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| 11/27/2014 12:00:00 AM

“Hacer informes desde Londres es fácil, restituir tierras, no”

Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, critica el informe de Amnistía Internacional y defiende el programa.

El informe de Amnistía Internacional sobre el programa de Restitución de Tierras cayó como un balde de agua fría en el Gobierno, sobre todo en la unidad del Ministerio de Agricultura que maneja el tema.

El documento ‘Un título de propiedad no basta: por una restitución sostenible de tierras en Colombia’ hace duras críticas sobre la forma como se le devuelven las tierras a las personas que fueron despojadas o desplazadas forzosamente, la mayoría de ellos campesinos. 

Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, habló con Semana.com sobre cada uno de los puntos donde Amnistía Internacional ‘raja’ al gobierno colombiano.

Semana.com: Amnistía Internacional es durísima con el programa de Restitución de Tierras. Dice que el Gobierno está fracasando en su promesa de devolver ocho millones de hectáreas robadas a seis millones de personas.

Ricardo Sabogal:
Lo que uno encuentra es una afirmación hecha de manera descontextualizada. Colombia es el único país que devuelve tierras en medio del conflicto. Lo fácil habría sido empezar con el programa luego de que se diera un acuerdo de paz. Pero la decisión que se tomó fue no esperar otros 50 años para hacerlo y es claro que eso conlleva a enormes desafíos y limitaciones. 

Semana.com: ¿Como cuáles?

R. S.:
No podemos restituir en toda la geografía nacional, sólo dónde ya hay condiciones de seguridad. El Ministerio de Defensa nos ha habilitado cinco millones de hectáreas, y ahí buscamos los predios de las personas que dicen que fueron despojados en esas zonas. Donde todavía hay conflicto no podemos restituir, eso sería totalmente irresponsable. 

Semana.com: Amnistía dice que la Ley de víctimas y restitución de tierras es defectuosa, ¿qué falta para que sea verdaderamente eficiente?

R. S.:
La ley de restitución tiene vacíos. Cuando se diseñó la norma nunca se imaginó la complejidad que tendría en la práctica, falta legislar sobre algunas cosas, pero igual es una labor loable, más cuando no teníamos ningún referente en el mundo en el que se hubiera hecho lo mismo. Hemos recibido invitaciones de otros países para que compartamos nuestra experiencia sobre restituir mientras tenemos un conflicto activo, es más, dentro de poco vendrá una comisión de Kenia. Muchos países ni siquiera han restituido tierras sino que pagan un aproximado de lo que costarían los terrenos de los despojados.

Semana.com: Usted mencionaba falta de legislación y vacíos en la norma.

R. S.:
Cuando arrancamos la implementación de la ley imaginamos que a quienes encontraríamos en los predios serían guerrilleros, paramilitares o testaferros, y sí los hemos encontrado, pero otras veces nos hemos hallado otros campesinos, igual de vulnerables. También nos hemos encontrado personas que compraron a precios ínfimos o que le compraron a otros campesinos que no tenían ni idea que esas tierras tenían problemas en el pasado. Eso no lo vió la ley, por eso en la marcha nos ha tocado trabajar sobre imprevistos. Por ejemplo, el programa de segundos ocupantes procura ofrecer tierra en otro lugar a la persona que también es vulnerable y está encima del predio de la persona reclamante, ya que sacarla del predio es obligarla a engrosar los cordones de miseria. Incluso, en muchos casos los jueces han optado por darle tierra a ambos.

Semana.com: Otra de las críticas es que los pocos a los que se les devuelve las tierras no cuentan con seguridad para retornar. ¿Existe acompañamiento?

R. S.:
Esa afirmación nos duele mucho porque dicen que restituir es fácil, y nosotros no pensamos así, quitarle tierra a los Castaño no es fácil, que nos hayan asesinado compañeros no es fácil. Los que ya tienen sus tierras no han tenido que salir nuevamente, porque retornaron a lugares seguros. Tenemos intervención en más de 1.100 predios en Antioquia, Sucre, Córdoba, Magdalena, Nariño, Tolima, Meta y Cesar.

Semana.com: ¿Ni una sola persona ha tenido que volver a salir de su tierra?

