Lunes, 1 de septiembre de 2014

El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez Archivo SEMANA

| 2013/05/23 00:00

Revocatoria pone al registrador a rendir cuentas

Carlos Ariel Sánchez deberá explicar por qué entregó copia de las firmas al alcalde Petro.

Hace varios días en el país surgió una polémica por la entrega de la Registraduría al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, de una copia con las firmas recogidas para su posible revocatoria. En este momento un equipo del mandatario capitalino incluso revisa, una a una, las rúbricas recogidas por el representante Miguel Gómez con las que se busca que los bogotanos le pongan fin a su mandato.

Aunque para la Alcaldía es completamente legal que Petro y su equipo hayan obtenido las firmas, algunos ven esto como el embrión de una potencial persecución contra los opositores del burgomaestre. Él, por su parte, ha salido al paso de estas críticas y ha advertido que nadie, incluidos los trabajadores de la Alcaldía, sería molestado por su administración por estar de acuerdo con la revocatoria.

Pero más allá de esto el tema en discusión es hasta dónde el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, actuó acorde con la ley al haber entregado información que podría considerarse privada.

Eso es lo que hoy investiga el Superintendente de delegado para la protección de datos personales José Alejandro Bermúdez, quien en una carta enviada al registrador el miércoles pasado le pide explicaciones sobre el tipo de información entregada y el tipo de sustento legal que utilizó para ello.

En la misiva Bermúdez asegura: “Sírvase informar qué documentos entregaron a la alcaldía Mayor y en que formato fueron y en qué formato fueron ellos entregados. También le preguntan qué categorías de datos personales se incluyeron en los formularios, como nombres, apellidos, direcciones, teléfonos, entre otros, y cuál es el fundamento legal que sirvió de base para que la registraduría entregara esos documentos”.

El superintendente va más allá y le pide al registrador que explique, cosa que no se conoce hasta hora, a qué funcionarios de la alcaldía o terceros entregó esa información y cuáles fueron las condiciones de seguridad y confidencialidad empleadas.

El funcionario le da un plazo de 10 días hábiles a Sánchez y le advierte que “la inadecuada contestación o falta de respuesta da lugar a las sanciones que establece la ley”.

El caso no es menor. Se trata de un serio requerimiento pues la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad nacional en la protección de datos, considera necesario ofrecer las garantías y hacer respetar los derechos de los ciudadanos si estos fueron violados. La entidad se ampara en Ley 1581 de 2012, conocida como la ley general de protección de datos personales. La norma trata de un capítulo que habla de datos sensibles que, de ser conocidos, no solo afectan la intimidad de las personas, sino que podría dar lugar a la discriminación de ellas.

Lo mismo ocurre con un artículo del Código de procedimiento administrativo. Que propende por la intimidad y la no violación de información reservada. “Los datos entregados a Petro pueden contener información privada, pero también muestran una tendencia política, razón por la cual podría generar, una discriminación a quien hay firmado la revocatoria. Eso es lo que se busca proteger”, aseguró una fuente gubernamental.

La Superintendencia también le pide al registrador informar qué tipo de datos les entregó a los alcaldes Florencia (Caquetá), Achí (Bolívar) y Campoalegre (Huila), donde también se adelantan procesos de revocatoria en su contra.

Cabe anotar que en los formularios firmados por la ciudadanía para la revocatoria de Petro se consignaron datos como: nombres y apellidos, número de cédula, la firma y las direcciones personales. El registrador tiene la palabra.

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