06 octubre 2012

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Salud de Estado

PORTADACon el presidente, el vicepresidente y el alcalde de Bogotá enfermos, queda claro que la salud de los gobernantes no puede ser considerado un problema privado y debe ser reglamentado.

Salud de Estado.

Cuando tuvo lugar el derrame cerebral del vicepresidente Angelino Garzón surgió en el país un debate alrededor de un tema que era estrictamente hipotético. ¿Qué pasaría en Colombia si mientras el vicepresidente estuviera incapacitado se le presentara un problema médico al presidente Juan Manuel Sant
os? En ese momento surgieron toda clase de opiniones que eventualmente no desembocaron en nada.

Sin embargo, ahora ese escenario, con el cáncer de próstata del presidente, se hizo realidad. No porque los males del primer mandatario lo puedan inhabilitar para gobernar ya que su operación resultó exitosa. La coincidencia de que el número uno y número dos del país estén enfermos simultáneamente, más la decisión de Santos de no recibir anestesia general, así como la renuencia de Garzón de someterse a un examen médico, han hecho que el tema de la salud de los gobernantes esté sobre el tapete.

El estado de salud de los presidentes ha sido objeto de reciente controversia no solo en Colombia sino en otras latitudes. En los últimos meses, el cáncer ha atacado a seis mandatarios latinoamericanos y a un expresidente de la región. En 2009, mientras estaba en campaña, a la hoy presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, los médicos le detectaron un cáncer linfático. Los electores acudieron a las urnas con el conocimiento de los problemas de salud de la candidata y de todas maneras ganó la elección. Poco tiempo después, su antecesor en la dirigencia de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, fue diagnosticado con cáncer de laringe cuando ya había dejado el palacio presidencial. El hoy destituido presidente de Paraguay, Fernando Lugo, sufrió de cáncer linfático no Hodgkin que alcanzó un estadio cuatro mientras ocupaba el palacio presidencial. El presidente René Preval de Haití fue operado de cáncer de próstata, el mismo mal que afectó a Juan Manuel Santos.

El caso más polémico y publicitado es el del presidente venezolano Hugo Chávez, quien ha mantenido por meses un sigilo inexplicable sobre su enfermedad. Se sabe que le extirparon un tumor cancerígeno en la zona pélvica y que recibió quimioterapia en la isla de Cuba. Pero no han existido partes médicos oficiales del gobierno vecino por lo que la dolencia de Chávez se convirtió en tema de la campaña presidencial. De hecho, los venezolanos acudieron a las urnas este domingo sin conocer cuál es el estado real de salud del mandatario, salvo que se le vio vigoroso y recuperado en las últimas semanas antes de los comicios.

La historia contemporánea ha estado, así mismo, marcada por líderes que tomaron decisiones trascendentales para el mundo en medio de precarias condiciones de salud. Algunos de los casos más impactantes han sido recogidos en el libro Aquellos enfermos que nos gobernaron del periodista francés Pierre Accoce y el médico Pierre Rentchnick, publicado en 1978. Esa investigación demuestra que un puñado de gobernantes se encontraban gravemente enfermos cuando diseñaron la geopolítica del siglo XX (ver recuadro). Por ejemplo, Colombia no ha estado ausente de momentos similares. Al final del cuatrienio del presidente Virgilio Barco, quien gobernó entre 1986 y 1990, existían sospechas de que podía padecer de alzhéimer. Sin embargo, no se hablaba del tema porque se consideraba una violación a la intimidad.

Estas experiencias nacionales e internacionales han demostrado que la salud de los mandatarios no es un asunto privado sino un asunto público que no debe ocultarse a los ciudadanos. Atrás quedaron los días en que por pudor, respeto o tabú, las enfermedades de los gobernantes eran consideradas un área prohibida para la discusión pública. En una sociedad interconectada como la contemporánea, esas tres consideraciones ya no tienen mayor justificación.

El debate sobre los gobernantes y sobre su estado de salud está hoy en el país más vigente que nunca. El presidente y el vicepresidente no son los únicos líderes que han tenido que desempeñar sus cargos enfrentando problemas médicos. Los alcaldes de Bogotá y Cartagena, Gustavo Petro y Campo Elías Terán, hacen parte de esa lista. Por su parte, en Sucre crecen los rumores sobre la condición del gobernador Julio César Guerra Tulena. Tan distintos son sus diagnósticos y la gravedad de sus dolencias como la forma con que cada uno de ellos ha manejado su problema ante la opinión pública.