R. S.:
Se lo digo de forma categórica, ninguna.

Semana.com: El informe también es duro al decir que muchos fueron y son desplazados por fuerzas del Estado. ¿Cómo brindarles seguridad si no pueden confiar en la institucionalidad?

R. S.:
La evidencia de la Unidad nunca ha sido esa. Lo que hemos encontrado, no porque lo dice el gobierno, sino porque lo dicen los reclamantes, es que los despojadores fueron guerrillas y paramilitares, desconocemos de dónde Amnistía Internacional saca esa información. Yo le hablo de lo que nos han contado las víctimas.

Semana.com: ¿Y sobre la ocupación por parte de grandes grupos empresariales nacionales e internacionales?

R. S.:
En la Unidad escuchamos a las víctimas, cuando intervenimos en una zona es porque hay muchas reclamaciones. Nos encontramos con empresarios honestos, con otros grises, con testaferros y con campesinos. En todos los casos actuamos en defensa del reclamante que nos ha aportado todas las pruebas sobre su propiedad.

Semana.com: Amnistía habla de jerarquía de víctimas y de que ustedes solo restituyen a los que fueron despojados después de 1991.

R. S.:
Cuando el Congreso debatió la ley fijó una fecha de corte porque desgraciadamente tenemos un conflicto muy largo en el que hay una constante: desplazamiento-retorno. Hacer la restitución con fechas anteriores hacía inviable el proyecto. Hemos recibido reclamaciones de tierras arrebatadas en la batalla de los 1.000 días, o en el conflicto bipartidista. Hay gente que ha venido a reclamar municipios enteros que supuestamente les pertenecían a sus familias a principios de 1.900. ¡Imagínese eso!

Semana.com: ¿Es verdad que la mayoría de restituciones que se formalizaron son de familias que ya habían retornado y que por eso el proceso no debería de ser tan lento?

R. S.:
Las decisiones están en las sentencias. En Córdoba quitamos todo el imperio de los Castaño y Amnistía dice que esos casos son fáciles. Yo siento que ese informe se hizo en Londres y no en Colombia, desconociendo la realidad de lo que aquí estamos haciendo. Quitarle tierras a ‘Jorge 40’, o al ‘Alacrán’ no es fácil. Hay casos que solo necesitan una formalización de sus derechos, pero los casos más duros nos toca pelearlos con las grandes mafias, que primero se oponen con toda la artimaña jurídica.

Semana.com: ¿Por qué se presentan tantos casos sin opositores, porque todo es fácil o porque es poca la divulgación y quienes pudieran estar en contra no se enteran?

R. S.:
Lo que ha ocurrido es que hay dos instancias. En una están los jueces de restitución y en otra los Tribunales de restitución. Con los jueces se resuelven los casos donde no hay oposición, esos procesos tardan en promedio ocho meses. Por su parte, en los tribunales se deciden los casos más complejos y controversiales; donde hay pruebas, pleito, recursos, etc. Esos demoran mínimo un año. Lo que sí es verdad es que la mayoría de los casos han estado en manos de los jueces de restitución.

Semana.com: ¿Las cifras del informe concuerdan con las de ustedes? Ellos hablan de 29.000 hectáreas para 2.000 campesinos en dos años.

R. S.:
Eso es errado, se han devuelto cerca de 85.000 hectáreas a lo largo y ancho del país, desde una hectárea hasta 1.500 hectáreas en cada proceso, también se han restituido indígenas, otro proceso aún más complejo. Además, las personas beneficiadas no son 2.000, son más de 12.000 hasta el momento.

Semana.com: También critican que 8.400 hectáreas fueran restituidas a una misma familia en Puerto Gaitán, Meta.

R. S.:
Es uno de los defectos de hacer informes en Londres y no en Colombia. En ese caso son tierras muy poco fértiles, por eso es posible que unas restituciones tengan 1.800,  2.000 hectáreas o más. Pero insisto, eso se debe a que la fertilidad es pésima y los campesinos para poder subsistir requieren esas cantidades. Hacer informes en Londres es fácil, restituir tierras en Colombia es difícil.
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