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| 8/20/2011 12:00:00 AM

Rumores de paz

Algunos sectores creen que se están comenzando a dar las condiciones para un eventual diálogo con la guerrilla. La cosa no pinta nada fácil.

Las revoluciones suelen ser cosa de jóvenes. Desde los barbudos que entraron enarbolando sus fusiles en La Habana hasta la reciente primavera árabe, pasando por el repudio a la guerra de Vietnam y el Mayo del 68, los protagonistas suelen tener menos de 30 años. Por eso nada revela más lo anacrónico de la guerra colombiana que el último video de Alfonso Cano, un sesentón vociferante, cuya retórica ya no genera ni siquiera noticia. Y no menos decadente es la foto de la cúpula del ELN, que evoca a los ancianos que integraban el politburó de la Rusia comunista. Con la gran diferencia de que en el caso de estos últimos, la revolución había triunfado. En Colombia, esta perspectiva no existe. Excepto los veteranos envejecidos en la selva, nadie cree en la posibilidad de una toma del poder por las armas. Por eso, en los mensajes recientes de estas guerrillas invocan la necesidad de dar fin al conflicto armado con una salida negociada. Un tema que desde hace una década estaba proscrito de la agenda política.

Eso puede estar cambiando. Si la paz fuera un asunto esotérico, se podría decir que los astros, lentamente, se están alineando a su favor. Muchos gestos y hechos de las últimas semanas dejan entrever que se está configurando un nuevo escenario.

Para comenzar, aunque Juan Manuel Santos nunca lo ha reconocido explícitamente, es evidente que si quiere pasar a la historia como el transformador del país, necesita ponerle punto final al conflicto interno. Desde su discurso de posesión dejó claro que la puerta del diálogo no estaba cerrada con llave. Obviamente, después del fracaso del Caguán y del éxito militar de Uribe no podía ir más allá en ese momento. Pero en estos últimos 12 meses las cosas han evolucionado y más que todo por gestos provenientes del propio presidente de la República.

Quizá el más definitivo es la Ley de Víctimas y su capítulo de restitución de tierras. Esta ley no solo recogió un amplio consenso y logró que de nuevo se reconociera la existencia del conflicto, sino que inauguró un camino inédito hasta ahora: enfrentar el problema estructural de la violencia por abajo, desde las comunidades, y no por arriba, con las dirigencias guerrilleras. Si el gobierno logra, como se lo propone, una titulación masiva de tierras, le arrebataría a la insurgencia su bandera histórica más importante. La pregunta es si al perder las guerrillas este espacio ideológico, van a ver una oportunidad para reintegrarse a la vida política del país o dejarán pasar una vez más el tren de la historia, como en la Constituyente y en el Caguán.

Existe una posibilidad de que en esta ocasión las Farc no se quieran quedar por fuera del juego en el tema de tierras. En el encuentro campesino que se realizó en Barrancabermeja hace una semana, que reunió a 20.000 personas de todas las tendencias, enviaron un mensaje claro: la restitución de tierras es inviable sin un proceso de paz. En otras palabras, si Santos quiere cumplir, tiene que contar con nosotros.

Otro factor que juega a favor de crear un clima de paz es el internacional. La manera como Juan Manuel Santos disolvió su enemistad con Hugo Chávez y Rafael Correa hizo que los grupos insurgentes perdieran la que fue su retaguardia estratégica. Si bien sigue habiendo presencia guerrillera en ambos países, la tolerancia a nivel oficial ha disminuido drásticamente, como lo reconoció el propio comandante del Ejército, general Alejandro Navas.

Tampoco pasa inadvertida la invitación hecha por el gobierno al juez Baltasar Garzón, a instancias de la OEA. Garzón es asesor de la Corte Penal Internacional, y el balance que está haciendo de la Ley de Justicia y Paz redundará, seguramente, en la búsqueda de fórmulas para un proceso de paz con la guerrilla en el futuro que sean aceptables por la comunidad internacional.

Pero es en el terreno militar en donde más propicio parece el momento. Durante el gobierno de Uribe, el país le apostó con todo a la derrota de los grupos insurgentes por vía de las armas. El apoyo de Estados Unidos, el impuesto al patrimonio y el protagonismo de la agenda de seguridad empujaron a las Fuerzas Armadas hacia la más consistente ofensiva contrainsurgente de toda la historia. Y aunque hay controversia respecto a los resultados, puede decirse que hoy la guerrilla está derrotada a nivel militar y político, aunque siga viva y mantenga su capacidad de dar coletazos terroristas con impacto en la opinión.

