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| 11/12/2013 12:00:00 AM

La historia detrás del policía con VIH

El director de la Policía general Rodolfo Palomino fue denunciado por un patrullero con VIH.

El patrullero Juan Sebastián* vio en una convocatoria pública de la Policía la alternativa para reubicarse nuevamente a la institución de la que un día había salido por determinación propia, pero esa decisión le cambiaría la vida para siempre porque fue ese momento en el que se dio cuenta que era portador de VIH.

Por considerar que en su caso se cometió el delito de fraude a resolución judicial al no cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que le daba vía libre para continuar el proceso de reincorporación, Juan Sebastián denunció ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia al director de la Policía, general Rodolfo Palomino y a los oficiales que pudieron estar involucrados en su caso.

Una vez el patrullero es informado que padece la enfermedad, en la Policía le dicen que puede seguir con el proceso de reincorporación, pero según él, en el camino le pusieron un sinnúmero de obstáculos. Primero presentó una prueba psicológica que salió adversa a sus pretensiones y un examen físico, que determinó que padecía una escoliosis.  

Ante esta situación se dio por finalizado su proceso de selección y reincorporación a la Policía Nacional. Esta situación fue puesta en conocimiento de las autoridades judiciales, puesto que a juicio del patrullero, se le discriminó por ser portador del VIH.

“En oficio de marzo 15 del 2012 me comunicaron que la declaratoria de no apto se debía a la no superación de la prueba psicológica y a la escoliosis de 9 grados que presentaba”, señaló.

Sin embargo, el patrullero quiso seguir luchando para que se le permitiera el reingreso pues consideró que el examen psicológico se hizo en un mal momento porque acaba de enterarse de que estaba enfermo. Además dijo que logró con otra prueba demostrar que no estaba mal de la columna.  

Sobre el examen de escoliosis dijo que le realizaron dos pruebas en la Clínica de Occidente. La primera arrojó una “curva de escoliosis toracolumbar de ángulo derecho de nueve grados” y la segunda, ‘en la proyección neutral actual no se observa curva de escoliosis clínicamente significativa’, demostrando que la superó, contrario a lo dicho por la Dirección de Incorporaciones (Dinco)”, precisa uno de los apartes de la denuncia.

El denunciante aseguró además que los procedimientos a seguir durante la convocatoria de reincorporación y que deben ser practicados antes de la valoración psicológica, no se le realizaron.

También recordó que en el fallo de la Corte Constitucional se “revocó la sentencia proferida en junio 7 del 2012 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento confirmó la decisión del mayo 9 del mismo año por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que había negado el amparo de los derechos fundamentales del policía”, donde se decía que se le había vulnerado el debido proceso administrativo, su derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a escoger libremente profesión u oficio y a la no discriminación.

En ese momento la Corte le ordenó a la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional “admitirlo en la convocatoria para la reincorporación de patrulleros de la Policía Nacional, brindarle la asesoría post test omitida y posteriormente practicar la prueba psicológica y surtir ininterrumpidamente las demás etapas dentro del proceso de selección”.

También se advierte a la Dirección de Incorporación que debe abstenerse de discriminar de cualquier manera al patrullero “durante la terminación del proceso de reincorporación y siempre”.

Por último se previene “para que se abstenga de divulgar, sin consentimiento del policía sus datos personales y el diagnóstico médico respectivo”.

Ante lo ordenado por la Corte, el patrullero indicó que la Policía fue informada de las decisiones, pero que no se ha dado cumplimiento al fallo, por lo que solicita que se investiguen las actuaciones del general Palomino y otros oficiales que estén implicados en lo que para el denunciante es un caso de “discriminación”.

Por último, el patrullero da cuenta de amenazas que ha recibido él y sus abogados defensores “las cuales la Fiscalía ya tiene conocimiento, pero que hasta la fecha no se han tomado las actuaciones pertinentes  sintiendo el desamparo total del Estado”.  

*Nombre cambiado
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