Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2016/04/12 12:06

¡Que hagan política!

Más que macartizar o prohibir las actividades proselitistas, se debería reformar la acción política. Y dejar de lado, por supuesto, la idea de que la buena política es la que hace uno y, la mala, la que hacen los demás.

Alejandro Ordóñez, 'Iván Márquez' y Germán Vargas Lleras Foto: SEMANA

“Hacer política” está, definitivamente, mal visto. Se ha convertido en una mala acción y quienes la ejercen se hacen merecedores de una acusación. Se la han hecho al procurador Alejandro Ordóñez a raíz de los foros que ha promovido para cuestionar la política de restitución de tierras del Gobierno. Más de uno han dicho que eso prueba que será candidato presidencial y que está “haciendo política”. Lo hacen en tono censurador.

No hace mucho le cayeron con todo a ‘Iván Márquez‘ y a ‘Jesús Santrich‘, miembros de la delegación de paz de las FARC, por “hacer política” en Conejo, La Guajira. Muchos se escandalizaron al verlos sentados en una tarima de esas que son típicas en las manifestaciones tradicionales. Y eso que un proceso de paz, por definición, se trata precisamente de que quienes se han alzado en armas cambien la violencia por la política. Si los diálogos de La Habana tienen éxito, habrá muchas más imágenes como la tribuna de la plaza de Conejo. Y mientras más haya, más exitoso será el proceso. Pero les dieron con todo.

Desde luego, no es lícito que el procurador o cualquier otro funcionario utilicen los recursos del Estado con fines proselitistas porque quienes no están en el poder quedan en franca desventaja. Ni es aceptable, desde ningún punto de vista, que miembros de las FARC –o paramilitares o bacrimes- participen con armas en la competencia por el poder frente a candidatos y partidos desarmados. Eso se cae de su peso. Tampoco merece mucho espacio el argumento de que existen normas (consideradas obsoletas) que prohíben la participación en política de los funcionarios, ni que hay reglamentos (que están inventados y vigentes) que prohíben el abuso en el manejo de los recursos públicos con fines proselitistas.

Pero llaman la atención la prevención y el desdén de los analistas políticos -¿en forma mayoritaria?- contra la política. Que un empleado del Estado –en cualquiera de las ramas- tenga figuración pública y, en consecuencia, dimensión política, es parte de la esencia de su trabajo. Que un candidato utilice como argumento para buscar votos que ha hecho buena gestión en sus cargos es lo que se hace en todas partes. Y que se oriente el ejercicio de lo público hacia la construcción de una imagen positiva en el electorado es la práctica universal de las democracias. Una forma de “hacer política” que se considera legítima en el resto del mundo.

En Colombia no sobra política: por el contrario, hay déficit de ella. Sobre todo de la que se podría describir con “P” mayúscula. El expresidente del gobierno español Felipe González hace una clara distinción entre las dos. No es lo mismo vivir de la política que vivir para la Política, dice.

Y en este país, es cierto, la política no está cumpliendo las funciones principales que se esperan de ellas. Está mal: los partidos y el Congreso encabezan las encuestas de abajo hacia arriba, aparecen entre las instituciones con peor imagen. Hay síntomas claros de falta de legitimidad –credibilidad, aceptación y acatamiento- de las instituciones.

Grandes decisiones se han desplazado del Congreso y del Gobierno –espacios de naturaleza política- hacia las Cortes. La semana pasada la Constitucional aprobó el matrimonio de parejas del mismo sexo, un cambio histórico y necesario que el Congreso nunca pudo tramitar y frente al cual el gobierno pasó de agache, a pesar de su trascendencia. Hay que ver el discurso que pronunció Barack Obama en Estados Unidos cuando la Corte Suprema de su país adoptó un fallo semejante, el año pasado.

Mejor no meterse en los grandes asuntos porque son controversiales, es la consigna.

La política tampoco está cumpliendo la función de tramitar las diferencias de intereses, ideologías y puntos de vista, para construir consensos. El país está muy polarizado. A diferencia de hace años, líderes naturales como los expresidentes de la República ni siquiera se pueden reunir. Si se encuentran, no se saludan. Mucho menos podrían adoptar posiciones comunes frente a los grandes temas: el acuerdo sobre lo fundamental que, en primer lugar, debería establecer reglas de juego para tramitar el disenso y para que se respeten las opiniones diferentes.

Tampoco tenemos el debate que se necesita, y que forma parte de la esencia de la política. La controversia civilizada, de altura y profunda, le va dando paso -de la mano de las redes sociales, abrumadoramente recogidas por los medios-  a la agresividad desmedida, a los señalamientos personales, a todo lo que haga ruido. En las campañas electorales se volvieron más rentables las “denuncias” contra los contradictores que los planteamientos para los electores. Se han degradado las formas y se han roto los diques para mantener niveles mínimos de moderación, sensatez y rigor. Esta forma de política hoy tiene más valor y da más réditos y por eso es más frecuente.

Pero no es porque Iván Márquez y Jesús Santrich hablen en favor de la constituyente. Ni porque Alejandro Ordoñez quiera una contrarreforma de la ley de tierras. Ni porque Germán Vargas genere admiración porque –según dicen- está logrando que la pesada máquina del Estado se mueva en la construcción de infraestructura. Ni porque el uribismo organice marchas para criticar al Gobierno.

Por el contrario, estas actividades –bien orientadas- forman parte de lo que normalmente se acepta y se valora en otras democracias en las que no existe tan alto nivel de estigmatización para quienes deciden “hacer política”. Más que macartizar o prohibir las actividades proselitistas, se debería reformar la acción política para recuperarle esa “P” mayúscula de la que habla Felipe Gonzalez. Y dejar de lado, por supuesto, la idea de que la buena política es la que hace uno y, la mala, la que hacen los demás.

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