Este escenario, sin embargo, no es inamovible. Un nuevo ciclo de guerra puede revivirse si no hay un proceso de paz. Los años de la seguridad democrática dejan como balance un cambio profundo en la geografía de la confrontación. Hoy la guerrilla es fuerte en regiones muy específicas, como Cauca, Catatumbo y Arauca. Está concentrada principalmente en los territorios de la Amazonia, el Pacífico, y la Orinoquia, que, aunque olvidados por décadas, hoy se han convertido en la despensa de las riquezas que sustentarán el futuro del país: la minería, el petróleo y la agroindustria.

Pero a todas estas, ¿qué piensan los militares, que históricamente no han visto con buenos ojos los intentos de negociación porque los consideran una estrategia de la guerrilla para fortalecerse? En este frente también ha habido una evolución. Ante la convicción de que la guerrilla no se puede tomar el poder, la posición de los militares es menos radical y más realista. En varias ocasiones, los comandantes han dicho que su papel es crear las condiciones para una negociación favorable para el Estado. La actual ecuación de fuerzas los ha hecho sentir que no se estaría negociando desde una posición de debilidad. Saben que ni hoy es repetible el Caguán, ni Santos es Pastrana. Lo conocieron como ministro de Defensa y lo tienen calibrado.

Por el lado de las guerrillas también ha habido cambios sustanciales. La muerte del Mono Jojoy se convirtió en una gran oportunidad para que Alfonso Cano les dé un viraje a las Farc, para recuperar la iniciativa política. En sus últimos videos, Cano ha insistido en la necesidad de diálogo, ha reconocido esfuerzos democratizadores del Estado y le ha hablado a Santos directamente. Estos gestos son retóricos, pero no insignificantes. Cano sabe que se requiere un hecho político, como la liberación de los secuestrados, para que el gobierno empiece a tomarlos en serio.

El otro factor importante es que la opinión pública también está comenzando a cambiar. Del exceso de triunfalismo del final de la era Uribe se ha pasado al sentimiento de que Colombia no puede ser el único país en el mundo condenado a una guerra perpetua. Se sabe que el proceso es complicado y puede ser largo. Pero también hay conciencia de que es muy probable que Santos sea reelegido y que él tiene la credibilidad y el poder para liderar un proceso de esa naturaleza.

Ese cambio de percepción ha sido gradual. En un sondeo realizado entre cien empresarios por el diario La República, cuarenta creen que este es el momento para buscar una salida negociada, mientras que a sesenta les parece que todavía es prematuro. Lo importante de la encuesta, sin embargo, no son tanto las cifras como el hecho de que el asunto de la paz está definitivamente sobre el tapete. Y el tema no está limitado al sector empresarial. En ese mismo sentido se expresó el investigador Medófilo Medina en una sentida carta dirigida a Alfonso Cano, quien fue su amigo y camarada de juventud. Medina le recuerda a Cano que 47 años de lucha guerrillera no han servido para resolver ningún problema del país y en cambio han sido la excusa para un fortalecimiento de la derecha.

Y aunque a nadie le importa la opinión del Congreso por estos días, este también ha dado muestras de estar en la misma onda. Prueba de esto es la curiosa llave entre el senador uribista Roy Barreras y la senadora comunista Gloria Ramírez, quienes emprendieron juntos la tarea de diseñar con una amplia consulta lo que serían las bases legislativas para un proceso de paz.

También hay iniciativas individuales, como las de Piedad Córdoba, que aunque sean controvertidas pueden acabar siendo determinantes para desatar los nudos existentes. La exsenadora está haciendo gestiones para lograr dos objetivos diferentes: la liberación de los uniformados

secuestrados y la unificación de las Farc y el ELN como fuerza única negociadora en un eventual proceso de paz. Piedad tiene muchos enemigos, pero nadie niega que los contactos y la credibilidad que tiene ante la insurgencia pueden ser muy útiles en una fase exploratoria.