El presidente Santos, por ejemplo, creó un hecho político por la transparencia y claridad con que hizo pública su dolencia. Esta contrastó con la forma escasa y confusa con que los médicos informaron inicialmente el accidente cerebrovascular del vicepresidente Angelino Garzón. Y esto para no mencionar que el tercer cargo más importante del país, el alcalde mayor de Bogotá, también está atravesando una situación médica compleja e igualmente poco transparente. Así mismo, el alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán, lucha contra un agresivo cáncer en medio de una polémica sobre el papel que su hija está desempeñando en la administración de esa ciudad.

De todos los casos mencionados, el que está en el ojo del huracán en estos momentos es el de Angelino Garzón. Desde que el vicepresidente comenzó un tratamiento médico, luego de que sufrió una isquemia cerebral que obligó a inducirle un coma, la pregunta sobre su verdadero estado de salud ha estado en la agenda nacional. Y no por razones triviales: de acuerdo con la Constitución, Garzón es el llamado a reemplazar al presidente Santos en caso de su ausencia temporal o definitiva.

La información pública que han dado a conocer los galenos desde el comienzo ha sido muy escueta. De hecho, cuando Garzón salió de la clínica y comenzó a recibir tratamiento en su casa, llamó la atención que el comunicado tuviera un pie de página que decía que la historia clínica era confidencial y citaba la Ley 23 de 1981 que consagra ese derecho del paciente. A lo anterior se sumaba la circunstancia de que al sufrir el accidente cerebrovascular, las relaciones entre Garzón y Santos pasaban por un mal momento. Se comentaba que el número dos se había convertido en una rueda suelta para el número uno. En medio de esta situación las dudas que tenía el país no se despejaron de manera definitiva. Se ha llegado a rumorar, incluso, que la razón por la cual el presidente Santos se sometió a una intervención dolorosísima sin anestesia general está relacionada con la falta de claridad que existe sobre la condición de Garzón.

Por estas razones, el presidente del Congreso, Roy Barreras, propuso que una junta médica examinara al vicepresidente para que determinara si su estado de salud era óptimo para reemplazar al presidente. Setenta senadores votaron a favor de la propuesta y cinco lo hicieron en contra. La propuesta, como era de esperarse, levantó ampolla. Sectores del Polo Democrático llegaron a considerar, incluso, que se trataba de un golpe de Estado parlamentario cuyo propósito era elegir a otro vicepresidente. Barreras no despejó del todo esta interpretación cuando señaló que si el parte médico era negativo, el Congreso podría elegir al suplente del jefe de Estado y que, en cualquier caso, el Legislativo se tomaría su tiempo para valorar el dictamen de la junta médica.

El jueves en la tarde, los presidentes de la Academia Nacional de Medicina, Fernando Sánchez; de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza y del Tribunal de Ética Médica, Francisco Pardo; tres peritos psiquiatras y dos médicos fueron al despacho del vicepresidente. Al final de la reunión, Sánchez dijo informalmente que el vice estaba “divinamente”. La verdad es que Garzón no se dejó hacer el examen con un argumento de tinte político, pero poco serio: “No permití exámenes detallados médicos, porque si yo hago eso, estaría poniendo en duda que el presidente Santos está ejerciendo el poder”. Y fue más lejos: “Admitir tal evaluación sería como prestarse para un golpe de Estado”.

Garzón, quien tiene limitaciones de motricidad, defendió el derecho de los discapacitados a ocupar cargos en el gobierno. “Soy consciente de que tengo una limitación motriz y que si el día de mañana no tengo la posibilidad de que con la rehabilitación se supere y quede con alguna discapacidad, esto no me impediría gobernar”. El novelón por cuenta de la salud del vice, sin embargo, no terminó. Y todavía hoy sigue siendo un enigma si está en capacidad de gobernar ante una eventual ausencia del mandatario. Lo que es indiscutible es que su caso se ha politizado. Mientras el expresidente Pastrana sostiene que en su opinión no está en condiciones para ejercer funciones presidenciales, los expresidentes Samper y Uribe lo defienden con el argumento de que es a él quien le corresponde, después de oír a sus médicos, tomar una decisión sobre si continúa o no. Pero curiosamente, aunque el debate esté politizado, no lo está en términos de oposición política a Angelino. Los que creen que su estado de salud debe ser definido por una junta médica lo hacen por convicción y no porque quieran tumbarlo. Quieren simplemente participar en un debate y aprovechar la pantalla que esto les da. Y los que rechazan la fórmula de la junta lo hacen no tanto por evitar un golpe de Estado sino por solidaridad humana.

No basta con publicar

En todo caso, que el vicepresidente pueda negarse a esa revisión médica refleja un vacío evidente en la normatividad colombiana. ¿Qué más justificación para conocer el estado de salud de Garzón que la gravedad de su condición que lo llevó hasta el coma y la convalecencia en la que hoy está el presidente Santos? El debate es más que pertinente y también la necesidad de buscarles salidas institucionales a estas situaciones.

