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| 8/4/2014 12:00:00 AM

¿Qué hay detrás del nuevo paro en la Justicia?

Mientras en el Palacio de Justicia se habla de revanchas entre altas cortes, varios juzgados anunciaron cese de actividades.

Cuando se creía que estaba conjurado otro paro judicial, con la promesa del gobierno de atender las peticiones de los funcionarios de la rama judicial y garantizar 170.000 millones de pesos para el pago de los funcionarios de los juzgados de descongestión, un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura -que está en rigor desde el pasado viernes- hizo volar todo por los aires.

La decisión oficializada por la firma el presidente de esa alta corte, Pedro Munar, aprobó no solo el cierre de varios despachos de descongestión de diferentes ciudades, sino que también suprimió cargos provisionales de descongestión en las altas cortes, lo que provocó un profundo malestar en la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Según citó la Judicatura, entre las razones que la llevaron a tomar la polémica decisión, están “la falta de cumplimiento de las metas, porque dejan de ser necesarios, por basarse en informes que no corresponden a la realidad, por incumplimiento en el reporte mensual al Sistema de Información Estadístico de la Rama Judicial, por incumplimiento de las directrices impartidas por la Sala Administrativa o por insuficiencia de recursos presupuestales”.

Desde este lunes a las 10:00 a. m. los funcionarios de los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca determinaron unirse a la jornada de cese laborar citada por Asonal Judicial. La razón es una sola, que el Consejo Superior de la Judicatura eche para atrás el acuerdo PSAA14-10195, mediante el cual se ordenó la supresión de por lo menos 130 juzgados de descongestión. Sin embargo la problemática de fondo es una sola: no hay suficientes jueces, personal e infraestructura física para la demanda de justicia que existe en el país.

Sin embargo en todo esto habría una razón más de fondo. En los pasillos del Palacio de Justicia, varios magistrados le comentaron a Semana.com que la decisión de la Judicatura tendría más que ver con una revancha por la declaración de nulidad de los magistrados de ese alto tribunal Francisco Ricaurte y Pedro Munar.

Mientras el primero ya deja su cargo, el segundo todavía espera que salga la decisión oficial en su contra. El mismo Munar justificó este lunes que, de los 250.000 millones de pesos que se habían solicitado para continuar con el programa de descongestión que ya lleva dos años, solo se consiguieron los 170.000 millones de pesos ya acotados.

Pero ¿cómo afecta la decisión de la Judicatura a las demás cortes? Todos los despechos perdieron entre dos y tres funcionarios encargados de descongestión, que sumados cuentan 81 funcionarios (21 Corte Suprema de Justicia, 20 Corte Constitucional y 40 Consejo de Estado) encargados de evacuar la gran cantidad de trámites represados.

La reacción no se hizo esperar. La presidencia del Consejo de Estado se reunió de manera extraordinaria para evaluar el tema dando como resultado un comunicado que el alto tribunal manifestó que “no ahorrará esfuerzo alguno para lograr el restablecimiento de los cargos en descongestión que fueron eliminados”.

Por su parte, en la Corte Constitucional la situación se complica en especial en materia de tutelas, en el sentido de que le llegan 1.500 solicitudes de amparo al día. La Corte Suprema de Justicia, a pesar de también se ve seriamente afectada, ha guardado silencio sobre la situación.

Quienes sí tomaron la palabra fueron los jueces administrativos que, además de dar cuenta de esta situación (“pareciera ser una medida de retaliación por las recientes decisiones judiciales que anularon la elección de dos magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”, dijeron), pidieron desterrar de la rama judicial las prácticas clientelistas y politiqueras.

Sin embargo varios magistrados consultados por este portal indicaron que la situación es de extrema gravedad y calificaron la medida como una “masacre laboral”, para los cual se necesitan medidas de choque que evitarían un eventual colapso en la justicia.

Cese de actividades

“Vamos con el cese de actividades hasta que se tengan en cuenta las peticiones que han sido convocada en el sentido de que se implemente inmediatamente la creación de los cargos necesarios para suplir la demanda judicial y que fueron suprimidos a través del Consejo Superior de la Judicatura”, señaló Diego Mauricio Rayo, vicepresidente suplente de Asonal Judicial y vocero Comité de los Tribunales Bogotá y Cundinamarca.

Rayo dijo que al cese de labores se unieron todos los funcionarios de los tribunales, menos los magistrados, y que no se atenderá al público, con excepciones de medidas urgentes, como habeas corpus o tutelas que impliquen derechos fundamentales de salud y vida.

Señaló el funcionario que en Bogotá están también en paro los juzgados de Ejecución de Penas localizado el edificio Kaiser; los juzgados de Paloquemao, los de Convida, el edificio San Remo y Eduardo Morales. También se unieron las seccionales de Nariño, Cauca, Caquetá, Santa Marta, Bolívar y La Guajira.

De acuerdo con el sindicato, se afectan a unos 950 funcionarios de manera directa; mientras entre 2.000 y 3.000 más, se ven afectados de manera indirecta. Estos últimos, porque los procesos que estaban a cargo de los de descongestión, fueron remitidos inmediatamente a los despachos de conocimiento en propiedad.

“Estamos hablando de una afectación del 30 % de estos procesos, más o menos 400.000 procesos a nivel nacional que se verían damnificados con la supresión de los cargos de descongestión”, explicó Reyes.

El funcionario añadió que desde hace más de seis meses se viene unificando un pliego de cargos de todos los sindicatos con el Consejo Superior de la Judicatura y con el gobierno. Señalan que, particularmente, no ha estado presente el Ministerio de Hacienda y con el paro se presiona que esa cartera haga parte de la mesa.

Lo que más extraña a los miembros de Asonal, es que si bien el miércoles pasado, durante la comisión interinstitucional, el Consejo Superior de la Judicatura afirmó que le bastaban los 170.000 millones de pesos ofrecidos por el gobierno para la descongestión, solo dos días después expide una acuerdo que afecta la tercera parte del programa.
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