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| 2/2/2006 12:00:00 AM

Rumbo Bogotá

El necesario proyecto de descentralización y reforma administrativa que presentará Lucho Garzón al Concejo debe servir para discutir a fondo el futuro de la ciudad.

La alcaldesa de Kennedy, Damiana P. Amézquita , llega todos los días a su despacho con una enorme tarea: gobernar y administrar la localidad más grande de Bogotá, en la que viven más de un millón de personas y se manejan 27.000 millones de pesos de presupuesto, con solo 49 funcionarios.

Si bien buena parte de las políticas, recursos y programas son manejados desde el Palacio Liévano y la administración central, Amézquita y su equipo, en el que sólo hay dos abogados, deben responder por los problemas de su población, equivalente a medio Medellín, una Bucaramanga y su área metropolitana o cinco veces Montería. A su disposición tiene 420 policías y pocos recursos para reunir los dos billones de pesos que vale recuperar la malla vial de su localidad.

Con el fin de darles mayor autonomía y recursos a las 20 localidades que conforman Bogotá, una ciudad que crece cada 10 años una Barranquilla, y a la vez reformar profundamente su organización, el alcalde Luis Eduardo Garzón presentará en los próximos días al Concejo un proyecto para profundizar la descentralización y reformar la administración de la ciudad.

En juego no sólo está el manejo que deben dar las localidades al 10 por ciento de los ingresos de la ciudad, que este año serían 900.000 millones de pesos, sino las relaciones de poder que deben existir entre el alcalde mayor y los locales, que siempre han sido vistos como subalternos y no como colegas.

La propuesta de reforma parte del hecho que Bogotá es la única ciudad que tiene un capítulo especial en la Constitución de 1991. Esta le fijó los principios básicos que debía tener el Distrito Capital y sentó las bases para su descentralización, al darles a las localidades una organización política, competencias puntuales y recursos. En otras palabras, creó una especie de ciudades dentro de la ciudad.

En 1993, el alcalde Jaime Castro desarrolló con el gobierno nacional el Estatuto Orgánico de Bogotá, en el que se precisó la estructura de la urbe y de las localidades. Antanas Mockus trató de desarrollarla, pero la tarea quedó a medio camino, e incluso la relativa descentralización que se había dado en el manejo de recursos fue reversada por Enrique Peñalosa con el argumento de que había crecido la corrupción.

Hoy, la reforma promovida por el alcalde Luis Eduardo Garzón "busca ceder poder a las localidades para que puedan responder de manera directa por los asuntos y necesidades de sus habitantes. En resumen, es una profundización de la democracia, en un modelo nuevo y único en el país, que muestra el talante democrático de Lucho y de un hombre que cumple sus promesas", dice Enrique Borda, secretario general de la Alcaldía Mayor y quien está liderando este proceso.

La reforma tendrá varios principios. El primero es que hará realidad lo que está en el papel. Al darles personería jurídica, patrimonio y presupuesto, las localidades podrán decidir sobre qué obras hacer y, lo más importante y polémico para algunos, podrán contratar directamente las obras y los servicios que requieran.

La reforma será progresiva y gradual tanto en las funciones como en los recursos, premiará a los que hagan bien la tarea y castigará a los ineficientes, y tendrá planes de acompañamiento y asesoría.

Inicialmente se les dará a las localidades la responsabilidad de manejar los parques y el mantenimiento de la malla vial local secundaria. A medida que demuestren eficiencia y eficacia, se les irán entregando nuevas funciones hasta que tengan la capacidad de manejar su territorio y su población. "Sería irresponsable entregarles todos los asuntos y recursos de una sola vez, ya que las alcaldías no tienen ni la experiencia, ni la capacidad ni el equipo para hacerlo", dice Borda.

Aunque la administración cree que hay temas que no se pueden descentralizar, como la seguridad, la educación y la salud, algunos como el politólogo Pedro Medellín dicen que incluso temas como la planeación, el manejo de la Policía y la prestación de servicios públicos también pueden ser delegados en las 20 localidades a través de la constitución de gobiernos locales.

Aunque no ha sido presentada la reforma. ya hay críticos. Jaime Castro dijo a SEMANA que es necesario preguntarse si la descentralización va a llegar hasta lo mínimo, como lo que planteará Garzón, o si debe ser la cuota inicial de un enorme proceso que "podría llegar incluso a dividir la ciudad de otra manera, como por ejemplo, en cuatro grandes bloques o alcaldías autónomas que a la vez hagan parte de una ciudad-región, tal y como se están ordenando las grandes ciudades del mundo".

Dentro del proyecto de descentralización, Lucho Garzón le pedirá facultades extraordinarias al Concejo para reformar, fusionar o liquidar las secretarías, las institutos, los departamentos y organizaciones que conforman la administración de Bogotá y que la hacen difícil de gobernar. La idea es agruparlas en 10 grandes sectores como salud, educación, hábitat, movilidad, desarrollo económico e inclusión social, entre otras.

Desde que en 1954 un plumazo del general Gustavo Rojas Pinilla le anexó a la capital los municipios de Suba, Engativá, Usaquén, Usme, Bosa y Fontibón, para garantizar su desarrollo, no se han tomado decisiones a fondo sobre su futuro, más cuando la capital prácticamente agotó su territorio y su desarrollo depende de los municipios de la región, pero también los perjudica.

Sin duda, la reforma Garzón será el gran debate político de este año en la capital. La descentralización y la reforma son necesarias, pero, como lo advierte Mockus, no se deben hacer para darles contentillo a teóricos, universidades, líderes y políticos, sino "seguir la siguiente filosofía: firme, si le sirve al ciudadano". n
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