La solución no es tan simple como pedir que se publique la historia clínica de los políticos. Exigir más transparencia no significa, sin embargo, que los expedientes médicos de los mandatarios deben ponerse rutinariamente a disposición del público, sino que cuando una enfermedad golpea a un mandatario, se debe suministrar la información precisa.

Además, hay consideraciones éticas que deben tenerse en cuenta. A los galenos los asiste un código que supone que la relación médico-paciente es confidencial. Una violación de ese pacto sería aceptable si es necesaria para proteger por razones de Estado. George Annas, un especialista en ética médica de la Universidad de Boston, ha escrito varios artículos en los que da cuenta de cómo se debe transmitir la información médica de los personajes públicos. Por ejemplo, considera que las clínicas pueden preparar un resumen escrito de la historia clínica del paciente, pero que este tiene el derecho de revisarlo y aprobarlo, obviamente sin hacer modificaciones. Una vez aprobado, un portavoz del hospital –no uno de los médicos tratantes, para evitar un posible conflicto de intereses– transmite la información a los periodistas. El objetivo es evitar que la información sea manipulada o censurada, pero a la vez respetar el derecho que le asiste al paciente por más de que sea personaje público. Si bien estas recomendaciones no son particularmente geniales sí ilustran que en el mundo se están creando códigos de conducta sobre la materia.

Colombia afortunadamente no se está quedando atrás. Una medida legislativa propuesta por el senador Juan Lozano, que está para tercer debate en la Cámara, podría definir la salida para que el manejo de la información sobre la salud de los gobernantes sea más transparente. El proyecto busca que el presidente, alcaldes, gobernadores y la cúpula de las Fuerzas Militares se sometan a un examen médico todos los años. Una junta médica precisaría si la persona está o no en condición de ejercer sus funciones. Y si los médicos sugieren que se retire del cargo, se activaría el mecanismo que corresponde para suplir la vacancia.

El resultado de este examen médico solo se haría público en caso de que el funcionario padezca enfermedades neurodegenerativas, desórdenes cognitivos, trastornos mentales o impedimentos físicos que de impidan cumplir su trabajo. Y para salvaguardar la intimidad del historial clínico no incluiría datos que no tengan relación con las enfermedades que generan el impedimento. La entrada en vigencia de esta norma y su desarrollo podrían precisar los protocolos médicos para especificar cuándo un funcionario está o no en capacidad de ejercer sus funciones. “El riesgo de no contar con un dictamen médico es que sucedan fenómenos de vacío de poder, usurpación de poder o gobiernos mal ejercidos”, explicó Lozano.

La iniciativa del senador apunta hacia la dirección correcta, aunque está todavía por definirse si la totalidad de los requisitos contenidos son necesarios. Un examen anual para el presidente, todos los gobernadores, todos los alcaldes, la cúpula de las fuerzas militares y hasta los superintendentes parece excesivo. Tal vez lo lógico es que ese examen solo tenga que ser obligatorio en el momento de asumir las funciones y de ahí en adelante solo si se presenta algún problema de salud. Tal vez a nivel de presidente de la república, la exigencia anual tenga algún sentido, pero creer que se puede aplicar en los 1.102 municipios que tiene el país no es práctico. Para comenzar en los municipios pequeños, los médicos son parte de la nómina de la Alcaldía. Aunque definitivamente la propuesta tiene que ser aterrizada como base de negociación constituye un aporte constructivo.

Por eso la actitud que ha tenido el presidente Santos marca una diferencia y ojalá siente un precedente que sigan otros funcionarios de ahora en adelante. Aunque no existe una ley que lo obligaba a hablar de su enfermedad, el primer mandatario con su discurso televisado neutralizó de una chismes y rumores que hubieran podido surgir de la falta de información detallada. Santos informó al país de su dolencia y definió un mecanismo para mantener enterados a los colombianos de su tratamiento: serían los médicos los que darían cuenta de su estado de salud. “He levantado cualquier reserva sobre mi historia clínica y el país estará informado permanentemente sobre el resultado de la cirugía y el proceso de mi recuperación”, dijo el mandatario. Y así se cumplió. Después de esa comunicación presidencial fue el equipo de galenos el que tomó la vocería.

Todo lo contrario a los rumores generados por las dos crisis de salud que enfrentó el alcalde de Bogotá y a la lamentable situación de ingobernabilidad que hoy aqueja a la ciudad de Cartagena por la enfermedad de Campo Elías Terán. El show mediático por cuenta de la visita de los médicos al vicepresidente Angelino se habría evitado si hubiera un protocolo claro sobre lo que se debe hacer en estas situaciones. El debate, no obstante, ha servido para dar cuenta de que la falta de transparencia en asuntos de salud tiene implicaciones institucionales. Lo increíble es que para llegar a esta conclusión se necesitó que el número uno, el número dos y el número tres de Colombia estuvieran simultáneamente en riesgo de tener que separarse momentáneamente de sus cargos por una consideración de salud.
 
