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| 7/23/1990 12:00:00 AM

RIO A BAJO

Sin terminar aún la investigación sobre las masacres en Trujillo, ya se habla otra vez de militares involucrados.

Por las aguas del río Cauca, que atraviesan la población de Trujillo, comenzaron a bajar cadáveres. Como en la época de la violencia política de los cincuenta, cuando los ríos arrastraban a las víctimas de los enfrentamientos entre liberales y conservadores. Lo de Trujillo comenzó en abril pasado cuando en las noches los campesinos de esta región eran sacados de sus casas en forma violenta por hombres encapuchados que llegaban en camperos y, sin mediar palabra, los maniataban y se los llevaban. Los acusaban de ser informantes de la guerrilla. Con los días las rondas de medianoche en las fincas se convirtieron en rutina.

Pero la copa se rebosó el pasado 17 de abril cuando un grupo de hombres entró en la casa cural de Trujillo y se llevó al párroco Tiberio de Jesús Fernández. La población se alborotó. Sentenció que al cura no lo devolverían vivo, como a los 50 campesinos que hasta ese momento habían desaparecido. Los días pasaron y el 24 de abril apareció el cuerpo decapitado y sin manos del sacerdote, en inmediaciones del municipio de Roldanillo.

En un principio esta ola de violencia fue atribuida por fuentes de la III Brigada del Ejército en Cali, a viejas rencillas políticas entre dos corrientes conservadoras que tradicionalmente han estado enfrentadas en la región. Pero el jueves pasado el director de la Dirección de Instrucción Criminal Omar Henry Velasco, reveló los primeros apartes de una investigación adelantada en el municipio de Trujillo que sindica a cuatro miembros del Ejército y dos ganaderos como los responsables de la desaparición y asesinato de por lo menos 50 campesinos y el del cura Tiberio Fernández.

Los investigadores encontraron que en esta región del Valle opera desde hace dos años un escuadrón de la muerte que en un principio fue financiado por Gonzalo Rodríguez Gacha, con el fin de eliminar a todos aquellos campesinos de quienes se sospechara eran informantes de la guerrilla.

La organización es conocida como "la mano negra" y la conforman cincuenta hombres adiestrados en escuelas de sicarios en el Putumayo. Después de torturar a sus víctimas, las decapitaban con motosierras y las lanzaban al río Cauca. La existencia de esta banda fue conocida por los investigadores, gracias a los testimonios de 17 desertores del grupo quienes con fesaron haber participado en los asesinatos de los campesinos de esta región. Pero sus declaraciones no sólo se centraron en la manera siniestra como realizaban su trabajo, sino que revelaron los nombres de ganaderos militares involucrados en esta organización.

Las primeras investigaciones reveladas por Velasco señalan que la "mano negra", fue apoyada por Carlos Alberto Garcés y Diego Rodríguez, ganaderos de la región. Y sus operaciones eran reforzadas por el mayor del ejército, Alirio Antonio Ureña Jaramillo, adscrito al batallón de artillería N. 3 de Paláce, con sede en Buga; el mayor Alvaro Córdoba Lemus, comandante del Distrito N. 3 de policía de Tuluá; el teniente José Fernando Berrío Velásquez, comandante del puesto de policía de Trujillo; y el sargento Luis Aníbal Alvarez Hoyos, jefe de la seccional de la policía judicial en Tuluá. A todos ellos la Procuraduría General de la Nación les abrió investigación para estableeer sus responsabilidades.

La vinculación de militares en las masacres de campesinos en Trujillo ocasionó una fuerte reacción por parte del comandante de la III Brigada del Ejército en Cali, general Manuel José Bonett, quien señaló que se trata de acusaciones infundadas suministradas por un "traficante de información" que el ejército en Cali conoce muy bien. La "pataleta" del general Bonett tiene una razón. La información de la investigación, que todavía no ha terminado, fue conocida primero por los medios de comunicación, y la dirección de Instrucción Criminal no notificó al comandante de la III Brigada que cuatro de sus miembros adscritos al batallón Palacé estaban seriamente comprometidos en las masacres. Por eso el general Bonett el viernes pasado en una entrevista radial, sentó su protesta pública contra los investigadores y en especial contra el director de Instrucción Criminal, Omar Henry Velasco.

Lo cierto es que los testimonios recogidos por los investigadores ponen otra vez el dedo en la llaga, y de nuevo coloean sobre el tapete el urticante tema de la posible vinculación de miembros de las Fuerzas Armadas con grupos paramilitares.-
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