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| 8/27/2001 12:00:00 AM

Rito Alejo en su laberinto

¿Qué pruebas tiene la Fiscalía de vínculos entre el general Rito Alejo del Río y los paramilitares?

Al general (r) del Ejercito Rito Alejo del Río la Fiscalía General no lo iba a detener el lunes de la semana pasada, como finalmente sucedió. La operación desarrollada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones —CTI— iba a suceder realmente tres días antes, el 20 de julio, día de la independencia nacional. El jueves 19 una fiscal de la unidad de derechos humanos de la Fiscalía tomó la decisión de vincular formalmente al alto oficial a una investigación que se adelanta en su contra desde hace cerca de tres años. En ella el general Del Río es sindicado de ser el presunto responsable de los delitos de promoción y fomento en la conformación de grupos paramilitares en el Urabá.

A la postre la detención del oficial del Ejército no se llevó a cabo el día de la independencia nacional debido a una fuerte discusión interna, en la que participaron todos los funcionarios de la Fiscalía vinculados directamente a la operación. El argumento que más peso tuvo fue el de que detener al general Del Río justamente el día de mayor significado para el Ejército sería no sólo una humillación al oficial sino una grave ofensa a las Fuerzas Militares. Algunos argumentaron que un hecho de semejantes proporciones significaría la ruptura de relaciones entre la alta oficialidad del Ejército y el ente investigador, las cuales, aunque han sido a veces tensas, nunca han llegado a ser hostiles.

De cualquier manera la detención de Del Río levantó ampollas. Más que la captura del oficial lo que disgustó a los militares fue el procedimiento. De hecho, el ministro de Defensa y vicepresidente de la República, Gustavo Bell, y los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército, generales Fernando Tapias y Jorge Enrique Mora, protestaron públicamente por considerar que el operativo de la Fiscalía había sido exagerado y con un despliegue de fuerza innecesario.

El director del CTI, Ismael Trujillo Polanco, respondió las críticas y afirmó que la operación efectuada por sus hombres se desarrolló respetando todas las normas que exige un procedimiento de esa naturaleza.

Rito Alejo del Río se convirtió en el tercer general de la República que en menos de tres años es vinculado formalmente por la Fiscalía a un proceso, sindicado de conformación o vinculación con grupos paramilitares. El primero en rendir cuentas ante la justicia fue el general Fernando Millán, quien en 1998 fue llamado a indagatoria para que respondiera a acusaciones de haber apoyado a una Convivir de Lebrija (Santander) que habría terminado convertida en un grupo de justicia privada. El Consejo Superior de la Judicatura consideró, sin embargo, que la investigación contra Millán debía ser conocida por la Justicia Penal Militar y no por la Fiscalía.

Poco tiempo después, en 1999, la Fiscalía profirió medida de aseguramiento en contra del general Jaime Humberto Uscátegui por la presunta omisión en que incurrió en la masacre perpetrada por los paramilitares en julio de 1997 en Mapiripán (Meta). El Consejo Superior de la Judicatura, de nuevo, envió el caso a la Justicia Penal Militar, que este año condenó a Uscátegui a 40 meses de prisión Y ahora ordenó la captura de Del Río.



Del cielo al infierno

Luego de una exitosa carrera militar llena de condecoraciones por su lucha contra las Farc en el Magdalena Medio y Pablo Escobar, el general Del Río fue trasladado a la XVII Brigada del Ejército, en Urabá, lugar donde acariciaba el cenit de su carrera y, al mismo tiempo, comenzó el colapso de la misma.

Allí, entre 1995 y 1997, se preció de haber desalojado al bloque José María Córdova de las Farc. Varios ganaderos y bananeros de la región lo nombraron como el ‘pacificador de Urabá’. No obstante fue precisamente durante esa campaña militar cuando, según la investigación judicial, del Río habría promovido y fomentado la conformación de grupos de justicia privada. Las acusaciones hechas en su contra por el coronel (r) del Ejército Carlos Alfonso Velásquez y por la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas, principalmente, fueron las que dieron inicio hace cerca de tres años al proceso que adelanta la unidad de derechos humanos contra el ex general.



Las denuncias

Cuando Rito Alejo del Río asumió como comandante de la XVII Brigada, a finales de 1995, el coronel Velásquez llevaba seis meses desempeñándose como segundo comandante y jefe de estado mayor. Antes de su llegada a esa guarnición militar Velásquez era reconocido como uno de los mejores analistas del Ejercito y fue la cabeza del Comando Especial Conjunto que primero golpeó militarmente la infraestructura del cartel de Cali. En los allanamientos que realizó Velásquez encontró documentos que le dieron vida al proceso 8.000. Luego fue trasladado a Urabá.

Allí, siendo segundo hombre al mando en esa Brigada, denunció a Del Río de cohonestar a los grupos de autodefensa. “Como mínimo, no existe en el señor brigadier general comandante de la XVII Brigada un convencimiento de que la delincuencia organizada (llamados por la gente de la región paramilitares), es también un peligroso factor de desorden público y violencia en Urabá”, afirma uno de los apartes de un informe presentado en mayo de 1996 a sus superiores, en el que expresaba las irregularidades que él veía en la acciones de su superior, según consta en los expedientes de la Fiscalía.

