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| 10/18/2014 10:00:00 PM

Ricaurte y Munar: los magistrados duros de sacar

A pesar de que un fallo los obliga a dejar su cargo, los magistrados siguen en el Palacio de Justicia.

Cuando el Consejo de Estado anuló la elección del magistrado Francisco Ricaurte hubo declaraciones de júbilo poco usuales en la rama judicial. La presidenta de esa corporación, María Claudia Rojas, dijo que ese fallo iba a “marcar una pauta” y anunció que “con esto arranca la reforma a la Justicia”. Pocos entendieron por qué el retiro de un miembro del Consejo Superior de la Judicatura significaba tanto y cuál era ese gran revolcón que estaba a punto de darse. Sin embargo, han pasado casi dos meses y nada sucedió. El magistrado Ricaurte sigue en su puesto. A punta de recursos jurídicos no solo se ha convertido en el funcionario más duro de sacar de su cargo sino que su caso tiene en vilo a todas las altas cortes.

En el Palacio de Justicia le llaman a ese proceso “los gemelos”. El apodo se debe a que existen dos casos idénticos que están en trámite: el de Ricaurte y el de Pedro Munar. Ambos fueron presidentes de la Corte Suprema de Justicia y ambos fueron elegidos como magistrados del Consejo Superior de la Judicatura recientemente. Ese ‘cambiazo’ no tendría problema sino fuera porque a los dos los eligieron los mismos magistrados que ellos habían ayudado a nombrar. El primero había elegido a 18 de los 19 que le dieron la victoria y el segundo a 15 de los 19.

Esa situación se dio pues en las altas cortes funciona un sistema de elección conocido hoy como “el yo te elijo, tú me eliges”. Esa modalidad está permitida por la Constitución de 1991 y no ha habido reforma a la Justicia que no haya intentado modificarla. Incluso el acto legislativo de equilibrio de poderes incluye la prohibición de que los magistrados de una corte pasen luego a otra. En el Palacio de Justicia consideran esa propuesta algo injusta pues ha sido históricamente una práctica usual y por eso, muchos interpretan que esta lleva el nombre y el apellido de Ricaurte y de Munar.

¿Qué hace su caso diferente? Apenas se hizo pública la designación de estos dos magistrados varios columnistas pusieron el grito en el cielo. Dijeron que la cosa no olía bien pues ambos cargos estaban vacantes desde junio del año pasado, cuando Ricaurte todavía era magistrado, y fueron designados solo en noviembre, cuando ya se les había acabado el periodo y podían ser nombrados en otro cargo. El columnista Ramiro Bejarano acusó a esa puerta giratoria de ser la responsable de “transformar las altas cortes en clubes de compadrazgos y privilegiados” y luego él, la periodista Cecilia Orozco, Dejusticia y otras organizaciones demandaron las dos designaciones.

Según dijo en ese momento Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, la demanda buscaba “combatir el nepotismo, el amiguismo y los carruseles de favores”. Su argumento parece sencillo, pero no lo es tanto. La Constitución prohíbe lo que popularmente se llama ‘rosca’: que una persona ayude a nombrar a los familiares de los que le dieron el puesto. No obstante, no dice nada de cuando el favorecido es el mismo que nombró a esa persona, es decir “el yo te elijo, tú me eliges”. Lo que sostiene la demanda es que si está mal hecho nombrar familiares, nombrar al protagonista de la prohibición está aún peor.

Esa discusión, que suena lógica, dividió al Consejo de Estado. La pelea era dura. No solo se trataba de tumbar a un colega sino de generar un precedente contra ellos mismos. Así como la sentencia de las megapensiones (que reducía las mesadas de los togados) hizo estallar una crisis en la Corte Constitucional, el caso de Ricaurte y de Munar fue una bomba en el Consejo de Estado. Los magistrados Stella Conto, la ponente del caso, y Alberto Yepes lideraron la tesis de que había que anular la elección y después de horas de intensos debates finalmente ganaron el pasado 25 de junio.

