En la prensa española se agitan los líos de las empresas de ese país en Colombia

Los últimos conflictos en los que se enfrentan compañías privadas con el Estado colombiano tienen como protagonistas a firmas españolas. Se trata de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa, a la que se suma el escándalo en el que se vio envuelto el Canal de Isabel II de Madrid, casa matriz de la Triple A de Barranquilla; así como los retrasos en las vías a cargo de la firma española Sacyr.

No es un secreto el malestar que ha causado, en un sector de la opinión nacional, la forma en la que desde España se han referido a Colombia en los medios de comunicación, mostrando un lado del problema que no coincide con la realidad. Han hablado de expropiación, inseguridad jurídica, falta de reglas del juego y ausencia de condiciones para invertir en el país, lo cual es exagerado y además distorsiona la realidad de cómo este ha tratado la inversión foránea.

Por ejemplo, el ministro de Economía de España, Luis de Guindos, aseguró que la liquidación de Electricaribe "no es la adecuada (...) creo que es importante para la propia Colombia la seguridad jurídica (...) no es tanto el hecho en sí mismo, sino que efectivamente un hecho específico te puede afectar a un valor intangible pero que es vital, especialmente para una economía en desarrollo, que es la credibilidad, la seguridad jurídica".

Precisamente este fue el tema del artículo publicado por SEMANA titulado Las empresas españolas que le incumplieron a Colombia. En respuesta a la publicación y en medio del debate la periodista española Salud Hernández-Mora escribió un artículo en el diario El Mundo presentando este intrincado panorama. El artículo se titula "Colombia arrecia sus críticas contra las empresas españolas”.

El asunto, que es de fondo, ha ocupado ciertamente la atención de la prensa y de los gobiernos, así como de los empresarios. Estos tres casos han abarcado la atención, sin embargo, hay que decir que son lunares entre las más de 300 empresas de capital ibérico están presentes en Colombia en todas las áreas. Precisamente en este sentido se pronunció Pablo Gómez de Olea, embajador de España en Colombia. En una entrevista concedida a El Tiempo se refirió a los tres casos y resaltó que existe una buena relación entre los países.

En el caso de Electricaribe el embajador aseguró que “el problema de la distribución eléctrica en la costa Caribe no es de la empresa prestataria del servicio, pues hay problemas estructurales que no se corregirán con el cambio de la empresa, sino mediante una reforma profunda”. Según el diplomático, se tienen que corregir tres aspectos de mutuo acuerdo entre Gas Natural Fenosa y el Gobierno para en evitar que todo se resuelva con el procedimiento arbitral que inició Gas Natural ante el tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas con el que quiere reclamar a Colombia más de 1.000 millones de euros por la liquidación de Electricaribe.

Los puntos son los mismos que había puesto sobre la mesa Gas Fenosa. Lo primero por corregir según Gómez de Olea es “el robo y el fraude”. A lo que se refiere es a que Gas Natural Fenosa sostiene que entre 2011 y 2015 invirtió en la región 255 millones de euros, cifra que había sido superior de no ser por los impagos y los fraudes que ascienden a 1.300 millones de euros (alrededor de 4 billones de pesos).

El segundo requerimiento va en el mismo sentido: los impagos de usuarios privados y organismos públicos. Esto se debe a que la multinacional ha dicho que en el Caribe hay una cultura de no pago, conexiones ilegales y entidades públicas que se niegan a pagar sus cuentas cobijados en fallos judiciales. El último es “una estructura tarifaria que impide un flujo normal de caja que asegure las necesarias inversiones para mejorar las redes y las infraestructuras”, explicó el embajador.

Sin embargo, lo que no se puede negar es que Electricaribe ha sido el dolor de cabeza de los usuarios, no en vano es la campeona en mal servicio en el país con un promedio de 96 horas de interrupción al año, según reveló recientemente la Superintendencia de Servicios Públicos.

Pero definitivamente, a los costeños no les ha ido bien con las multinacionales españolas. También se han quejado del servicio y las tarifas de agua, prestadas por Canal de Isabel II de Madrid, que a través de su filial Innasa extiende su operación en Santa Marta (Metroagua) y Barranquilla (Triple A).

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En el caso de la capital del Magdalena, hubo innumerables quejas por el mal servicio, que llegó al desbordamiento habitual de las aguas negras, asuntos que se agudizaron por la falta de inversiones de Metroagua en manos de la multinacional española. Como se estipuló en el contrato, esta última debía devolver, en abril de este año, la infraestructura al Distrito de Santa Marta. Sin embargo, esto fue motivo de una nueva controversia con la Alcaldía de la ciudad, que acusó a Innasa de querer perpetuarse con el contrato. Hace unas semanas un juez, al fallar una acción popular interpuesta por cerca de 250.000 ciudadanos, ordenó a la multinacional entregarle a la ciudad las redes de acueducto y alcantarillado, bases de datos y bienes inmuebles. La empresa amenazó con demandar, pero el proceso se frenó a raíz del reciente escándalo de corrupción que estalló en España con la empresa Canal de Isabel II.

Al respecto el embajador de España resaltó que en el caso Lezo lo que hay es un tema penal y que lo importante es que “por la madurez de la relación entre los dos países la cooperación judicial ha permitido que las fiscalías de los dos países formen equipos conjuntos para investigar ese caso de corrupción que afecta a varias personalidades políticas de España y ya veremos si pasa algo similar en Colombia”.

A este punto  también se refirió la periodista Hernández-Mora en su artículo. Asegura que los tentáculos del escándalo llegaron hasta Colombia y que ahora "podría continuar con la cancelación de contratos a Sacyr".

Precisamente, la firma Sacyr, una multinacional experta en concesiones tiene un lío en las 4G. La firma se ganó en 2015 el proyecto de rehabilitar, mejorar y operar el corredor 5, entre Puerta de Hierro-Palmar de Varela-Carreto-Cruz del Viso. Sacyr hizo la mejor oferta por los 196 kilómetros de la obra entre Sucre, Bolívar y Atlántico. Cuando se inició la preconstrucción, la compañía española alegó que necesitaba más dinero pues encontró 30 kilómetros de terrenos de arcilla expansiva que hacían inviable construir por el precio acordado.

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El interventor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estuvo en desacuerdo, pues sostuvo que Sacyr debió medir el impacto de ese terreno y evaluar sus costos. El director de la ANI, Luis Fernando Andrade, afirmó que no accedieron a la pretensión de Sacyr, pues prácticamente era doblar plata para hacer la misma obra. Acudieron entonces a la figura, estipulada en el contrato, de amigables componedores, para resolver de forma rápida el conflicto. Este le dio la razón a la ANI, pero, aunque la decisión es de obligatorio cumplimiento, Sacyr no la aceptó. Ahora comienza el proceso de caducidad. Para resolverlo, el embajador aseguró que “se está negociando con las autoridades colombianas para que la empresa española cumpla sus compromisos”.

Ante este panorama, la periodista Hernández-Mora advierte que "la marca España está en cuidados intensivos en Colombia y no parece que en la llamada Madre Patria se estén dando por enterados”. (Ver artículo)