Sala de urgencias

El gobierno nacional está a punto de decretar una emergencia social para enfrentar los graves problemas que afectan al sector salud. El diagnóstico es realmente preocupante y por eso las medidas no dan espera.

Como casi siempre, los males tienen que ver con plata. El sistema se está desfinanciando, pues los gastos están aumentando velozmente y los ingresos vienen cayendo de manera acelerada, entre otras razones, porque cada vez más personas entran a la informalidad laboral. Pero también hay líos por ineficiencia y abusos por parte de algunos actores del sistema que quieren sacar el mayor provecho con la salud de los colombianos.

¿Por qué se han disparado los gastos? En primer lugar hay que recordar que los recursos del sector salud que provienen de aportes de los empleados, las empresas y el gobierno sirven para pagar un listado de procedimientos, medicamentos e insumos que garantizan a todas las personas unos niveles básicos de atención. A ese listado se le conoce como Plan Obligatorio de Salud (POS).

Pues bien, en los últimos años y por la vía de fallos judiciales, el sistema ha empezado a responder por otra clase de servicios que no están incluidos en el POS. Esto ha abierto un hueco que el año pasado costó 1,2 billones de pesos y este año costará 1,7 billones. En otras palabras, se ha creado una especie de POS judicial que ha hecho que por la vía de fallos se tenga que prestar más servicios a la gente, así no estén financiados.

Como si fuera poco, la Corte Constitucional expidió una sentencia en la que señala que el país debe unificar el POS (actualmente existe uno para régimen subsidiado y otro para los afiliados a las EPS privadas), universalizar la cobertura y garantizar la prestación de los servicios no incluidos en el POS. Según las cuentas de Fedesarrollo, cumplir con este fallo dispara los gastos en seis billones de pesos al año.

El otro asunto que tiene en jaque a la salud tiene que ver con las demoras en los pagos a algunas instituciones como hospitales y EPS. La mayor queja se presenta contra el Fosyga (fondo que administra buena parte de los recursos de la salud en el régimen contributivo) y contra algunos mandatarios locales que no entregan rápidamente el dinero de salud.

Eso genera costos financieros muy elevados y golpea los balances de las entidades promotoras de salud. Acemi, el gremio que reúne a las EPS privadas, denunció que el Fosyga les adeuda 500.000 millones de pesos a estas empresas.

Como si faltaran los problemas, hay personas que están abusando del régimen: proveedores que cobran por medicamentos o procedimientos el doble de lo que valen; jueces que en sus fallos obligan al sistema a cubrir cirugías estéticas y hasta cambios de sexo y el abuso de ciertos afiliados que se aprovechan de los beneficios.

Son varias las medidas que está estudiando el gobierno para aliviar a este paciente. Primero, se buscarán más recursos para cubrir el desfase financiero. La idea del gobierno es incrementar los impuestos a los juegos de suerte y azar, los cigarrillos, los licores y la cerveza.

A través de medidas administrativas se eliminará parte de la intermediación de los recursos, de tal manera que lleguen más rápido a su destino final. De otra parte, se está considerando cómo lograr una mayor equidad para que quienes tienen mayor poder adquisitivo paguen más por los servicios que se les prestan. Así mismo se les podrá lupa y mecanismos de control para evitar abusos. El gobierno quiere cerrar todos los huecos por donde se está desangrando el sistema de salud.

Nadie puede poner en discusión los resultados en cobertura y calidad que se han logrado en la última década y que llevaron a que 42 millones de colombianos hoy tengan cubiertos sus riesgos de salud. Por eso, esta no es una coyuntura para dar marcha atrás, sino para hacer la cirugía que se necesite, así resulte algo dolorosa.