Tumbar a Ricaurte no era fácil. En los pasillos judiciales reconocen al cartagenero como uno de los hombres más poderosos de la Justicia. El hoy presidente del Consejo Superior de la Judicatura tiene una mezcla muy difícil de encontrar: habilidad jurídica y carisma. Ricaurte comenzó su carrera como escribiente de un juzgado y llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justica en el peor momento de la guerra con el presidente Uribe. Tener esa vocería en la época de la parapolítica y las chuzadas (cuando los magistrados eran más héroes que protagonistas de escándalos) le dio peso, poder y prestigio. Tanto que sus colegas cuentan que durante años era muy difícil ser magistrado sin su visto bueno y que durante la reforma a la Justicia de Santos muchas de las reuniones entre magistrados y congresistas se hicieron en su casa.

La dupla que hace con Pedro Munar le ha permitido a su vez jugar la estrategia de ‘policía malo, policía bueno’. Munar es un hombre discreto que pocas veces entra en confrontaciones y, aunque ha mantenido un muy bajo perfil, ha cumplido un papel clave en el proceso. Ambos han desplegado una artillería jurídica solo comparable con la que usó Gustavo Petro frente a su destitución.

Lo primero que hicieron fue recusar a varios de los magistrados. A Gustavo Gómez y María Claudia Rojas por haber dado declaraciones a medios de comunicación y a Marco Antonio Velilla por haber estado en una terna para fiscal cuando Ricaurte era presidente de la Corte Suprema. Una vez salió el fallo, la estrategia ha sido similar pero no a nombre propio. La directora ejecutiva de Administración Judicial, Celinea Oróstegui, subalterna de ambos, pidió la nulidad del proceso pues ella no había sido notificada. El Consejo de Estado no solo negó esa petición sino que multó a la señora Oróstegui con 3 millones de pesos y compulsó copias a la Fiscalía para que la investigue por un eventual fraude procesal. Posteriormente interpusieron un recurso de súplica y la aclaración del fallo. Con estos artilugios jurídicos ambos se han atornillado al puesto.

Hay más elementos que sostienen a Ricaurte y a Munar en sus despachos. Quizás el más fuerte es Alejandro Ordóñez. El procurador sería el más perjudicado si la sentencia de estos dos magistrados queda en firme. En el Consejo de Estado se está debatiendo una demanda similar sobre su reelección y este precedente sería vital. El segundo periodo de Ordóñez se debe en gran parte también al “yo te elijo, tú me elijes”, pues la Corte Suprema lo ternó y algunos familiares de magistrados trabajan en la Procuraduría.

También hay razones para que ellos no quieran irse. Aunque no tiene glamour –y hasta se ha vuelto un desprestigio–, el Consejo Superior de la Judicatura tiene mucho poder. Entre seis personas (y ellos son dos) manejan todo el presupuesto de la rama judicial, estimado en 2,7 billones de pesos. Y son sobre todo claves en la elección de magistrados pues hacen las listas de aspirantes que luego eligen las mismas cortes (salvo la constitucional que es elegida en el Congreso). En este momento, por ejemplo, hay 12 vacantes, diez en el Consejo de Estado y dos en la Corte Suprema. Ricaurte y Munar serían definitivos en seleccionar quiénes llegan a esos puestos. Aunque la reforma de equilibrio de poderes eliminaría la Judicatura, estos cupos alcanzarían a proveerse.

El impacto que tiene el caso de estos dos magistrados es enorme. Por un lado, porque por cuenta de los carruseles de pensiones, los cruceros y los Villarragas la Justicia ha alcanzado el mayor nivel de desprestigio de su historia (79 por ciento de imagen negativa, según la encuesta de Gallup). Por otro lado, este es un momento en que se está reacomodando el ajedrez. Si pasa la reforma al equilibrio de poderes esas prohibiciones serían por esa vía una realidad. El golpe que le daría a las cortes este revés sería muy duro para su imagen, pero también muy difícil de capotear en la dura negociación que se viene para ellos. Por eso, esta nueva coyuntura ha hecho que muchos magistrados sientan hoy que en el caso de Ricaurte y de Munar no solo se juega su prestigio, sino también su futuro.
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