Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 1994/12/12 00:00

RONDA A LOS ALCALDES

El informe de inteligencia que acusa a varios alcaldes de tener nexos con la guerrilla y el narcotráfico es tan audaz en los señalamientos como precario en las pruebas

RONDA A LOS ALCALDES

EL PASADO MARTES PRIMERO DE NOVIEMbre el ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, convoco a su oficina a cuatro altos oficiales del Ejército y, tras una breve explicación, les dio una orden concreta: como acababa de culminar el proceso de elección popular de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, era necesario saber si algún municipio del país había quedado en manos del narcotráfico o de la guerrilla.

Botero pretendía establecer el alcance real del fenómeno detectado durante las semanas previas al debate electoral del pasado 30 de octubre, cuando numerosos candidatos a alcaldes fueron cuestionados públicamente porque, al parecer, habían aceptado patrocinio de reconocidos narcotraficantes o eran enlaces de la guerrilla que pretendían enquistarse en las administraciones municipales. Así, ante la enorme preocupación de que esos grupos que actúan al margen de la ley conquistaran puestos en el Estado, las autoridades decidieron ejercer un mayor control sobre 60 localidades.

Para cumplir la orden del Ministro los altos mandos dejaron la elaboración del documento secreto en manos del servicio de inteligencia militar. Este fue confeccionado muy rápidamente con base en informaciones suministraas por las brigadas del Ejército situadas en las poblaciones cuestionadas.

El resultado del análisis de inteligencia militar fue un documento de 15 páginas, en el cual se señala que en 47 alcaldías ganaron candidatos claramente vinculados con células guerrilleras de las Farc y el ELN. En otras cuatro, dice el informe, fueron elegidos aspirantes patrocinados por traficantes de drogas.

En el primer grupo el Ejército sindicó a los nuevos mandatarios de Cúcuta, padre Pauselino Camargo Parada, y Bucarasica (Norte de Santander), Ronaldo Ortega, como presuntos dirigentes de las milicias del ELN; los de Aguazul, Carlos Arturo Ramírez; de Tauramena, Gundisalvo Vega Sanabria, y de Támara, Ana Roncancio Valbuena, funcionarios de Casanare, son acusados de colaborar con una célula del ELN y con los frentes 28 y 38 de las Farc, respectivamente. También aparecen en el documento los alcaldes de Armenia, Efrén Tovar Martínez, supuesto enlace de las Farc; y de Sogamoso (Boyacá), Gustavo Suárez Niño, presunto auxiliador del ELN.

Supuestamente financiados por narcotraficantes de su región fueron sindicados por el informe los alcaldes de Maicao (La Guajira), José Antonio Hernández; La Dorada (Caldas), padre José Nicolás Gómez, y Chaparral (Tolima), Guillermo Cárdenas. Igualmente, está mencionado el alcalde de Medellín, Sergio Naranjo.

El documento con los nombres de los alcaldes y los presuntos grupos a los que pertenecen fue entregado al Ministerio de Defensa el viernes 4 de noviembre, es decir, tres días después de que Botero ordenó su elaboración, y filtrado a la prensa poco después. "Lo que queda claro es que a la velocidad con que fue elaborado el documento no hubo tiempo de recopilar pruebas y muchísimo menos de verificar los rumores que circulaban en cada una de las regiones donde estaban los candidatos objeto de la sospecha", dijo a SEMANA un oficial del Ejército que se enteró del contenido.

Ante el escándalo producido por la divulgación de un informe que ni siquiera conocía la Fiscalía, los ministros de Defensa y Gobierno salieron apresuradamente a explicar que se trataba de un documento de trabajo interno, no definitivo, no oficial, en el que había quedado plasmada la preocupación de los organismos de seguridad por lo que ocurre en algunas regiones. Lo malo de toda esta historia es que, aparte de haber generado mucho ruido y de haber creado un gran cúmulo de dudas sobre la honestidad y propósitos de los alcaldes mencionados, el ya famoso informe de la inteligencia militar no tiene mayores consecuencias en especial en el terreno jurídico. No solo se trata de señalamientos sin pruebas, sino que la sola revelación (por cuenta de la simple búsqueda de titulares de prensa), puede haber frustrado la consecución de las mismas, ya que puso sobre alerta a los sospechosos y éstos, de tener algo que oculktar, dedicarán los próximos días a borrar las eventuales huellas que hayan podido quedar después de la campaña electoral de sus nexos con las organizaciones delictivas. Como le dijo un oficial de inteligencia a SEMANA "aquí muchos nos sentimos frustrados por la divulgación del informe, pues éste era apenas el inicio de una labor investigativa que ahora ha quedado saboteada por la filtración del documento, pues los implicados ya están bajo alerta y se van a defender".

Pero, además de ello, la noticia tuvo algunas repercusiones en el exterior, pues las agencias internacionales y los corresponsales extranjeros aprovecharon el fin de semana para transmitir los datos del informe y relacionarlo con las acusaciones, en el sentido de que nuestro país es una narcodemocracia, hechas por el ex director de la DEA en el país, Joe Toft, y por algunos congresistas estadounidenses a propósito del escándalo de los narcocasetes.

