Rojas Birry: a la justicia ordinaria

Este martes la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura rechazó el conflicto de competencias que alegaban autoridades indígenas en el caso de Francisco Rojas Birry, inculpado por enriquecimiento ilícito.
 
El expersonero de Bogotá fue condenado por un juzgado de Bogotá a pagar ocho años de cárcel, pero Rojas Birry se refugió en su casa, en el norte de la capital, donde se instaló una custodia de la guardia indígena para impedir su captura, con el argumento de que la justicia especial indígena consagrada en la Constitución, era la que lo cobijaba, dado su origen étnico.
 
Pero según el Consejo Superior de la Judicatura, el proceso contra Rojas Birry no puede ser asumido por las autoridades de los pueblos indígenas, a los que pertenece el exfuncionario, porque el delito por el cual fue condenado no tuvo lugar dentro de una comunidad indígena.
 
Rojas Birry fue condenado el pasado viernes por recibir 200 millones de pesos de la captadora DMG en momentos en que aspiraba a la Personería, a la que finalmente llegó, en el 2008. 
 
Una vez conocido el concepto de la Judicatura, Rojas Birry procedió a entregarse a las autoridades. Además de la condena a ocho años de cárcel, el exfuncionario deberá pagar una multa de 400 millones de pesos, según informó la Fiscalía.
 
Por los mismos hechos, en febrero pasado la Procuraduría suspendió e inhabilitó a Rojas Birry por 12 años.
 
Entrega con reclamos
 
Aunque Rojas Birry, también exsenador de la República, anunció someterse voluntariamente a las autoridades, dijo a los medios de comunicación que considera injusto el fallo que lo condena y anticipó que lo apelará.
 
El expersonero reclamó a su vez que aunque muchas personas se beneficiaron económicamente de DMG, a su consideración sea él el único afectado por medidas judiciales por relaciones con ésa captadora.
 
Y recriminó también que no se le permita acogerse a la justicia indígena, preguntando que si por el hecho de ser personero perdió su condición étnica embera.