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| Foto: Archivo Semana.

PROCESO

Contralora pide que se intervenga SaludCoop

Sandra Morelli advierte que las clínicas de la EPS se financian con dineros del Estado.

12 de marzo de 2014

La Corporación IPS SaludCoop, intervenida este martes por la Superintendencia de Salud, es objeto de una polémica entre ese ente de control y la Contraloría General de la República, que considera que dicha medida es completamente insuficiente.

Dicha Corporación, una empresa más del complejo entramado que es el grupo SaludCoop -que las autoridades todavía buscan desentrañar-, fue hasta hace poco titular de una serie de clínicas que terminan por prestar servicios a la EPS. Según los indicios hallados por las autoridades, su financiación sería ilegal, pues se hace directamente con los recursos del sistema de salud.

Sin embargo, para complicar más las cosas, dichas clínicas (IPS) ya no son propiedad de la Corporación -ni de la EPS-, sino de terceros que son objeto de investigación. De ahí el desacuerdo de la contralora general, Sandra Morelli, quien manifestó que el superintendente de Salud, Gustavo Morales, no informó junto con su decisión lo que había sucedido con esas IPS.

A pesar de esto, recalca Morelli, las clínicas continúan “financiándose con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que recibe SaludCoop”, es decir, con el dinero que el Estado le da a la EPS para financiar la salud de cada colombiano afiliado al sistema.

Como informó en su momento Semana.com, desde hace varios años SaludCoop empezó a trasladar sus clínicas a la Corporación IPS SaludCoop, pero –extrañamente- sin recibir un peso a cambio. Posteriormente, la Contraloría General reveló que estas instituciones se pagaron con recursos de la salud.

La posesión forzosa de los bienes y negocios para administrar la Corporación IPS Saludcoop se debió a las “fallas reiteradas en el cumplimiento de las normas” del sistema de salud, informó la Superintendencia. Entre las falencias están la ausencia de contratos, las inconsistencias financieras y de habilitación; la sobresaturación de los servicios, la cancelación de cirugías programadas, los tiempos prolongados para la atención de urgencias, entre otros.

“El superintendente de Salud no quiso intervenir todo el grupo y las relaciones entre las entidades que lo componen son tales, que la Corporación IPS recibe más del 95 % de sus ingresos, aproximadamente 600.000 millones al año, de la EPS. ¿Serán ‘películas distintas’ la EPS y la Corporación IPS, cómo afirma el Superintendente?", se cuestiona retóricamente la Contraloría.

El ente de control advierte, además, que Morales no hizo caso a la solicitud hecha por Morelli de intervenir todo el grupo SaludCoop, mas no a algunas de sus IPS, lo cual le quitaría oxígeno a las “relaciones” entre la Corporación y la EPS, mediante las que -aparentemente- se desvarían los dineros al bolsillo de Carlos Palacino, el cuestionado expresidente de la entidad y otros antiguos administradores.

“El superintendente de Salud no atendió nuestras advertencias de cobijar con la medida de intervención a todo el Grupo”, reitera. Además, la contralora recordó el fallo con el cual Palacino fue condenado a devolver al sistema 1,4 billones de pesos.

Según Morelli, un mes después de dicho fallo, Morales anuló el fallo y ordenó levantar los embargos.

“La ley indica las alternativas para preservar los recursos y proteger los derechos humanos. Estas discusiones, tratando de reinterpretar lo decidido, no son de buen recibo en la ciudadanía, confunden y no se compadecen con el adecuado cumplimiento de la Constitución y de ley”, concluyó.