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| 10/7/2011 12:00:00 AM

Reversazo del Gobierno en tema del fuero militar

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aseguró que dentro de la reforma a la justicia no se incluirá este punto, que hasta ahora tanta polémica ha generado.

La polémica generada por la inclusión de la ampliación del fuero militar dentro de la reforma a la justicia que se tramita en el Congreso no tardó en generar decisiones. En la mañana de este viernes, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, anunció que la iniciativa no incluirá dicho tema.
 
Vargas Lleras dijo, sin embargo, que se presentará otro proyecto integral sobre todo lo que tiene que ver con el juzgamiento a los militares.
 
"El artículo del fuero inicialmente no hacía parte de la Reforma, ese fue un asunto que se incluyó en las deliberaciones del miércoles y de la forma como quedó aprobado no resulta satisfactorio, por eso creemos más útil que la Reforma a la Justicia se tramite tal y como estaba", dijo el ministro.
 
La decisión del Gobierno provocó reacciones opuestas al interior de la Unidad Nacional. El senador Juan Carlos Vélez (La U), uno de los ponentes de la reforma, no respaldó la posición del Ejecutivo y advirtió que por tiempos un nuevo proyecto que aborde el tema del fuero militar se hundiría.
 
"Esperamos que el presidente no se vaya a echar para atrás en este tema (...) No podemos darnos el lujo de retirar esta iniciativa. Si hay dos o tres personas que no están de acuerdo pues allá ellas", aseguró Vélez.
 
Sin embargo, en los partidos Liberal y Conservador la posición fue de respaldo a la decisión. El presidente del primero, Rafael Pardo, resaltó la inconveniencia que según él existía con la inclusión de este aspecto en la reforma a la justicia. "Es inconveniente e inoportuno incluir en la reforma a la justicia un tema tan importante que merece ser discutido en profundidad", aseguró Pardo.
 
En el mismo sentido se pronuncio el jefe conservador, José Darío Salazar, quien calificó el artículo sobre el fuero militar como un "elemento extraño que podría alterar la discusión de la reforma a la justicia".
 
Salazar, igualmente, consideró acertada la propuesta del Gobierno de presentar el tema dentro de una ley integral de defensa y seguridad que incluya todo lo relacionado con la fuerza pública. "Esa nueva ley debe dejar explícito que los militares y policías deben ser investigados y juzgados por instructores que conozcan la actividad y los procedimientos en el marco del conflicto, para garantizar imparcialidad y respeto por los derechos humanos".
 
A última hora
 
La polémica comenzó cuando el Gobierno decidió adicionar un artículo al proyecto de reforma a la justicia con el propósito que la Constitución del 91 les brinde "mayor seguridad jurídica"a los miembros de la tropa que día a día combaten a grupos armados ilegales o cualquier modalidad de crimen común u organizado.
 
El artículo, incluido a última hora, establecía que todos los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares y de Policía serán conocidos exclusivamente por cortes marciales o tribunales militares y "en todo caso" se presumirá la relación de estos actos irregulares con el servicio.
 
En pocas palabras, se pretendía que la justicia ordinaria no operara sobre los militares y policías, salvo en los casos que se compruebe con claridad que los delitos no correspondieron al cumplimiento del servicio.
 
El Gobierno argumentó que es necesario buscar una salida a la inaplicación de las normas sobre fueros militar y policial, lo que ha derivado en que las investigaciones y decisiones judiciales de los procesos relacionados con delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio sean adelantadas por funcionarios sin la especialidad para el recaudo y la valoración de las pruebas del caso concreto.
 
La tendencia a que los casos sean conocidos por la justicia ordinaria, explicó el Gobierno, ha aumentado el volumen de trabajo de los operadores de justicia, sin que tengan capacitación o recursos para atender este tipo de procesos.
 
El senador Roy Barreras también explicó que de los 112 fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, donde se adelantan las investigaciones contra miembros de la fuerza pública, sólo 10 tienen conocimiento en derecho internacional humanitario.
 
Para el Gobierno, la mayoría de procesos adelantados contra militares y policías no garantiza el debido proceso. “Lo que se pretende no es un sistema de exoneración e impunidad, sino, por el contrario, una solución para asegurar la efectiva operatividad de una justicia especializada, ágil y conocedora de la vida militar y policial, para que sea ella quien conozca de las conductas cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio activo sólo cuando éstas estén objetivamente relacionadas con el servicio”, señalaba la exposición de motivos del artículo.
 
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, defendió en su momento la iniciativa y señaló que el propósito es que la justicia penal militar sea "más draconiana" y que castigue con severidad los excesos de militares y policías en el cumplimiento de sus funciones.
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