De acuerdo con un informe de Human Rights Watch (HRW), cuando Velásquez les dijo a sus superiores que Del Río apoyaba a los paramilitares en Urabá, “en lugar de reclamar una investigación del presunto apoyo de la XVII Brigada a paramilitares los informes solicitaban que el Ejército investigara a Velásquez”. En diciembre de 1996 Velásquez fue dado de baja como oficial del Ejército. Sin embargo para HRW la validez y la importancia de la denuncia de Velásquez consistió en que no la hizo cuando fue retirado sino cuando todavía era oficial activo. Para esa ONG es evidente que el coronel no hizo la denuncia porque lo echaron del Ejército sino que lo echaron por haberla hecho.

A las denuncias de Velásquez se sumaron las de la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas Montoya, quien, entre otras cosas, aseguró en la Fiscalía que Del Río consideraba como guerrilleros a la mayoría de los activistas de su municipio. Según dijo Cuartas a SEMANA, “la llegada de Del Río a Urabá consolidó una estrategia de muerte. La detención del general tiene que ayudar para que el país tenga memoria sobre la forma como se hizo la supuesta pacificación de Urabá. Lo que ocurrió no fue sólo por la política de Del Río, sino que fue una política de la gobernación de Antioquia como política de Estado”.

Entre las pruebas que comprometen al ex general, además de las declaraciones de Velásquez y Cuartas, están las de cuatro subalternos con los que trabajó Del Río en Urabá. Los testimonios de los soldados respaldan las acusaciones iniciales de Velásquez y Cuartas sobre las comprometedoras acciones en las que, supuestamente, participó Del Río para favorecer y promover los grupos de justicia privada en el Urabá. Según las declaraciones de los soldados la relación ilegal de Del Río con las autodefensas desató la persecución de la subversión en esa zona del país y el desplazamiento masivo de centenares de personas que se asentaron posteriormente en San José de Apartadó.

En sus declaraciones ante la fiscal de la unidad de derechos humanos de la Fiscalía afirmaron que tropa y autodefensas patrullaban juntas y por eso el aparente desinterés de Del Río para enfrentar a los paramilitares. Los mismos testigos aseguraron que en diferentes municipios de Urabá era común ver a miembros de las Fuerzas Militares y autodefensas participando en actividades cívicas con la población civil. Todo esto con el supuesto beneplácito del ex general Del Río.



Presion internacional

Estas denuncias de los testigos en Urabá no son las únicas que lo cuestionan. De hecho, desde hace varios años muchas organizaciones de derechos humanos internacionales han puesto en duda la actuación de Del Río en su paso por Urabá. Según un informe de 1998 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, “en virtud del alto nivel de interacción entre las fuerzas paramilitares y las tropas del Ejército dentro de su jurisdicción, la Comisión considera que, salvo que se esté tratando de una palpable inefectividad y falta de control sobre sus tropas, es claro que el general Rito Alejo del Río debía tener conocimiento de la presencia de los paramilitares en el área y de la cooperación entre sus hombres y aquellos grupos”.

El pronunciamiento más duro en contra de Del Río provino del Departamento de Estado de Estados Unidos. En su informe de 1998 sobre la situación de derechos humanos en Colombia resalta en uno de sus apartes que “los comandantes militares locales y los grupos paramilitares llegaron a acuerdos tácitos en algunas regiones, y los grupos paramilitares operaron libremente en algunas zonas que se encontraban bajo control militar. Las autoridades asignaron dos oficiales de alto rango, quienes tienen vínculos con los grupos paramilitares a posiciones de alto liderazgo: el brigadier general Rito Alejo del Río Rojas y el brigadier general Fernando Millán Pérez”.

Esa declaración del Departamento de Estado fue la que finalmente llevó al presidente Andrés Pastrana a llamar a calificar servicios a los dos altos oficiales el 9 de abril de 1999, cuando Del Río se desempañaba como jefe de operaciones del Ejército y Millán como director de la Escuela Superior de Guerra. Del Río tiene otra investigación preliminar en la Fiscalía, también por presunta colaboración con paramilitares, cuando se desempeñaba como comandante del Batallón Atanasio Girardot de Medellín en 1988.

A esta denuncia se le suma un tercer proceso. El pasado 26 de abril la unidad nacional de derechos humanos de la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra estos dos oficiales dentro de otro proceso que se les adelanta por la presentación de testigos falsos. La investigación se basa en un episodio registrado en octubre de 1998, cuando dos personas denunciaron que Hernando Hernández, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) y Ana Teresa Bernal, coordinadora de Redepaz, les habían ofrecido dinero y asilo en Europa a cambio de acusar ante la ONU a Del Río y Millán de tener nexos con grupos paramilitares.

La Fiscalía investigó y llamó a los denunciantes a ampliar sus versiones. Ninguno de los dos resistió la confrontación probatoria y terminaron afirmando que la idea de ese montaje había sido de los generales Del Río y Millán. Según los investigadores de la Fiscalía, al parecer los generales buscaban demostrar que la justicia monta expedientes con base en testimonios sin ninguna credibilidad. Durante la indagatoria los generales negaron los cargos y obtuvieron el beneficio de libertad condicional en ese proceso que aún continúa.

La situación de Del Río, sin duda alguna, no es nada fácil. Al final de esta semana se cumplen los 10 días que tiene la Fiscalía para definir la situación jurídica de Del Río y deberá decidir si le dicta o no medida de aseguramiento. Esta decisión será el bautizo de fuego del nuevo fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, quien se posesiona esta semana.
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