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| 3/23/1998 12:00:00 AM

REZAGOS DEL 8000

Algunos creen que las cuentas legales podrían acabar enredando a Ernesto Samper más que las ilegales.

El tema de la violación de los topes financieros en la campaña presidencial de 1994 terminó por convertirse en otro dolor de cabeza para Ernesto Samper. El lunes de la semana pasada el Presidente de la República debió responder un cuestionario de 18 preguntas al magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Ernesto Rey Cantor, relacionadas con el manejo de los recursos financieros que recibió su campaña, los cuales habrían desbordado los límites fijados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que eran de 4.000 millones de pesos, 2.000 millones en la primera vuelta y 2.000 millones en la segunda.
La demanda fue instaurada a comienzos de 1997 por la Registraduría Nacional, luego de que el CNE ordenara entregar al Partido Liberal la suma de 1.795 millones de pesos por concepto de reposición de gastos de carácter electoral. En criterio de la Registraduría Nacional, la conducta asumida por los directivos de la campaña presidencial, quienes integraban la Asociación Colombia Moderna, incluyendo al propio Ernesto Samper, indujo al error al CNE, que tomó la decisión de reponer los dineros con base en unos libros contables adulterados. Según la demanda de la Registraduría, los datos que se relacionaron en el balance de ingresos y gastos de la campaña presidencial, entregados al CNE, fueron "falsos, inexactos, contrarios a la verdad y por ende ilegales...".
¿Quién responde?
Al igual que sucedió durante el proceso 8.000, en esta oportunidad los protagonistas no han logrado ponerse de acuerdo en sus versiones. Ni Fernando Botero está de acuerdo con Samper, ni Samper con Santiago Medina, ni Medina con Botero. El ex ministro de Defensa sostuvo ante el magistrado Rey Cantor que la campaña presidencial de 1994 violó de forma deliberada los topes de gastos fijados por el CNE. De acuerdo con Botero, la decisión se tomó porque era absolutamente imposible adelantar la campaña presidencial dentro de los estrechos límites de los topes financieros. La campaña de Samper se valió de múltiples recursos para mantener la contabilidad oficial por debajo de los topes, mientras la contabilidad real estaba miles de millones de pesos por encima.
Medina, por su parte, afirmó que Juan Manuel Avella, entonces director administrativo de la campaña, organizó con diferentes empresas donantes el pago de facturas que estaban dirigidas a la campaña, con el fin de que no quedaran registradas en los libros contables que serían entregados al Consejo Electoral. El ex tesorero de la campaña sostuvo que los 1.000 millones que se recibieron del cartel de Cali para la primera vuelta no aparecen en los libros, ni tampoco los 5.000 millones que los Rodríguez entregaron para la segunda vuelta.En lo que coinciden Botero y Medina es en que Ernesto Samper sí conocía de todos y cada uno de los movimientos realizados para adulterar los libros contables que se entregarían al Consejo Electoral. "A él se le entregaba un reporte semanalmente, cuya copia firmada por él aparece en el expediente 25.386 que tiene en su poder la Fiscalía", afirmó Medina.La defensa de Samper sigue siendo la misma desde que empezó el proceso 8.000. En todas sus declaraciones el Presidente ha dicho que nunca manejó dineros en la campaña. Ni antes, ni durante, ni después. "No recibí personalmente ninguno de los dineros provenientes del reintegro de los gastos de mi campaña. No tuve ninguna responsabilidad de carácter administrativo ni financiero en el desarrollo de la misma", dijo Samper al magistrado Rey Cantor.

¿Quién tiene la razón?
La verdad es que todas estas versiones a pesar de ser amañadas no son inexactas ni mucho menos contradictorias. Cada uno simplemente cuenta la parte del cuento que le interesa. Nadie en la campaña 'Samper Presidente' llegó a pensar en su momento que el violar la suma establecida podría terminar por enredar la suerte del hoy Presidente. La violación de los topes, más que un delito, la consideraban una infracción menor. Es más, desde un principio todos estuvieron de acuerdo en que la única salida que había para hacer que la campaña de Samper resultara viable financieramente hablando era pasando por encima de los topes establecidos por el CNE.
A una conclusión parecida llegó la campaña de Andrés Pastrana, la cual diseñó unas figuras contables más presentables. En lugar de recibir dineros en efectivo en maletas la campaña decidió descentralizar el recaudo de recursos. Esto permitió gastar muchísimo más de los 4.000 millones de pesos sin incurrir en burdas violaciones de la ley. Por esto el CNE no le pidió cuentas.En la campaña de Ernesto Samper el temor que despertaba la violación de los topes no tenía nada que ver con asuntos jurídicos, sino políticos. La figura del veedor del Tesoro, Jorge García Hurtado, rondaba todas las campañas y hubo un momento en que el tema se trató abiertamente en el llamado Comité de Agenda para saber cómo hacerle frente al veedor cuando este pidiera cuentas a la campaña.Esta preocupación era menor, sin embargo, pues al fin y al cabo se trataba de los recursos legales. El problema verdaderamente grande era el dinero del narcotráfico, que nunca fue tratado abiertamente en un Comité de Agenda y que se manejaba por debajo de cuerda.
Ernesto Samper no miente cuando afirma que él nunca manejó directamente algunos recursos y que estaba alejado de ese proceso. Esto, sin embargo, no lo eximiría de ser el principal responsable del asunto. A diferencia de otras disposiciones legales sobre financiación, la ley de los partidos políticos de 1993, que es la que rige el aporte del Estado por cuenta de los votos obtenidos en las elecciones, establece en forma explícita que la responsabilidad del candidato es única e intransferible.
Esto quiere decir que aunque la contabilidad la hubiera firmado Avella y las órdenes las hubiera dado Botero la responsabilidad recae sobre el candidato, incluso si el manejo del dinero se hizo a sus espaldas.Otra cosa es que como no había antecedentes en materia de regulación de gastos, nadie se preocupó y le dio al tema la importancia que tenía. Empezando por el propio Samper. Mucho menos pensaron que años después el tema tomaría tintes de escándalo. Los directivos de la campaña creyeron que con los libros contables pasaba algo parecido a lo que sucede con las declaraciones de renta, que siempre dicen lo que se tiene pero no completamente.
Sin embargo, Ernesto Samper es un hombre de buenas. A pesar de que la responsabilidad del manejo financiero de la campaña recae sobre él, es muy probable que no le suceda nada. En condiciones normales, la sanción para una infracción de esta naturaleza sería la obligación de devolver la totalidad de los recursos obtenidos con base en una contabilidad falsa. En otras palabras, la bicoca de 1.795 millones de pesos. Pero como el Consejo de Estado estableció que los topes eran ilegales, mal se puede aplicar una multa sobre un delito que dejó de existir. Por razones políticas, se está presentando un debate sobre si a pesar de la caída de los topes Samper o el Partido Liberal tienen la obligación de devolver esos dineros. El Presidente, sin embargo, no sólo tiene de su lado una interpretación jurídica favorable sino la sartén por el mango en materia política. Si logró sobrevivir a algo tan complejo como el escándalo del dinero proveniente del narcotráfico, no se va a enredar con el ingreso de los dineros lícitos a su campaña.
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