Salamanca busca evitar de nuevo la cárcel

Un nuevo giro tendría este martes el proceso contra el hombre de 23 años que hace ya más de un mes, alicorado, embistió con su vehículo a un taxi y dejó muertas a dos jóvenes empleadas bancarias y seriamente herido al conductor del vehículo de servicio público, según la versión de las autoridades.

Un juez de conocimiento definirá si deja o no en libertad a Fabio Salamanca, luego de que la Fiscalía insistió ante la justicia que él sí representa un peligro para la sociedad. El presunto causante de la calamidad iba al volante con grado 3 de alcoholemia (el máximo) y se estima que viajaba a unos 140 kilómetros por hora.

Desde el 30 de julio pasado, cuando una juez de control de garantías lo dejó libre bajo la consideración de que no representa riesgo alguno, sus abogados han buscado por todos los medios acordar una indemnización con las familias de las víctimas.

Pese a que uno los defensores del joven indicó que todo estaba listo para realizar un pago que entre 800 y 1.000 millones de pesos, las familias de Ana Torres y Diana Bastidas -las mujeres fallecidas-, al igual que Hollman Cangrejo -el taxista herido seriamente en el choque-, aseguran que no ha habido arreglo alguno, aunque no niegan los acercamientos.

Salamanca ya tuvo audiencia de imputación de cargos en la que se le señaló de ser responsable de homicidio con dolo eventual y lesiones personales. En los días que lleva libre dio declaraciones a los medios en las que él manifestó su arrepentimiento y pidió perdón por el daño que causó no sólo a las familias de las víctimas, sino a su propio hogar.

Hace cuatro días, a un mes exacto de la tragedia ocurrida en la calle 26 con carrera 30 de la capital del país, la Secretaría de Movilidad suspendió la licencia de conducir del infractor por espacio de una década.

Por otra parte, pese a las consideraciones de los jueces, continúa el debate acerca de que Salamanca esté libre ante las graves las conductas que se le imputan, que en otros casos similares han dado lugar al encierro preventivo del presunto responsable en un establecimiento carcelario.

Y, desde luego, no falta quien recuerde la posición acomodada de la familia del joven, dueños de una mediana fábrica de zapatos en el barrio Restrepo en el sur de Bogotá, y su supuesta influencia en aquella decisión.

Este caso ha conmocionado la sociedad, pero aún no se ven efectos prácticos. La Policía de Tránsito y Transporte ha incrementado sus operativos y cada fin de semana, desde el los hechos, reporta centenares de conductores ebrios en todo el país. El drama de los implicados parece que aún no escarmienta a los infractores.