que traspasaron la frontera. Otro ingrediente que desconcierta es el afán del chavismo por restarle importancia a la noticia en sí, intentando encasillarla como otra prueba del asedio de grupos de ultraderecha de origen colombiano que tiene la misión de atentar contra el presidente Chávez.

Para el gobernador Pérez lo que queda probado con toda esta situación es justo lo contrario. “En Táchira delinquen desde hace más de 20 años grupos armados colombianos. Pero antes los gobiernos democráticos de Venezuela los rechazaban. En cambio el presidente Chávez se excusa diciendo que ese conflicto no es venezolano y a través de esa postura se abstiene de expulsarlos de nuestro territorio y de someterlos a la ley. Para el gobierno nacional acá no existen grupos guerrilleros, sólo los paramilitares”. (Ver entrevista)

A su vez el presidente Chávez, de viva voz o a través de sus ministros, ha descalificado al gobernador del Táchira acusándolo de visitar Colombia para exportar comandos paramilitares. Los señalamientos también ha recaído sobre otros gobernantes de estados opositores como Zulia, Miranda, Nueva Esparta y Carabobo. En varios de esos estados Chávez, vía resolución administrativa, le quitó el armamento a la policía que está bajo órdenes del gobierno local y tomó el control de puertos y troncales.

El pasado jueves a las 9 de la mañana SEMANA presenció el asalto de una joyería en el centro de San Cristóbal. Los atracadores asesinaron al dueño del establecimiento y cuando alcanzaron la calle vieron una patrulla que pasaba por casualidad. Inmediatamente abrieron fuego contra esta. Los dos agentes desarmados no tuvieron más opción que frenar el vehículo aparatosamente contra una pared, protegerse detrás de esta y, en una tregua de los asaltantes, ocultarse en un local. La balacera le costó la vida un ciudadano que tomaba un jugo en una esquina. Un tiro le destruyo la cabeza.

Pero no sólo seguridad de los tachirenses se ha deteriorado. El estado, como buena parte del país, sufre diariamente un racionamiento de energía y frecuente escasez de productos elementales como azúcar, arroz, café o servilletas. “Bienvenidos a ciudad Gótica, ni una gotica de luz, ni una gotica de agua, ni una gotica de seguridad” así reza un mordaz correo electrónico que por estos días circula a través de Internet criticando la revolución del presidente Chávez, responsable de la situación actual del país.

Como si no fuera suficiente su tragedia, los familiares de las víctimas de la masacre tuvieron adicionalmente que sufrir esas penurias cuando intentaron reclamar los cuerpos en la morgue de San Cristóbal el pasado lunes. El desdeño de la administración pública se hizo evidente de la peor manera. “Es indignante decirlo pero la verdad es que nuestros muchachos muertos parecían hipopótamos. Estaban totalmente hinchados y olían muy mal. Los tenían tirados en el piso de la morgue, uno tras otro como animales. Les habían echado cal”, le dijo en Cúcuta a SEMANA William Bello, padre Michael Hendrik Bello, un de los jóvenes asesinados.

Después de casi amotinarse contra la morgue los dolientes lograron recuperar los cuerpos. Con el apoyo del Defensor del Pueblo Volmar Pérez lograron trasladar los cuerpos en ataúdes hasta Cúcuta, allí ingresaron a Medicina Legal para las diligencias forenses requeridas. Fue tal el estado de descomposición en que llegaron los cadáveres que los legistas debieron trabajar durante dos días y dos noches para lograr las identificaciones plenas de los cuerpos. Al caer la noche del miércoles las familias finalmente pudieron darle sepultura a los muchachos masacrados.

Entre tanto la tensión en la frontera se ha ido agravando. Este viernes el comercio en San Antonio del Táchira, la población venezolana contigua a Cúcuta, no abrió por orden de los paramilitares que controlan buena parte del negocio de la gasolina en frontera. Según dicen los pobladores fue una orden impartida en represaría a la Guardia Nacional Venezolana, que desde hace una semana impide que vehículos con el tanque de combustible lleno lleguen a Cúcuta. Los vehículos tienen que vaciar sus tanques si quieren regresar a Colombia. Y por cuenta de ello los trancones son de varios kilómetros.

Así mismo la guardia venezolana ahora exige rigurosamente documentos a todo el que quiera entrar o salir por esta frontera. Todas las personas deben portar cédula bolivariana o el permiso temporal que otorga el consulado. La exigencia coincidió con el anuncio del gobierno de Chávez de que agentes del DAS están entrando al país para hacer espionaje y fraguar un atentado en su contra. Pero lejos de impedir el ingreso de indocumentados, la exigencia ha redundado en que la “mordida” de los guardias se ha cotizado. Si hoy sorprenden a alguien sin papeles se abstienen de detenerlo sólo si puede pagar 30 mil pesos, o su equivalente en ‘bolos’. Es decir 80 mil bolívares.
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