No es un camino de rosas

A pesar de todo lo anterior, un proceso de paz requiere más que la simple alineación de los astros. Debajo de estos siempre puede haber grandes nubarrones. Y los que se ven en el horizonte no son pocos. La primera es la paradoja de la seguridad. En el terreno militar, hace dos años las Fuerzas Armadas estaban en su mejor momento. De ahí en adelante, la estrategia empezó a agotarse y se llegó en cierta forma a un estancamiento. La insurgencia logró adaptarse al modus operandi de las fuerzas militares y estas no han podido dar un viraje que la sorprenda. Además, surgieron nuevas fuentes de violencia como las bandas criminales (bacrim), que han ocupado el espacio de los antiguos paramilitares. El gobierno está comenzando a reaccionar frente a estas nuevas realidades.
Las Farc, por su parte, han vuelto por sus fueros: pusieron por lo menos una bomba en Bogotá (en las instalaciones de Caracol Radio) y un carro bomba en Toribío; el secuestro en zonas petroleras se ha disparado, al punto que todavía tienen en su poder a cuatro técnicos chinos; han logrado hacer presencia en carreteras, como la Troncal de la Costa, en Antioquia, y no han perdido oportunidad para emboscar a las tropas en operaciones puntuales. No se sabe entonces qué duración tendrá la disposición del país de embarcarse en una apuesta por la paz.

El segundo problema es cómo inventarse un modelo de negociación viable. La guerrilla no quiere llegar humillada a la mesa de diálogo, sino con una agenda de reformas para el país. Esto no es posible porque la pérdida de legitimidad de la insurgencia es tal que la sociedad colombiana llegará, cuando más, a aceptar una amnistía condicionada y su reincorporación a la vida civil. Esto no es poca cosa si se tiene en cuenta que la Ley de Justicia y Paz actualmente vigente contempla penas de cárcel para la guerrilla iguales a las que se les han impuesto a los paramilitares. Esta premisa no es realista pues así como el país no acepta agendas de reforma de la guerrilla, esta no acepta un día de cárcel como condición para reintegrarse a la sociedad.

En ese escenario no se sabe cuál será la reacción y capacidad de daño de la extrema derecha. Santos ya puso el dedo en la llaga cuando mencionó a la 'mano negra' como una fuerza que podía amenazar la reconciliación nacional. Y no es un riesgo menor. Que Piedad Córdoba haya tenido que salir del país puede tener relación con esa extrema derecha aún vigente.

Otro elemento que puede complicar las cosas es que han surgido nuevas fuentes de financiación para las guerrillas. En el pasado, el secuestro y el narcotráfico eran la gasolina que las mantenía vivas. La locomotora de la minería, de la que dependen en gran parte los proyectos económicos a largo plazo del gobierno, también se puede convertir en una locomotora para la insurgencia. El mapa de la explotación petrolera coincide con el de la ubicación de los grupos armados, y la experiencia colombiana demuestra que aun guerrillas derrotadas pueden resucitar si logran capturar las rentas de los hidrocarburos.

Y quizá el mayor problema es que la gente del común, el colombiano de la calle, no cree en la palabra de los insurgentes. Los recientes mensajes de estas guerrillas se han recibido con escepticismo. Por ese desgaste del lenguaje, hace bien el gobierno en no hablar de paz y, en cambio, mantener la mano dura y la línea de crear condiciones objetivas para que más adelante se abra un proceso. Por esto ha sido considerada significativa la declaración de Juan Manuel Santos en una rueda de prensa en Chile, en la cual, sin que nadie le preguntara, manifestó que el Estado está dispuesto a abrir las puertas del diálogo, siempre y cuando haya gestos creíbles de la contraparte.

Paradójicamente, aunque la guerrilla no ha tenido ningún gesto importante de reconciliación, el gobierno de Santos sí ha tenido varios. Por ejemplo, el primer mandatario le pidió perdón a la comunidad de El Salado por la masacre que cometieron allí los paramilitares, gracias a la complicidad e ineptitud del Estado. Igual de significativo es que el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, hiciera lo propio en el caso del senador de la UP Manuel Cepeda. Esto sumado a la expedición de la Ley de Víctimas y de Tierras es la cuota que el actual gobierno está dispuesto a poner para construir la confianza entre las dos partes. De aquí en adelante, nada va a pasar hasta que la guerrilla dé muestras de buena voluntad comparables, como sería liberar sin condiciones a los uniformados secuestrados.

Santos está abriendo un espacio y creando una oportunidad que las guerrillas deben aprovechar. En Colombia se está construyendo un consenso básico para desarrollar y profundizar la democracia. Y las reformas se harán, como en toda América Latina, a través de la política y no de las armas, sea que los otrora jóvenes idealistas que llevan medio siglo en el monte se vinculen a ellas, o decidan ser dados de baja, o morir de viejos tercamente en la selva, con la fantasía de una revolución que ya no fue y que ellos mismos se encargaron de convertir en imposible.

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