Los alcaldes señalados por el documento están por ahora preparando su contraataque. Cuentan con una variada gama de armas. La primera será la de pedir pruebas, que, como suele suceder con los informes de inteligencia, no existen cuando la investigación se encuentra en una etapa tan preliminar. "Este caso comprueba una vez más que los servicios de inteligencia lo que hacen es convertir los chismes, los rumores, en informes de inteligencia. De esta manera es muy difícil hacer investigaciones profundas porque, aunque haya verdaderos indicios contra los sospechosos, lo malo es que por ahora no hay pruebas", dijo en tono molesto una fuente de la Fiscalía.

La segunda opción es la de entablar acciones judiciales en contra de las autoridades militares y el Ministerio de Defensa, a menos que estas agencias desmientan el documento. Y la tercera, la de acusar al gobierno, como ya lo hizo en declaraciones a SEMANA el abogado de uno de los alcaldes, de "perseguir a los más débiles, a los alcaldes de pequeños municipios del país, con toda clase de acusaciones sin sustento para ocultar la ineficiencia, sospechosa por demás, de las autoridades en la persecución de los grandes narcotraficantes del país, que todo el mundo, menos la Policía y el Ejército, sabe dónde están y se pasean por las ciudades como Pedro por su casa".

Pero, aparte de los anteriores problemas, el informe ha puesto el dedo en la llaga de un problema creciente del país: el alza evidente de los movimientos guerrilleros y de los carteles en los poderes públicos locales. El asunto ya tenía antecedentes: en casos como el del rico departamento petrolero del Arauca y la mayoría de sus municipios, algunos funcionarios, más que ser agentes y personeros de los grupos rebeldes, habían pactado con los jefes subversivos el desvío de importantes cantidades del presupuesto para inversiones en contratos en cuya negociación la guerrilla cobraba importantes comisiones. El cambio cualitativo en esta ocasión es quizás el de que ya no se trataría de alcaldes que pactan con la guerrilla, sino de alcaldes elegidos de manera más o menos directa por ésta.

En cuanto a los narcoalcaldes, la presencia de dineros de los carteles en las campañas electorales es cuento viejo, en especial en aquellas capitales donde el narcotráfico ha montado de tiempo atrás grandes organizaciones criminales y donde las campañas para alcaldes, concejales y demás funcionarios de elección volvieron a ser financiadas el pasado 30 de octubre con dineros provenientes del negocio ilícito.

Además en Colombia, como en la mayoría de países del mundo, las elecciones son determinadas por la plata. En cada una de las regiones los candidatos con mayor respaldo económico son los que tienen más opción, y en Colombia en estos momentos la plata la tienen, entre otros, los carteles de la droga y los guerrilleros.
Y lo que sucede es que los alcaldes elegidos en virtud del apoyo que les brindaron carteles y guerrilleros son más un síntoma del problema que el problema mismo. En un país a cuya economía le están entrando -en los cálculos más conservadores- entre 1.500 y 2.000 millones de dólares al año por cuenta del narcotráfico, buena parte de los cuales son invertidos en extensas propiedades rurales y bienes raíces urbanos; y en un país en donde cerca de 700 municinios registran alguna presencia guerrillera, es inevitable que los alcaldes terminen, por intimidación, corrupción o convicción, en manos de la guerrilla y el narcotráfico. Y mientras estas dos amenazas no cesen de crecer y no comiencen a ser controladas, al menos en una proporción aceptable, por las autoridades, el número de alcaldes, gobernadores y congresistas elegidos con el apoyo político y financiero de la guerrilla y los carteles continuará en alza, y los informes de inteligencia en este sentido seguirán proliferando sin que con ellos se ataque la esencia del problema.


GUSTAVO SUAREZ NIÑO
Alcalde de Sogamoso (Boyacá), acusado de auxiliar al EPL y al ELN.
Les dijo a sus allegados que el informe del ejército es equivocado y que quienes dieron la información en su contra quieren enlodar su triunfo político.



RONALDO ORTEGA
Alcalde de Bucarasica (Norte de Santander), acusado de tener vínculos con la guerrilla.
"Estoy sorprendido. Yo no entiendo cómo se medaña la imagen de esta manera. No tengo ningún vínculo con la guerrilla y mucho menos con el narcotráfico. Es la pregunta que yo me hago: ¿porqué me vinculan con la delincuencia?"



GUILLERMO CARDENAS
Alcalde de Chaparral (Tolima), acusado de recibir apoyo del supuesto narcotraficante Humberto Prada.
"No conozco al señor Prada. No financió mi campaña. Nuestros libros son transparentes. Hicimos una campaña pobre, austera. El no se vinculó económicamente para nada, y no conozco sus antecedentes económicos. Mi elección no se la debo a él, ni a ningún movimiento cívico en particular. Es una noticia muy desafortunada y lo que quieren es desvirtuar mi triunfo político".



JOSE HERNANDES F.
Alcalde de Maicao, acusado de integrar el cartel de la Costa y de ser jefe de grupos de justicia privada.
"Las acusaciones son un montaje de mis adversarios políticos. Yo soy un profesional de la administración y la economía, conocido aquí desde hace más de 30 años. Mis detractores se han dedicado a enlodar mi nombre, y eso lo tengo que aclarar con quienes elaboraron ese informe de inteligencia".



EFREN TOVAR M.
Alcalde de Armenia, acusado de auxiliar a una célula guerrillera.
"Es una acusación muy seria que me tendrán que probar".

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.