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| 11/24/2012 12:00:00 AM

Salimos del Pacto

En la cacería de responsables por la pérdida ante Nicaragua, el gobierno anunció su retiro del Pacto de Bogotá, un histórico acuerdo al que quizá se le atribuye más responsabilidad de la que tiene.

El 30 de abril de 1948, en medio de las cenizas de El Bogotazo, una veintena de países que estaban reunidos en la capital en el marco de la IX Conferencia Internacional Americana suscribieron un documento que hoy está en el centro de la polémica. Se trata del Pacto de Bogotá, un acuerdo que obliga a los signatarios a resolver sus conflictos por medios pacíficos y que le da jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, la misma que acaba de fallar el diferendo con Nicaragua.

Como niño aplicado, Colombia firmó el Pacto o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas. No era para menos. No solo la tradición diplomática del país ha sido la de vincularse a los acuerdos que propenden por las buenas relaciones internacionales, sino que esa Conferencia en particular fue muy relevante, pues también le dio vida a la Organización de Estados Americanos (OEA). Para el canciller de la época, Laureano Gómez (que luego sería presidente de la República), era imposible sustraerse de un acuerdo que llevaba el nombre de Bogotá. El Pacto se ratificó en 1968, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, en el periodo del Frente Nacional.

Hoy, al calor del recorte del mapa nacional, son muchas las voces que dicen que haberlo aceptado fue lo que dejó al país en la sin salida de tener que acatar la decisión de la justicia internacional. El gobierno compró esta idea y prácticamente ya está tomada la decisión de que Colombia se saldrá del Pacto de Bogotá.

Una de las voces más fuertes que ha sugerido este camino es la del expresidente Álvaro Uribe, quien dijo a los medios que el retiro fue algo que su administración no pudo hacer, pues en 2002 hubiera sido ineficaz, ya que luego de la renuncia solo queda en firme un año después y la demanda de Nicaragua se interpuso en 2001. Lo cierto es que durante la década del litigio, al interior de la Comisión Asesora se discutió en varias oportunidades la opción de la renuncia al Pacto, pero nunca se aceptó por no mandar el mensaje de que Colombia le quería hacer el quite a la Corte. Además, porque no son claros los efectos prácticos que esto traería. Una de las molestias en el gobierno con el Pacto es que solo 15 de los 21 países firmantes lo han ratificado. Paradójicamente Nicaragua es uno de ellos.

¿Por qué para el gobierno la situación es hoy diferente y quiere salirse del Pacto? Según sostuvo en diferentes foros la canciller Maria Angela Holguín, se deben examinar los compromisos que se han ratificado y se deben tomar decisiones acordes a la protección del interés nacional. La salida del Pacto sería una movida estratégica con la que se busca cerrar un canal que llevaría a aceptar en el futuro la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Una forma de bloquear nuevas demandas en un momento en el que Nicaragua puede envalentonarse y reclamar más territorio como algunos creen que lo hará. También para evitar posibles reclamos de naciones limítrofes en el Caribe que busquen pescar en río revuelto. Sin embargo, varios abogados internacionalistas consultados por SEMANA coinciden en que esa jurisdicción está incluida en un centenar más de tratados que ha suscrito el país, con lo que se relativizaría el peso específico del Pacto en cuestión.

Está claro que retirarse en nada afecta la decisión de la Corte de La Haya. Es motivo de discusión su consecuencia práctica en el futuro. Pero sin duda, así como el Pacto de Bogotá no es la razón que permitió la pérdida del mar en el Caribe, sustraerse no puede ser la única estrategia de defensa ante nuevos pleitos.
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