Los dos magistrados que están ‘atornillados’

El pasado 25 de junio el mundillo judicial del país se estremeció cuando el Consejo de Estado, en un mismo día, les dio un golpe de gracia a los magistrados Alberto Rojas, de la Corte Constitucional, y Francisco Ricaurte, del Consejo Superior de la Judicatura.

En procesos independientes, el alto tribunal declaró nulas las elecciones de los magistrados por vicios de forma. Se trató de demandas interpuestas por reconocidos abogados y por la Red de veedurías ciudadanas, para quienes esas elecciones estaban viciadas.

Desde entonces muchos creyeron que los dos magistrados abandonaban de inmediato los cargos. Pero no fue así. Ricaurte y Rojas siguen en sus despachos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque han interpuesto una serie de recursos que les ha dado oxígeno para su permanencia.

Por ejemplo, a través de su abogado, Mario Alario Méndez, el magistrado Ricaurte radicó el viernes pasado una recusación contra los magistrados María Claudia Rojas y Gustavo Gómez Aranguren, quienes, según él, se pronunciaron públicamente sobre la anulación de su elección sin que existiera una sentencia en firme.

En el documento se transcribe una declaración de la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, en la que se refiere al caso en un medio de comunicación. “Se declaró nula la elección del magistrado Ricaurte para rescatar la Constitución del 91 y acabar con los favoritismos, amiguismos y para preservar los principios democráticos”, dijo la magistrada.

Sin embargo, este martes, por decisión unánime de la Sala Plena del Consejo de Estado, se negaron estas recusaciones por improcedentes. Según el alto tribunal, los dos magistrados nunca se refirieron al caso en concreto, solamente dieron un punto de vista jurídico del asunto.

Semana.com conoció que Ricaurte tiene un plan B. Se trata de un recurso de revisión del fallo en su contra que interpondrá ante la misma Sala Plena del Consejo de Estado.

El caso de Rojas es similar. El magistrado también empleó a fondo un arsenal jurídico para tumbar el fallo que le fue adverso. El lunes pasado interpuso una solicitud de aclaración ante la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, con la que busca se expliquen detalladamente las razones por las que fue se declaró nula su elección. Este recurso no tiene términos, así que podría ser resuelto en dos días o en 100.

Otro ‘as’ bajo la manga de este magistrado es un recurso que interpuso el jueves pasado denominado conflicto de competencias, que radicó ante el Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria. Con esto busca que ese tribunal defina si el Consejo de Estado, que fue quien lo ternó, tenía o no la competencia para anular su elección.

Por reparto le correspondió al magistrado Néstor Osuna para que presente una ponencia al respecto. Osuna, en su ponencia, deberá definir si esa competencia era del resorte del Consejo de Estado o de la Corte Suprema de Justicia.

El estudio de este recurso dura, según magistrados de la Judicatura, cerca de un mes y medio o dos meses, con lo que Rojas gana tiempo. 

La realidad es que hoy en día los magistrados siguen en sus despachos ejerciendo su derecho a la defensa. La pregunta obvia es ¿hasta cuándo?