PARTE MÉDICO
Estas son las enfermedades que han aquejado recientemente a los gobernantes.

Juan Manuel Santos
 
A comienzos de la semana pasada, el mandatario anunció que los médicos debían extirparle un cáncer de próstata. Esta es una enfermedad silenciosa y común entre los varones. Según las cuentas de los médicos, uno de cada seis hombres mayores de 45 años lo padece. Aunque cuando se detecta a tiempo, como ocurrió con el mandatario, la efectividad del tratamiento es mayor. Según los médicos que operaron al presidente Santos, la cirugía fue exitosa. Hasta ahora la información sobre su estado de salud ha sido conocida por los periodistas y el país. 
 
Gustavo Petro
 
Un caso que preocupó a los bogotanos fue el del alcalde de la capital, Gustavo Petro. En dos ocasiones el funcionario fue intervenido por cirujanos que le extrajeron sendos hematomas alojados en la vena subdural (cerca del cerebro). Al final, los médicos aclararon que la reincidencia del coágulo, después de un golpe, era normal en el 20 por ciento de los pacientes. El mandatario estuvo incapacitado diez días después de cada operación. En una entrevista con Kien&Ke, Petro reveló que al comienzo creyó que los coágulos se generaron por un golpe con una mesa de noche, pero después admitió que tiene un problema de circulación.
 
Campo Elías Terán
 
El alcalde de Cartagena padece un cáncer de pulmón, diagnóstico que confirmó hace menos de un mes. La semana pasada, después de 20 días en los que gobernó a distancia, reapareció públicamente antes de entrar a un tratamiento de quimioterapia.En ese caso, la información sobre su salud y sobre el tiempo que estará incapacitado no ha sido del todo clara. El periódico El Universal en su edición digital publicó una copia de una supuesta libreta de la campaña en la que aparece una cita con el Centro Radioncológico del Caribe, de julio de 2011. Esa sería la prueba de que el alcalde conocía de hace tiempo su enfermedad.
 
Julio César Guerra Tulena

Recientemente los sucreños han expresado preocupación por la salud mental del gobernador Julio César Guerra Tulena. El rumor de que el mandatario tiene alzhéimer es cada día más fuerte. Según varios conocedores de la política del departamento, ya no cuenta con la capacidad discursiva que lo caracterizó en el pasado. Y sus contradictores asocian sus salidas del departamento con chequeos médicos. Lo cierto es que no ha habido un parte médico que desmienta las suspicacias sobre su estado de salud y en consecuencia una supuesta usurpación de poder de sus allegados. 
 
Enfermos que gobernaron
 
El libro Aquellos enfermos que nos gobernaron (1978), del periodista Pierre Accoce y el médico Pierre Rentchnick, revela detalles sobre las enfermedades ocultas de algunos líderes de la humanidad. Los autores analizaron las historias médicas de los mandatarios de la época de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, con el fin de demostrar de qué manera las enfermedades que padecieron afectaron la geopolítica mundial.

Franklin D. Roosevelt, en 1945, al lado de Churchill y Stalin, participó de la cumbre de Yalta en la que se parceló el planeta y se definió un nuevo orden mundial. Padecía una arteriosclerosis que le impidió leer los documentos. Dos meses después falleció. Un certificado médico pudo haber cambiado la historia, pues en el ambiente quedó la duda de si Stalin se aprovechó de la enfermedad de Roosevelt para cambiar el rumbo del mundo.

Otro caso escandaloso fue el del presidente de Estados Unidos Thomas Woodrow Wilson, quien desde los 40 años padeció la misma enfermedad de Roosevelt. Un trombo le paralizó el lado derecho del cuerpo y lo dejó ciego del ojo izquierdo. A los 63 años sufrió un ataque cerebral grave, pero la señora Wilson se hizo cargo del país con un insólito argumento: había que evitar los efectos nocivos entre los norteamericanos y las repercusiones fatales sobre el mandatario. El país navegó sin capitán y no se dio cuenta.
 
Cuarenta años después de su fallecimiento se conoció que el presidente John F. Kennedy, además de haber padecido apendicitis e ictericia, durante su gestión gubernamental también tuvo la enfermedad de Addison. Los historiadores revelaron que el presidente estaba más enfermo de lo que se pensaba: tomaba ocho medicamentos diarios entre calmantes, somníferos y tratamientos hormonales.
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