A la cárcel dos funcionarias acusadas de 'chuzar' a periodistas

Desde las peleas entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema no se veía una confrontación entre dos cabezas del Estado como la que han protagonizado el fiscal Eduardo Montealegre y la excontralora Sandra Morelli.

Ni los llamados del presidente Juan Manuel Santos fueron suficientes para atajar la batalla por las presuntas interceptaciones ilegales que se habrían hecho desde el organismo de control a la periodista Cecilia Orozco y al columnista Ramiro Bejarano.

En ese momento, Morelli negó rotundamente los señalamientos, con el argumento de que la Contraloría no tenía la capacidad logística, ni equipos, ni funcionarios para adelantar este tipo de seguimientos.

Pasó el tiempo y el tema cayó en el olvido. Poco o nada se decía de la investigación que adelantaba la Fiscalía sobre el caso, hasta este viernes.

Al mismo tiempo que los medios fijaban su mirada en la extradición de Víctor Maldonado, 'cerebro' de Interbolsa, el tema revivió pero pasó inadvertido. Un juez avaló la captura este fin de de semana de Rocío González Martínez y Mónica Esperanza Cano.

La medida no es de poca monta. Se trata de las dos funcionarias presuntamente responsables de los hechos ocurridos entre el 5 y el 15 de julio del 2011, cuando recolectaron información reservada de un disco duro en el cual había información de por lo menos 70 personajes de la vida nacional y de empresas privadas.

Por esa época, Cano Bedoya era asesora de la contralora y Gonzalez Martínez laboraba como coordinadora del laboratorio informático de esa entidad, donde al parecer habría falsificado por lo menos 12 documentos públicos.

Al parecer, la asesora expidió una resolución en la cual pedía iniciar una búsqueda de datos de por lo menos 70 personas, entre ellas exministros, periodistas, congresistas e inclusive personajes de la empresa privada. “Esta no era función de esos despachos”, dijo el fiscal del caso.

El fiscal señaló que las dos funcionarias utilizaron esa información para realizar persecución a personas que nada tenían que ver con los fines que ellas desarrollaban. Y les imputó cargos por los delitos de abuso de función pública, ocultamiento de elementos probatorios y falsedad en documento público.